E l Instituto Costarricense sobre Droga (ICD), ante la serie de reportajes aparecidos en el periódico LaNación sobre la separación de su cargo del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por carecer de los requisitos académicos exigidos para el puesto, así como en torno a supuestas irregularidades en nombramientos de otros funcionarios y otras acciones referentes a la administración de recursos humanos en la institución, manifiesta a la opinión pública lo siguiente:
k1. En ningún momento el Instituto Costarricense sobre Drogas ha ocultado o cohonestado irregularidad alguna con respecto a nombramientos u otro tipo de anomalía en la administración de los recursos humanos de la institución. Antes bien, fue la propia Administración la que detectó la inexistencia de requisitos académicos para el ejercicio del cargo de jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, por parte del anterior titular de ese puesto.
k2. La Dirección General, siguiendo estricta y tajantemente las garantías del ordenamiento jurídico costarricense, solicitó el desarrollo de las investigaciones exigidas por la ley y ordenó, una vez constatada la existencia de mérito suficiente, los procedimientos para solventar los hechos detectados. Además de la gestión de despido del funcionario ante la Dirección General del Servicio Civil, se interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público ante la posible comisión de hechos delictivos en la utilización de documentación en apariencia falsa.
k3. Resulta especialmente grave y preocupante el evidente acceso que el periódico La Nación ha tenido a piezas del expediente personal del funcionario objeto de la investigación periodística. Documentos del mencionado expediente han sido publicados por ese matutino sin ningún reparo, viéndose afectadas las investigaciones tanto administrativas como penales en curso. El ámbito de intimidad, constitucionalmente protegido, del funcionario investigado, ha sido flagrantemente violentado.
Independientemente de los hechos que lleguen a determinarse y de la imposición de sanciones que los procesos determinen, no es constitucionalmente válido que información confidencial de un funcionario, público o privado, sea ventilada en la prensa, más aún cuando la culpabilidad o no del imputado se encuentra todavía bajo el escrutinio de un juez de la República.
Es precisamente la conciencia del carácter delictivo de la acción emprendida por la persona que extrajo los documentos absolutamente confidenciales del expediente y los puso en manos de la prensa, el motivo de la interposición de una “causa penal contra sujeto ignorado” que presentó ante el Ministerio Público la Dirección General del ICD.
k4. El Informe de la Auditoría Interna que cita este diario en sus artículos, confidencial por imperativo del artículo 6 de la Ley de Control Interno, aparece en la prensa sin haber sido conocido por el Consejo Directivo del ICD. La irresponsable exposición de información de documentos jurídicamente protegidos que “alguien” o “algunos” irresponsables han efectuado, riñe con la ética, pero, sobre todo, constituyen actos potencialmente delictivos.
Sobre el informe citado por La Nación , la Administración del ICD mantiene diferencias profundas con la Auditoría Interna, que serán de conocimiento del Consejo Directivo de la Institución. No obstante, con el objetivo de evidenciar la verdad de los hechos, todos los casos señalados como “hallazgos” en el informe ya han sido definitivamente analizados y los calificados como “nombramientos sin requisitos” cumplen con las exigencias reglamentarias, existiendo una serie de errores en las afirmaciones o apreciaciones que realiza la Auditoría Interna.
El resto de “hallazgos” que señala el Informe de la Auditoría Interna ya anticipadamente habían sido solventados por la Oficina de Recursos Humanos, gestionando la Administración del ICD la revisión, análisis legal y las soluciones que para cada hecho correspondía.
Así las cosas, la Dirección General del Instituto Costarricense sobre Drogas deja clara y enérgica constancia del apego al ordenamiento jurídico costarricense de todas y cada una de las actuaciones desarrolladas por la Administración de la institución, sin aceptar el que haya habido ni un ápice de duda en la toma de las contundentes decisiones adoptadas para repeler las anomalías.
Tratándose de ética y combate a la corrupción, el mayor de los pecados es no reaccionar ante aquellos hechos que puedan ser cuestionables. En el caso concreto se ha desarrollado un enfoque periodístico que pretende hacer escarnio de una institución proba que desde el momento mismo en que se detectaron actos inadecuados actuó prontamente y respetando todas y cada una de las premisas jurídicas constitucionalmente consagradas.