Mientras nos aprestamos para celebrar el mes de la independencia, nos encontramos con que en Costa Rica se practica la peor forma de esclavitud. En efecto, a inicios de este mes, en La Fortuna de San Carlos y Chachagua, fue descubierto un nuevo caso de trata de personas con fines de explotación sexual.
Trece mujeres extranjeras fueron contratadas como meseras en bares y terminaron siendo retenidas como víctimas de una red de trata de personas.
Durante el operativo policial de Migración se hallaron menores, mujeres en estado de embarazo y madres con hijos que eran sometidas a ese vejamen. Se cree que los niños eran retenidos como mecanismo de presión para que sus progenitoras no escaparan.
Este no es un caso aislado, la situación en el país es de tal magnitud que en la reciente donación que nos hizo Estados Unidos se incluyó, además de equipo para la vigilancia y la seguridad de nuestras fronteras, valioso equipo biométrico para identificar personas y asesoría para enfrentar el crimen organizado y muy especialmente para combatir las redes de trata de personas.
Indolencia. Es lamentable, pero en los dos más recientes informes anuales sobre este tema se ha desnudado la indolencia con que las actuales autoridades han manejado este delito, por cierto el más lucrativo del crimen organizado después del tráfico internacional de drogas y las armas.
Incumplimiento de disposiciones internacionales que lo regulan y falta de compromiso nacional en la adopción de medidas complementarias fue lo que generó la desafortunada imagen que presenta Costa Rica en los informes emitidos por la Secretaría de Estado de Estados Unidos sobre la materia.
A pesar de que el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, había advertido en su informe de junio del 2014 la grave situación, nuestra ministra de la condición de la mujer y presidenta ejecutiva del Inamu revocó todos los recursos que la administración anterior había destinado para construir un albergue para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y sus hijos.
En el 2015, lejos de ampliar o mantener los esfuerzos de anteriores gobiernos, esta administración bajó la guardia al punto que Estados Unidos colocó a Costa Rica en la lista de países del nivel 2 de vigilancia.
En el 2016, por segundo año consecutivo, reaparecimos en esta desprestigiada lista, donde solo se encuentran los países cuyas acciones por combatir ese delito disminuyeron respecto al año anterior, ya sea por desatender compromisos, no cumplir medidas complementarias previamente adquiridas o no esforzarse en cumplir con las normas mínimas internacionales del Protocolo de Palermo del 2000 para la protección de víctimas de trata.
Angola, Botsuana, Turkmenistán y Ucrania son algunos de los países que se encuentran en condición similar a la que ahora tiene Costa Rica en esta materia.
Pérdida de ayuda. Si para el 2017 no cambiamos como país, descenderíamos automáticamente al nivel 3 y engrosaríamos la lista de naciones que no cumplen plenamente las normas mínimas citadas, ni hacen ningún esfuerzo por cumplirlas, perdiendo toda posibilidad de continuar recibiendo cooperación del gobierno norteamericano, a excepción de la de carácter humanitario. Así lo dice la Ley de Protección a las Víctimas de la Trata de Estados Unidos (TVPA), basada en el Protocolo de Trata de Personas que ya ratificó el país y que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Según el TVPA, un país que haya bajado al nivel 3 en esta materia pierde posibilidad de recibir ayuda de Estados Unidos.
Esperemos que en el 2017, en este país independiente, acabemos por siempre con este tipo de esclavitud.
El autor es abogado.