El Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) y el INBioparque son un patrimonio de la nación, y se equivocan los detractores de esta entidad que están atacando la compra que realizó la Administración Chinchilla para salvar este patrimonio científico y natural.
Más de 1,5 millones de ticos han comenzado a bioalfabetizarse en el INBioparque, recorriendo sus representaciones de bosque, conociendo sus muestras de biodiversidad y admirando sus colecciones de insectos, plantas y hongos, entre otras atracciones. No hay un sustituto para la visita de campo y el INBioparque ofrece una experiencia única, en el mismo corazón del área metropolitana, a menos de 20 kilómetros del parque Central de San José. Tampoco hay algo como el INBioparque en toda Latinoamérica. Ahora también será la Escuela de Guardaparques, y se podrán usar sus aulas y auditorios para mejorar la formación de nuestros guardianes de la naturaleza.
Por si fuera poco, en las instalaciones adquiridas para el INBio se ubica la más grande colección de insectos, plantas y hongos de Latinoamérica. Este patrimonio natural de más de 3,5 millones de especímenes es ahora propiedad del Estado, y decidimos protegerlo honrando el compromiso adquirido con el mundo al aprobar la Convención de Diversidad Biológica desde 1994. No se hizo antes porque el Estado tiene muchas necesidades y al INBio le alcanzaban las donaciones y los cobros por entradas para dar este servicio.
El Gobierno no debe intervenir donde un servicio se está brindando bien, pues tiene suficientes retos para andar estatizando actividades. Sin embargo, en el momento en que cambiaron las condiciones financieras del INBio y este patrimonio se vio en peligro, decidimos actuar. No podíamos permitir que se pusiera en peligro la preservación de los especímenes que son valiosos en sí mismos, y más cuando están debidamente identificados, catalogados, registrados sistemáticamente con tecnología de código de barras y preservados en condiciones adecuadas de humedad, temperatura y cuido.
La operación del INBioparque es rentable operativamente y su labor de educación y “bioalfabetización” es una responsabilidad que el Estado tiene el deber de mantener. Los costarricenses debemos conocer nuestra biodiversidad. Más del 70% de los turistas vienen a nuestro país a ver nuestra biodiversidad. Para valorarla, tenemos que conocerla, y el INBioparque ofrece condiciones únicas para ello.
Comprar el cadáver. Un diputado del Frente Amplio, la hermana del presidente, Vivienne Solís Rivera, y sus socios en el Minae plantean que era más barato recoger el cadáver del INBio. Eso es un error conceptual: los ecologistas defendemos que una ballena vale más viva per se, y por su potencial en ecoturismo, que las libras de carne y aceite de su cuerpo muerto. Lo mismo es válido para el INBio, las colecciones de especies y el INBioparque. La señora Solís y asociados defienden una posición típica de izquierdas y antiempresa.
Nosotros preferimos proteger el patrimonio natural y científico del INBio antes de que fuera rematado. Preferimos estudiar otros usos como la Escuela de Guardaparques y mantener abierto el INBioparque al público, con el fin de bioalfabetizar a nuestros estudiantes y maestros.
Adicionalmente, parte de los 13 edificios que el Minae tiene en San José pasarán sus oficinas a las edificaciones aledañas al parque del INBio. Solo el Sinac paga ¢15 millones mensuales por sus cuatro sedes en San José, y trasladar estas oficinas a una sede propia en el INBio generaría un ahorro de ¢180 millones anuales, más la economía en recepcionistas de cada sede. Esto significa que la compra del INBio por ¢5.500 millones estaría pagada en 30 años, tan solo con el monto de alquiler que el Sinac dejaría de dar a otros para invertirlos en una sede propia y una Escuela para Guardaparques. Esto, sin contar los otros ingresos que las instalaciones y las colecciones del INBio le generarán al Estado, ni las economías en contratos de guardas, recepcionistas y misceláneos.
Pensando a largo plazo, presupuestamos recursos adicionales y se dejaron publicadas nuevas tarifas para parques nacionales que le producirían ¢3.000 millones anuales al Sinac para esos gastos, para más guardaparques y para combatir los incendios forestales. Sin embargo, esa decisión la ha pospuesto la Administración Solís y ahora no saben con qué captarán esos ingresos.
Proceso transparente. Yo fijé la política de comprar el INBio antes de que fuera rematado, que es la función de un ministro, mientras que el proceso administrativo le correspondió a otros, conforme a las leyes y normas existentes. La ejecución de la compra la lideró el Sinac con la debida aprobación de la Contraloría, y la Procuraduría realizó la compra final.
Fue una intervención de emergencia y lo que seguía era licitar “la curaduría de la colección”, una vez que estuviera a salvo de deterioro y en manos del Estado. Pero parece que la señora Solís Rivera intervino para que el Museo Nacional no reciba estas colecciones como ordena la ley. Solo espero que ella no esté usando su conocida ideología anti-INBio, sus diferencias personales con algunos funcionarios del INBio y el poder político del parentesco para entorpecer este proceso.
Les entregamos una empresa en marcha, una colección preservada y un INBioparque abierto. Ahora solo les toca pasar de la emergencia a la normalidad.