En este medio, el presidente, Carlos Alvarado, y el fundador del PAC, Ottón Solís, se pronunciaron a favor de un enfoque de la economía más estatista e intervencionista, ubicado a la izquierda del espectro ideológico, donde el Estado, no el ciudadano, se halla en el centro del quehacer político.
¿Cómo financiar las funciones del Estado en un país altamente endeudado? ¿Deberían reducirse los gastos en estricto apego a la regla fiscal y al calor de reformas estructurales, o, alternativamente, con nuevos tributos esgrimiendo la reiterada amenaza de caer de nuevo en una crisis?
Todos concordamos con una visión idílica del Estado: educación de buena calidad con conexión a Internet y equipos para todos, acceso a la vivienda, sostenibilidad de pensiones y del sistema de salud, lucha contra el crimen organizado y narcotráfico, capacitación para el empleo, esquemas de reducción de la informalidad y una infraestructura pública de buena calidad.
Pero la realidad es muy distinta. Las funciones que actualmente desempeña el Estado están muy lejos de ese ideal o de prestarse con eficacia y frugalidad. Más bien, algunas han sido abandonadas total o parcialmente, por lo que resulta difícil justificar más gravámenes por encima de los aprobados en la reforma fiscal del 2018 sin antes efectuar una revisión exhaustiva de los entes públicos mediante un riguroso estudio de costo-beneficio económico y social.
Financiar al sector público a ciegas, sin valorar qué hace bien o mal, responde a una ideología que no compartimos. Mantener al gobierno y a sus instituciones cuesta mucho a los costarricenses, sobre todo al sector productivo que es el que genera la gran mayoría de las fuentes de empleo, provee los bienes y servicios que consumimos y aporta los ingresos sanos mediante impuestos, tasas, tarifas y otras cargas ocultas que percibe el sector público. Costa Rica es un país muy caro y poco competitivo como para seguir encareciéndolo.
Es errado descartar «a priori» otras opciones más eficientes para mejorar las finanzas públicas y evitar la creciente expansión de la deuda acumulada que, según la Contraloría, llegará al 74 % en el 2022. Por ejemplo, se podría reactivar la producción y expandir el crecimiento potencial con medidas estructurales, renegociar más favorablemente la deuda pública —a ciertas entidades se les paga el 9 % de interés en dólares—, eliminar el proteccionismo que encarece el costo de vida, racionalizar las transferencias directas a entes desorganizados y dispendiosos y emprender la reforma sustancial del Estado tantas veces pospuesta por posiciones ideológicas y complacientes con grupos de interés.
Reclamar méritos porque el ajuste negociado con el FMI preserva intacto el tamaño y funciones del Estado, ignorar la apertura comercial y la Alianza del Pacífico, renegar de la liberalización económica y dar una rotunda negativa a considerar la venta de activos, aunque fuera consensuada, para amortizar la deuda pública y reducir la gravosa carga de intereses, los retrata de pies a cabeza.
Ufanarse cáusticamente por haber satisfecho «holgadamente» las metas de reducción de gastos, recaudación y el respectivo déficit fiscal para cumplir con la primera revisión del convenio con el FMI obligaría a preguntarse para qué quieren más impuestos si ya demostraron que pueden hacer recortes sin subir impuestos. Es imposible dejar de pensar que la velada intención es subirlos para aumentar el gasto en el futuro.
Las funciones esenciales del Estado se han descuidado o ignorado en los últimos años. La educación, la salud, la seguridad, la justicia y la inversión pública están muy lejos de ser óptimas.
La opinión pública aún tiene fresco en la memoria el controvertido «hueco fiscal»; también, cómo ignoraron las secuelas de los denominados casos del cemento chino y Cochinilla, las desviaciones de la regla fiscal, la huelgas ilegales en perjuicio de los estudiantes, el menosprecio a las libertades de tránsito y del trabajo individual; el abandono de la seguridad pública, los resultados deplorables en los exámenes PISA, el cierre de las puertas a la apertura comercial; mantener los monopolios y oligopolios en detrimento de los consumidores; el excesivo financiamiento al gobierno (directo e indirecto) del Banco Central con abundante liquidez y el uso discrecional de reservas para no hacer los ajustes requeridos en el gasto o el tipo de cambio y afectar la competitividad.
No creemos en dejar las puertas abiertas para incursionar en otras funciones del Estado, que ha sido el expediente usado para expandir atribuciones y aventuras productivas como Recope, el CNP, Conarroz y otras de ingrata memoria. O la creación de cientos de instituciones y esa disposición a practicar intervenciones estatales en la economía conducente al clientelismo político. Debemos proteger el ambiente, pero se puede hacer sin asfixiar al sector productivo con excesivas regulaciones.
Abogamos, en suma, por cerrar la brecha fiscal con menos gastos, mayor crecimiento de la economía que automáticamente generaría ingresos fiscales frescos al Estado para equilibrar sus finanzas sin acudir a mayor endeudamiento. Además, creemos en emprender reformas estructurales, incluidas la apertura comercial y la Alianza del Pacífico (tomando en cuenta las sensibilidades agrícolas acordadas), para mejorar la productividad y competitividad y lograr un mayor crecimiento real cuyas consecuencias económicas y sociales serían generar empleo, aumentar los ingresos de los empresarios y trabajadores y obtener una mejor distribución del ingreso.
Los autores Juan Carlos Hidalgo, Carlos Blanco, Norberto Zúñiga, Edgar Robles y Jorge Guardia son miembros del equipo económico de Lineth Saborío.