Como coordinadora del proceso de actualización normativa que el INVU impulsa desde junio del año anterior y en respuesta a una serie de pronunciamientos emitidos por algunos sectores, abiertamente en contra de la iniciativa, aclaro siguiente:
La Dirección de Urbanismo y Vivienda del INVU (DUV) (jerarquía técnica creada a partir de la nueva estructura organizacional aprobada a principios del 2014, antes de la toma de posesión de la actual administración) consciente de la necesidad de generar herramientas legales y modernas que le permitieran a los municipios controlar mejor su territorio, superar las disparidades en lo que respecta a servicios básicos y equipamientos y, sobre todo, con una clara consciencia de que el modelo de ocupación del territorio que promovía la actual normativa reglamentaria del INVU –de aplicación nacional– no respondía a los criterios de desarrollo sostenible que el país defiende, incluso a escala internacional– y conocedora, asimismo, del entrabamiento en el que estaba sumido el proceso de aprobación de los planes reguladores locales, se abocó a plantear una actualización de los reglamentos definidos en el artículo 21 de la Ley de Planificación Urbana, potestad establecida en el Transitorio II de la citada ley.
Al haberse aprobado la nueva estructura organizacional con posterioridad a la aprobación del presupuesto 2014, la DUV no tenía financiamiento para dar soporte económico a un proceso de consulta a escala nacional, pues para llevarla a cabo se requieren recursos financieros, logísticos y personal. Las actividades realizadas fueron posibles con al apoyo del IFAM y algunos técnicos municipales que gestionaron espacios.
Se conformaron comisiones temáticas –con profesionales especializados que aportaron su trabajo ad honórem– que definieron el marco general a partir del cual se llevaría acabo la redacción de las nuevas propuestas: objetivo general, misión, visión, ejes transversales, principios generales, así como el objetivo, visión, considerandos y ejes particulares de cada reglamento.
Dichas comisiones trabajaron de forma sistemática una vez por semana en las instalaciones del INVU y en la etapa más avanzada del proceso se llevaron a cabo reuniones adicionales organizadas por los coordinadores de cada comisión y se les asignó tareas a los integrantes para avanzar con los contenidos propuestos.
En este proceso de construcción enmarcado dentro de la fase previa a la redacción del articulado final, se invitó a participar a otras instituciones del Estado, la academia, el sector municipal, el CFIA, entre otros. Fue un proceso abierto para el cual se enviaron invitaciones que se encuentran documentadas.
Sin embargo, es entendible que la disponibilidad de horario y de tiempo y las múltiples obligaciones de las personas participantes no siempre permitieron una asistencia regular a las sesiones de trabajo, aspecto que, no obstante, no podía ser en lo absoluto una excusa para no continuar con el objetivo planteado, dado que se comprendía la necesidad urgente de contar con herramientas actualizadas para fortalecer la acción de los gobiernos locales en materia de ordenamiento territorial.
Asimismo, como parte del proceso de elaboración de los reglamentos, se decidió hacer un taller, primeramente, de expectativas con municipalidades, así como otro de consulta una vez definidos los postulados, estructura y principios a partir de los cuales se construirían y articularían los Reglamentos de Renovación Urbana, Fraccionamiento y Urbanizaciones y Construcciones.
Tanto del proceso de trabajo de las comisiones temáticas como del desarrollo de los talleres realizados en el proceso, existe suficiente respaldo documental que puede ser consultado en cualquier momento.
Debe hacerse énfasis también en que, adicionalmente a estos procesos de construcción interinstitucional y de acercamiento a las expectativas e inquietudes del sector municipal y privado, la Junta Directiva del INVU había acordado para ambos reglamentos (Renovación Urbana y Fraccionamiento y Urbanizaciones) remitir a consulta pública las propuestas en procura de un proceso más transparente y para contar con aportaciones de sectores y personas que, sin ser parte de los sectores con los que previamente hubo contacto, tuvieran interés de manifestar sus comentarios respecto al tema.
Es decir, que a pesar de las enormes limitaciones de recursos con que el INVU tuvo que trabajar y a pesar de las conocidas limitaciones de recurso humano que desde el año anterior y hasta este momento afectan de forma directa a la Dirección de Urbanismo y Vivienda, se logró plantear una propuesta concreta que permitiera contar con herramientas modernas, visionarias y ajustadas no solo a la realidad presente sino también a las demandas futuras de las distintas ciudades de nuestro país.
Cabe entonces preguntarse: si hay coincidencia en la necesidad creciente de atender las problemáticas urbanas que afectan el diario vivir de los costarricenses, si hay claridad en que el marco normativo actual no responde a las circunstancias territoriales actuales y más bien aumenta las fragilidades sobre las áreas más sensibles del territorio, si existen mecanismos técnicos y legales que facultan y obligan a una institución a definir los mecanismos y lineamientos requeridos para atender estas dinámicas territoriales, ¿cómo es que se bloquea de forma sistemática y recurrente todo esfuerzo por corregir estas desviaciones que tienen como único fin procurar una mejor ciudad para las personas que habitamos este país?
Considero que más allá de las diferencias que puedan existir en torno al reglamentario, lo que no es posible desconocer de ninguna forma es la inminente discusión sobre el modelo de desarrollo y de ciudad que Costa Rica requiere cada día con más urgencia.
Arq. Jessica Martínez Porras
Directora de Urbanismoy Vivienda del INVU