La decisión en días pasados de presentar una acción de inconstitucionalidad contra el trámite seguido por el Proyecto de Solidaridad Tributaria y su posterior acogida por parte de la Sala IV, ha llevado a algunas personas a preguntarse si existe un plan B que el Gobierno pueda utilizar, suponiendo la posibilidad de que fracase el intento original de hacer un ajuste en los impuestos de renta y el general de ventas. Pero ¿es posible pensar en un plan B?
Primeramente, hay que aclarar que el hecho de dejar atrás el 2011 y recibir el 2012 sin medidas suficientes para reducir nuestro déficit fiscal es algo que debe llamar fuertemente nuestra atención. El 2011 pudo terminar con un déficit de Gobierno central mayor o igual al observado en el 2010, por encima del 5% del PIB, situación que no se veía desde finales de los setenta y principios de los ochenta, en plena crisis de deuda externa.
Pero además, a falta de medidas de mitigación del problema, en un contexto de bajo crecimiento como el que nos espera en los próximos años y suponiendo un escenario conservador de tasas de interés, el déficit del Gobierno podría alcanzar el 8% del PIB en el 2016 y superar el 10% en el 2018. La evolución de la política fiscal durante los próximos años podría venir marcada por el crecimiento del gasto en intereses de la deuda, explicado por el crecimiento de la deuda del Gobierno central (que podría alcanzar el 50% del PIB en el 2016) y el aumento de las tasas de interés de la deuda pública.
Ajuste fiscal. Para evitar este lúgubre escenario futuro es fundamental realizar un ajuste fiscal que, basado en estimaciones preliminares conservadoras, debería ser al menos del 3,5% del PIB, en una combinación de medidas que podría componerse de aumento de impuestos, mejoras de gestión en la recaudación y recortes de gasto.
El 3,5% de ajuste permitiría que en el decenio que iniciamos se consienta un leve incremento de la deuda en relación al PIB, que hacia el final de la década se reduciría paulatinamente hasta alcanzar los niveles de deuda de hoy. Un ajuste menor al señalado implicaría un aumento de la deuda del Gobierno y del gasto en intereses, cuya tasa de crecimiento dependería de cuán lejos o cerca nos encontremos del ajuste requerido.
Si por “plan B” entendemos sacar de la ecuación la posibilidad de aumentar impuestos, debemos valorar seriamente la posibilidad de realizar el ajuste requerido, solo mejorando el cobro de impuestos o recortando gasto.
En caso de que el plan B fuese solo mejoras de gestión en la recaudación de impuestos estaríamos ante un escenario inédito en la historia de este país, así como en el ámbito internacional. La última vez que hubo un aumento importante en los ingresos tributarios sin que mediaran aumentos de impuestos fue en el período 2006-2008, cuando se combinaron una serie de factores que hoy no están ahí, como por ejemplo crecimientos del PIB por encima del 6%.
La mejora de gestión, con reformas legales que den más herramientas a la administración tributaria, podría aportar adicionalmente un 1% del PIB en ingresos; pensar en más es engañarse, sobre todo si pensamos en el corto plazo. La medida sería claramente insuficiente y no detendría el aumento del déficit fiscal y de la deuda pública.
Si el plan B fuese de recortes en el gasto público, podríamos estar induciendo una medida claramente regresiva, ya sea por la contracción del consumo que significaría el menor empleo público o por la menor formación bruta de capital debido a la reducción de la inversión pública, en un contexto ya de por sí complicado con bajo crecimiento mundial y expectativas futuras inciertas. Además, si el recorte de gasto no se hace en la medida requerida, lo que hoy se paga en salarios o se gasta en inversión pública podría utilizarse en los próximos años para pagar intereses, sin ninguna utilidad pública y con un efecto negativo en la distribución de la riqueza.
El ajuste del gasto, en caso de hacerse, debería ser del 3,5% del PIB, o al menos por el monto no cubierto por las mejoras en el cobro de impuestos, lo que desde el punto de vista político sería difícil de pensar y que no existe seguridad de que sea jurídicamente viable (considerando las obligaciones constitucionales de gasto). Un ajuste del gasto menor al requerido no contendría el aumento del gasto en intereses, el aumento del déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública en los próximos años.
Un eventual plan B no necesariamente sería una opción viable que resuelva nuestros problemas fiscales, pues las dificultades para ejecutarlo o la imposibilidad de aplicarlo no garantizarían su éxito.
Considerando los bajos ingresos públicos del Gobierno, producto de la recaudación de impuestos, en un país sin petróleo, sin metales preciosos y sin canal interoceánico, una solución apropiada y seria a nuestra situación fiscal no debe nunca abandonar la reforma de nuestra legislación tributaria y el aumento en los ingresos por impuestos. El plan B parece ser, entonces, volver al plan original.