La economía es importante, importantísima, indispensable, pero un desarrollo que sea solo económico es un mal desarrollo, o sería mejor decir que no es desarrollo. Se trata de un crecimiento de la productividad y del producto interno bruto, condición necesaria, pero insuficiente, para el desarrollo humano integral.
El caso de México ejemplifica lo anterior. La economía de ese país, según una reciente clasificación del Fondo Monetario Internacional (FMI), es una de las más grandes del planeta –ocupa la decimoquinta posición–, pero en la sociedad mexicana la violencia es casi epidémica, la pobreza alcanza al 37,1% de la población y la indigencia, el 14,2% (Cepal: “Panorama social de América Latina”, 2013, cuadro 1, página 13).
Por otra parte, la fragilidad de las instituciones sociales y políticas sitúan a esa nación en vías de un estallido social y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha señalado rezagos considerables en la calidad educativa, esperanza de vida, ingresos y desigualdad. Claro, el potencial de crecimiento, productividad y bienestar que encierra México es inmenso, pero resulta imperativo reconocer que las mejoras en el subsistema económico no generan, per se , ni equidad, ni justicia: Lo muestra, con rasgos macabros, el estado de Guerrero, donde desaparecieron los estudiantes normalistas. Escribe Enrique Krause: “Guerrero es un estado rico en playas y recursos naturales (es el primer productor de oro en México), pero padece una honda marginación: el 70% de sus habitantes vive en la pobreza” (“La tragedia de México”, en La Nación del 30/11/2014, pág. 31A).
Unidad de lo diverso. El corolario de la situación mexicana es obvio, y se aplica casi a cualquier país, como es evidente, por ejemplo, en los casos de la región centroamericana, donde casi la mitad de la población vive en condiciones de pobreza; de América Latina, la región más desigual del mundo; o de Panamá, líder en crecimiento económico, pero, según el Banco Mundial, situada entre las 20 naciones con peor distribución de la riqueza.
¿Cuál es la conclusión de todo ello? El desarrollo humano integral requiere, de manera simultánea, una correlación entre variables económico-sociales, ético-culturales y jurídico-políticas, pues, de lo contrario, lo económico es un gigante con pies de barro. La simultaneidad y correlación armónica de variables pertenecientes a distintas esferas de la realidad responde al rasgo antropológico central de la condición humana: la persona es unitas multiplex (unidad de lo diverso) y, en consecuencia, se desenvuelve simultáneamente en lo económico-social, ético-cultural y jurídico-político, de modo que su evolución en sociedad debe responder a esa circunstancia, y no reducirse a un solo factor o variable.
Así, pues, ese es el punto de partida de la visión multidimensional del desarrollo, que aquí he denominado “desarrollo humano integral”. Reducir la pobreza, erradicar la pobreza extrema, disminuir la desigualdad, generalizar las oportunidades y expandir las clases sociales medias, todo es factible, pero se debe aprender a correlacionar variables en un enfoque multidimensional, y se debe solicitar a grupos de presión y de intereses creados mostrar en la práctica su voluntad de desprendimiento y fraternidad, no como obra de caridad, sino como una decisión de justicia.
Varias preguntas. Dentro del desarrollo humano integral, la cultura es mucho más que un instrumento para seducir turistas y contribuir al crecimiento del PIB, y ofrece identidad e identidades al desarrollo, tradición, innovación y cambio.
De ahí que, hace 30 años, Lawrence Harrison subrayara que la evolución social no es primariamente un fenómeno económico, sino cultural. El carácter cultural del desarrollo exige, pues, potenciar las dinámicas culturales en sus distintas raíces (indígenas, afrocaribeñas, europeas, asiáticas, etc.) y otorgar a los temas culturales una prioridad de la que hasta el momento no han gozado.
Al respecto, ciertas preguntas son inevitables. ¿Cuál es la calidad de la inversión económica en el sector institucional de la cultura y en las culturas? ¿Cómo se evalúa el impacto socio-económico de los recursos destinados a esos ámbitos? ¿Implica la descentralización cultural potenciar los niveles de autonomía de los movimientos culturales, o se convierten estos en consumidores de las ideas y servicios del Estado, es decir, de quienes circunstancialmente ejercen la autoridad formal en el Estado? ¿Qué correlaciones existen entre la acción estatal y los emprendimientos privados? ¿Se originan las políticas culturales en un amplio proceso de diálogo social transpartidario? ¿Qué capacidades técnicas y de conocimiento reúnen la institucionalidad cultural y los movimientos culturales, a fin de elaborar, fundamentar y defender una estrategia responsable de progresiva elevación de los recursos presupuestarios, correlacionada con otras variables económicas del país y del mundo? ¿Cómo insertar las expresiones locales, regionales y nacionales de las culturas en las dinámicas internacionales?
Nuevo paradigma. En directa relación con lo explicado al inicio de este artículo, y como introducción al diálogo sugerido en el ámbito cultural, conviene recordar que ciertos pensamientos económicos clásicos han subdividido el trabajo en productivo e improductivo, conceptuando como improductivas las labores distintas a las industriales, comerciales y agrícolas, tales como las ocupaciones propias de los creadores culturales.
Esta tesis, que condujo a la desvalorización del sector institucional de la cultura, de las culturas y también de la ética, no pudo ser evitada, a pesar de las reflexiones ético-culturales de Adam Smith en su Teoría de los sentimientos morales , de la crítica de Eugen von Böhm-Bawerk a la teoría económica clásica del valor, de la opinión de Marx sobre la autonomía del arte clásico griego respecto a la estructura económica esclavista ( Elementos de economía política ), y de los abundantes análisis de Joseph A. Schumpeter sobre variables no económicas, en su monumental obra Historia del análisis económico .
Si a lo dicho se agregan las investigaciones de estudiosos latinoamericanos que muestran la irreductibilidad de lo cultural a lo económico, se puede concluir que existe un nuevo paradigma sobre el desarrollo cultural que fundamenta la autonomía relativa de la cultura en relación con la infraestructura económica, pero que no implica irresponsabilidad fiscal, ni vivir en Jauja, ni gastar a manos llenas y sin controles de calidad y eficiencia.
Política cultural. Conviene reiterar, finalmente, que la gestión cultural no es monopolio del Gobierno ni del Estado. Cada persona, el sector cultural privado, los movimientos independientes, centros educativos, gobiernos municipales, institutos culturales, casas y centros de la cultura, industrias culturales y grupos artísticos cumplen funciones relevantes en los dinamismos de la cultura, y son sus generadores principales e insustituibles. De ahí que la política cultural no deba construirse en cubículos partidarios aislados, o desde las inefables reflexiones de la tecno-burocracia estatal.
Es necesario, por lo tanto, transformar al sector institucional de la cultura, y a las culturas, en uno de los núcleos cardinales de la sociedad costarricense, transpartidario y transversal al Estado y al Gobierno.