Ningún país puede prosperar a punta de ocurrencias. Lamentablemente, eso es todo lo que parece tener nuestro Gobierno en su morral: regular, prohibir, censurar, confiscar y encarcelar. Todo lo contrario de lo requerido para generar confianza, alentar la inversión privada, fomentar el crecimiento económico y disminuir el flagelo del desempleo.
El Gobierno no ha caído en la cuenta de que llevamos once meses seguidos de desaceleración, medida por el índice mensual de actividad económica, y que el desempleo abierto ya supera el 10% de la fuerza laboral. Cifra alarmante en sí misma, pero que no hace más que enmascarar la angustiosa realidad de que el 45,3% de quienes sí tienen empleo están en el sector informal.
En apenas doce meses, hemos visto al Gobierno querer regular las tarifas de los servicios administrativos de las universidades privadas, en vez de hace algo por mejorar la calidad de la educación superior, y cerrar la puerta a aumentar el tope de generación eléctrica privada, en momentos en que el costo de la energía se ha disparado y ha generado –al menos en parte– la salida de varias empresas.
Ha preferido nuestro Gobierno importar petróleo y contaminar el aire para producir electricidad con sello estatal, que permitir el crecimiento de la producción privada local que, por ley, solo puede provenir de fuentes limpias renovables.
También vimos al Gobierno aumentar el arancel del arroz y prohibir, para efectos prácticos, su importación, excepto por las cuotas que debió negociar con sus pares de Argentina y Uruguay para evitarse una demanda ante la Organización Mundial del Comercio.
Más recientemente, el Gobierno ha prohibido la importación de aguacate desde los principales países productores y desde aquellos que tradicionalmente nos han suplido la fruta, bajo el argumento de una difícilmente defendible protección fitosanitaria.
Según la entonces ministra de Agricultura, en el 2013 Costa Rica producía apenas el 10% de los aguacates que consume.
Más ocurrencias estatales. En días recientes, el INVU sometió a consulta –no muy pública, porque estas cosas es mejor manejarlas “de a callello”– una propuesta de Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones; una colección de ocurrencias que otorgaba a las municipalidades poderes confiscatorios discrecionales sobre las propiedades por desarrollar y autorizaba al INVU a inmiscuirse en el diseño de urbanizaciones y condominios privados. Todo lo cual representaba un atentado a los derechos de propiedad de los habitantes –los suyos y los míos–. Apenas salió a la luz pública, el Gobierno dio marcha atrás y retiró de consulta el disparate. La intención, sin embargo, no pasa inadvertida. Este documento no puede ser usado de base para futuras discusiones acerca del tipo de desarrollo urbano que el país requiere.
Tres en fila. En la actualidad hay tres proyectos en la corriente legislativa cuya aprobación traería nefastas consecuencias, y constituyen un atentado al Estado de derecho y a la división de poderes.
El expediente número 18.329 corresponde al rimbombásticamente titulado proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Gestión de Cobro de la Caja Costarricense de Seguro Social y Responsabilidad Nacional con la Seguridad Social. Este mamarracho presentado por el Gobierno “le confiera a la administración la potestad de realizar administrativamente las gestiones de cobro hasta el eventual embargo de los bienes en sede administrativa”. El proyecto además encarga a la CCSS el proceso completo de cobro, “desde las gestiones administrativas hasta las gestiones de embargo y remate de bienes”.
En otras palabras, si en un procedimiento administrativo en el que la Caja es juez y parte, ella decide que usted ha pagado menos de lo que debe, puede proceder a congelar sus bienes para luego venderlos al mejor postor. Todo sin la concurrencia de un juez. Si usted después eleva el caso a un tribunal de justicia y este le da la razón, ya para entonces no existirían su casa, su carro, el lote que heredó de su abuela o lo que sea que le hayan embargado. No hay reparación posible.
El proyecto de Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, expediente número 19.245, confiere similares potestades confiscatorias a la administración tributaria, también en sede administrativa, donde ella es juez y parte.
Peor aún, este adefesio legal elaborado por el Ministerio de Hacienda pone a responder solidariamente a “cónyuge, ascendientes y descendientes” del moroso, “hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad”. Dicho de otra forma, podrán llevarse el patrimonio de mis bisnietos por mis incumplimientos o el mío por los de ellos. Todo esto, por supuesto, sin la autorización de un juez o tribunal de justicia.
El tercer proyecto es el de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, expediente número 19.130, que recientemente discutiera con mayor detalle el Lic. Jorge Méndez en estas mismas páginas ( Foro, 20/5/2015). Este despropósito jurídico cancela el derecho de los patronos a recurrir legalmente los requerimientos de la Inspección General de Trabajo y cataloga como delito –punible con prisión para el patrono – la desobediencia a los inspectores del Ministerio. Para ponerlo en vernáculo, ante un requerimiento abusivo o injustificado de un inspector de trabajo, el patrono tendría dos derechos: quedarse callado y nada de caritas. Comparemos eso con los derechos que nos quitaría la reforma: el del ejercicio de la defensa y el del debido proceso.
Catálogo robusto. No podemos olvidar tampoco el intento fallido de la ley mordaza, que hubiera dado al Ejecutivo –nuevamente brincándose a los tribunales de justicia– la potestad de cerrar estaciones de radio o televisión cuyos contenidos el censor encontrara ofensivos, mentirosos o contrarios a la moral. Una fuerte arremetida contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa.
Este no es el final del catálogo de imprudencias de la administración Solís Rivera, pero sí el de este artículo por limitaciones de espacio.
El Gobierno de la República, en su evidente desprecio por los derechos de la ciudadanía, demuestra no tener interés en promover la inversión privada nacional. Por el contrario, se esfuerza en ahuyentarla generando incertidumbre y desconfianza.
La probabilidad de que estas ocurrencias resistan la menor prueba de constitucionalidad es ínfima, y por eso hay que agradecer que el Gobierno haya sido hasta ahora tan incompetente. En el proceso, sin embargo, se destruyen miles de empleos y se pierde mucha inversión. Justamente la que el país necesita para reactivar su economía y disminuir el desempleo. ¡Achará las oportunidades perdidas!
Eli Feinzaig es economista.