La renegociación de las convenciones colectivas podría encabezar la lista de propósitos fallidos de este gobierno, en tanto siga en la espiral de contradicciones en la que ha caído.
Por un lado, el presidente anunció que las convenciones colectivas, plagadas de privilegios, serían denunciadas para ajustar su contenido a la realidad nacional, pero, por el otro, cede ante una huelga desganada –que no es lo mismo que desconcentrada– y a petición de Patria Justa aceptó “revisar los planteamientos jurídicos” de la Dirección Jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), dando luz verde a la posibilidad de pactar nuevos acuerdos que mantengan, reduzcan o eliminen anteriores condiciones laborales.
Está claro que el pronunciamiento del MTSS puso de uñas al colectivo sindical porque arrasa con sus trasnochadas posiciones y superadas teorías, las que utilizan para eternizar beneficios obtenidos décadas atrás, en otros tiempos y otras circunstancias, cuando los privilegios parecían no tener más límite que el querido por los interesados.
El MTSS, ante la consulta sobre la vigencia de la convención colectiva de la Municipalidad de Montes de Oca, dio en el clavo del debate al reconocer que una de las características esenciales de este tipo de instrumento normativo es la flexibilidad para adaptarse a la realidad del entorno.
Precisamente, reconociendo ese dinamismo, los representantes sindicales del Banco de Costa Rica acordaron hace unos meses cambios en la convención y han generado un ahorro de ¢13.000 millones anuales. Un ejemplo del ejercicio responsable de la autonomía colectiva.
Un paso más allá. Pero tampoco hay que perderse en el entusiasmo, como sucedió con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Renegociar el contenido no significa solamente frenar la inclusión de nuevos privilegios, resulta importante también hacer modificaciones o recortes en aquellos beneficios que carezcan de utilidad y no pasen el filtro de razonabilidad, economía y eficiencia.
Recordemos el caso de Recope, que pagaba por ir a trabajar (bono de asistencia) al mismo tiempo que pagaba por quedarse en casa (bono vacacional); ambos rubros declarados inconstitucionales.
Hay normas con vigencia indefinida y con vigencia determinada; es precisamente a este segundo grupo al que pertenecen las convenciones colectivas, por lo que no se vale que, una vez formalizada la denuncia, se deje pasar el tiempo con el fin de prolongar los derechos sin una clara intención de negociar.
Lejos de lo que nos han hecho creer, una nueva convención colectiva no conlleva renuncia de derechos adquiridos porque las condiciones pactadas, desde el inicio, no tienen ánimo de permanencia. Lo que sucede es que hemos caído en un sistema que conserva los privilegios a pesar de que las condiciones que justificaban su reconocimiento hayan desaparecido, provocando un desequilibrio absoluto.
Lástima que el gobierno, por alcahuetear los caprichos de unos cuantos que buscan enquistar en los contratos de trabajo privilegios que son por naturaleza temporales, haya dejado pasar la oportunidad de defender con firmeza y sostener el pronunciamiento del MTSS como correspondía.
Haber solicitado la revisión genera dudas, y es una contradicción respecto a las órdenes giradas hace tan solo un año.
La autora es abogada.