La seguridad alimentaria y nutricional (SAN) es clave para el desarrollo humano y en esta materia Costa Rica tiene un importante camino por recorrer. En palabras sencillas, consiste en garantizar que todas las personas, en todo momento, tengan acceso a alimentos nutritivos para una vida activa y sana.
Esta condición depende de factores estructurales —la capacidad de producción e importación y la situación socioeconómica de los hogares, por citar dos ejemplos— y coyunturales. Recientemente, la pandemia por la covid-19, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, y problemas de disponibilidad y costo de granos básicos activaron alarmas sobre una posible crisis alimentaria. Ante ese escenario, ¿está Costa Rica preparada?
Pese a los acontecimientos mundiales que han amenazado la seguridad alimentaria desde el 2020, Costa Rica no muestra problemas inmediatos de disponibilidad, pero sí enfrenta importantes desafíos.
En primer lugar, aunque hay alimentos disponibles, los niveles de pobreza se acentuaron en los últimos años, lo cual limita el acceso para esas personas.
En el 2022, la proporción de hogares que no accedieron a la canasta básica alimentaria (medida de la línea de pobreza extrema calculada por el INEC en la Encuesta Nacional de Hogares) fue de un 6,4%, lo que equivale a aproximadamente 442.524 personas.
En segundo lugar, el país ha desarrollado desde los años noventa una profunda dependencia de las importaciones para su alimentación básica, fundamentalmente de granos como el arroz, frijol y maíz. Esto le hace vulnerable a situaciones internacionales (políticas, económicas o climáticas) que pueden afectar su disponibilidad. En el 2020, el 75% del consumo de calorías se cubrió a partir de las importaciones.
Escenarios posibles
Para abordar posibles escenarios de crisis alimentaria en el mundo (o al menos minimizar sus efectos), la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) formuló en el 2022 recomendaciones y medidas urgentes, entre las que sobresalen: i) apoyar la producción local de alimentos nutritivos; ii) fomentar políticas encaminadas a aumentar la productividad, la eficiencia, la resiliencia y la inclusividad de los sistemas agroalimentarios y; iii) otorgar apoyo financiero a las empresas agropecuarias, orientado principalmente a la agricultura familiar.
En Costa Rica no disponemos actualmente de las herramientas necesarias para implementar oportuna y efectivamente algunas de esas medidas. En el 2021 venció el plazo de vigencia de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 y su respectivo plan.
Además, el país no cuenta con instrumentos financieros consolidados para apoyar a las personas agricultoras, por ejemplo, ante el alza del precio de los agro-insumos en el 2022. Tampoco para promover seguros agropecuarios, que permitan minimizar las pérdidas de cultivos, proteger las inversiones o invertir en la infraestructura productiva. Todos elementos asociados a metas establecidas en políticas públicas nacionales o en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Sin información
Al mismo tiempo, se carece de un sistema de indicadores rigurosos y sistemáticos sobre el estado de la SAN, que genere alertas tempranas ante riesgos internos o externos. Aunque en el 2016 se creó el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinsan), no se encuentra activo, en especial por falta de recursos (económicos y humanos).
En suma, en el país no se dan algunas condiciones básicas para afrontar una posible crisis alimentaria, que pueda derivar tanto de factores externos como de un empeoramiento de los niveles de vida de su población.
En este escenario, resulta fundamental un debate transparente y participativo y una hoja de ruta para garantizar la SAN en todo momento a todas las personas. Para ello, se requiere definir las prioridades, información y capacidades necesarias, así como el vínculo con las apuestas, intereses y acciones de los sectores económicos involucrados en la producción agropecuaria.
Postergar esta discusión compromete el desarrollo físico y cognitivo adecuado de las personas, el desarrollo humano sostenible y la seguridad nacional de Costa Rica.
La autora es internacionalista e investigadora del Programa Estado de la Nación.
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