El sistema de empleo del sector público debe ser sometido a discusión por muchas razones. Hasta ahora, la mayor parte del debate lo ha motivado la delicada situación fiscal del país y, en particular, el fuerte incremento en los salarios otorgado a los empleados públicos en el 2009.
Fue un aumento que, además, no estuvo asociado a una mejor calidad de los servicios o a la eficiencia laboral.
El gasto y la ineficiencia son, sin embargo, síntomas de otro problema institucional y normativo: el desorden, la falta de control, la susceptibilidad a presiones de grupos y la ausencia de políticas orientadas a resultados, entre otros.
Otra manifestación de este gran problema es la injustificada desigualdad salarial entre personas que desempeñan las mismas funciones, sobre lo cual este diario ha publicado varios reportajes.
Esto tiene varios efectos negativos. Uno, algunos funcionarios reciben salarios excesivos e injustificados. Dos, si los salarios para los nuevos empleados no son suficientemente atractivos, el Estado es incapaz de reclutar al mejor capital humano. Tres, las desigualdades causan rotación y desmotivación del personal, lo cual no contribuye a un buen clima de trabajo ni a obtener el mejor desempeño de los servidores.
Una de las muestras de este conjunto de debilidades fue lo ocurrido en el 2008, cuando se intentó corregir la desigualdad salarial entre los profesionales del Poder Ejecutivo y el resto del sector público.
Por presiones de grupos e interpretaciones jurídicas, el alcance de la decisión se amplió para cobijar a todos los docentes y a los profesionales de otras instituciones, con las repercusiones negativas en el gasto que hoy conocemos.
El marco jurídico e institucional vigente fue propicio para desviar una decisión que, en principio, parecía justificada y de alcance financiero limitado.
En resumen, los efectos del mal diseño de nuestro sistema de empleo público son de naturaleza financiera, pero también de eficiencia y calidad de los servicios públicos, y de equidad del sistema salarial.
No es poca cosa, pues el Estado –por medio de sus funcionarios– participa en la vida cotidiana de los ciudadanos como proveedor de bienes y servicios (educación, salud, seguridad, infraestructura) así como regulador de las actividades de las personas y las empresas.
Oportunidad perdida. Los mensajes gubernamentales sobre el problema del empleo público han sido confusos y contradictorios.
El Gobierno, en definitiva, ha renunciado a ejercer su liderazgo al proponer la creación de una comisión para discutir la materia. Se desperdicia, así, la oportunidad que brindan dos importantes condiciones: una ciudadanía demandante de eficiencia y mejores servicios y la voluntad de ciertos sectores de abordar el problema.
Algunos diputados han insistido en la importancia de analizar el empleo público, e incluso han presentado proyectos de ley sobre la materia.
En la pasada administración, el ministro Edgar Ayales dejó un menú de posibles acciones como resultado de un diálogo. Por otra parte, el secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, reconoce que el régimen de empleo público es caótico y admite la necesidad de poner el tema sobre la mesa de discusión.
La reforma debe plantearse no solo en función del problema fiscal, sino también de la demanda de la sociedad costarricense por más eficiencia estatal y mejor calidad de los servicios.
Por ello, algunas acciones inmediatas se concentrarían en limitar privilegios y controlar las remuneraciones. Pero una visión a más largo plazo requeriría la creación de un órgano independiente para regular la materia de empleo, que cuente con una dirección y una administración cuyo nombramiento asegure la idoneidad de sus integrantes, y que cubra a todos los servidores públicos, a diferencia del Estatuto de Servicio Civil, que abarca una parte únicamente.
Edna Camacho es presidenta de la Academia de Centroamérica.