Costa Rica se ha proyectado en la última década como un país amigable con el ambiente, regido por el ecoturismo, en su mayoría, y que ha hecho ingentes esfuerzos para ser carbono neutral a mediano plazo.
El país forma parte de una gran cantidad de convenciones internacionales en favor de la protección del ambiente y, en general, ha adoptado medidas para plasmar su lucha en la legislación interna, principalmente mediante la reforma al artículo 50 de nuestra Constitución.
También contamos con una serie de leyes y reglamentos en esta materia. Pese a ello, el Estado aún queda debiendo en cuanto al tratamiento de la basura, particularmente la no tradicional.
En el 2010, fue promulgada la Ley para la Gestión Integral de Residuos, relacionada directamente con el principio “responsabilidad extendida del productor en gestión de residuos”, según el cual, quien produce residuos especiales, debe recogerlos.
Dicha ley se vislumbraba como la pomada canaria porque, según el texto, tiene por objetivo regular la gestión integral de los residuos y usar de forma eficiente los recursos, mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación.
La ley tiene ya cinco años de estar en vigor, pero continuamos a la espera de ver los resultados.
Triste panorama. Al caminar por cualquier parte del país, es usual observar lotes baldíos aterrados de basura. Debemos ser claros, tanto la Administración Pública y el gobierno local, como los ciudadanos tenemos nuestra cuota de responsabilidad.
Y ni qué decir de los famosos botaderos o vertederos municipales o clandestinos, donde se acumulan miles de toneladas de desechos sin recibir ningún tipo de tratamiento.
Esto sucede en los distintos cantones del país y, peor aún, sin que se vislumbre ninguna acción inmediata por parte del municipio correspondiente para sancionar al dueño del terreno descuidado y recolectar la basura.
La Sala Constitucional ha tenido que intervenir en protección del ciudadano, incluso ha dicho que los tratados ambientales internacionales son de aplicación directa.
Múltiples resoluciones y fallos pretenden orientar y conducir a los diferentes entes del Estado, principalmente, a los municipios, a proteger el ambiente y actuar, más esto ha sido insuficiente.
Quisiera ver en las elecciones municipales que se avecinan, postulantes que propongan planes de gobierno relacionados con políticas de cuidado del ambiente, que incluya construcciones de rellenos sanitarios en los que la basura, más allá de ser depositada, sea tratada, y políticas de reciclaje cantonal o distrital.
Sueño con ver el cambio de mentalidad de los habitantes del país, y que en lugar de tirar la basura donde no les incomode y no tengan que pagar (lotes baldíos), se planteen la política de reciclar, y para basura no tradicional, que busquen centros de acopio.
El cambio climático es un problema que se agrava aceleradamente; las leyes por sí solas no van a mitigarlo, se necesitan esfuerzos conjuntos del Estado y de cada uno de los ciudadanos para restaurar el equilibrio entre el ambiente y las actividades del ser humano, para que exista un desarrollo sostenible. Yo ya inicié el cambio, ¿y usted?
La autora es abogada.