En el contexto actual, los costarricenses debemos pensar en el futuro de Costa Rica, no en las próximas elecciones como hacen algunos políticos miopes. El tiempo es crítico y no debemos seguir posponiendo las acciones claves en el campo social y fiscal.
Nuestro presidente tiene por delante dos años más y son imperativos la sabiduría y su liderazgo para negociar con todos los partidos políticos y los actores sociales las decisiones que requiere el país.
Este esfuerzo va a exigir un trabajo perseverante, pues conlleva notables cambios y sacrificios para formar una sociedad más competitiva y justa. Costa Rica no puede sostener por más tiempo privilegios y despilfarro, tanto en el sector público como en el privado. Lo que debe prevalecer en nuestro horizonte es la solidaridad y la generación de más y mejor empleo.
Los líderes políticos deben sentarse a dialogar con sensatez para buscar acuerdos, como lo hacen todos los demócratas del mundo. Para avanzar hay que dejar de estar buscando culpables. Ya no tenemos tiempo, es inaplazable la decisión de corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde.
El presidente Solís, el PAC, el FA y todos los partidos de oposición deben negociar una agenda viable, fijar prioridades y no ceder ante las amenazas de los grupos de presión.
Falta diálogo. Es necesario tender puentes y dejar de lado el discurso fatalista e intimidatorio a fin de crear lazos de confianza e impulsar el diálogo, condición indispensable para que operen los cambios claves en nuestro modelo de desarrollo, en paz y con respeto de nuestros valores. En esta coyuntura, estamos obligados a ser pragmáticos y a dejar las posiciones extremas.
Está claro que el diálogo no se consigue en forma espontánea y automática, el gobierno debe catalizarlo, dando confianza. Los actores sociales y políticos deben, por su parte, actuar con transparencia y sin dogmatismos.
Lo he dicho en otras oportunidades y lo reitero ahora: hay que modificar nuestras instituciones para hacerlas más eficientes. Los desequilibrios fiscales y los problemas sociales así lo exigen, no debemos seguir alimentando el tamaño de un Estado ineficiente para tratar de solucionar el desempleo, esa no es la vía.
Problema fiscal. No cabe duda de que los problemas fiscales están en el campo de los ingresos y la estructura de los gastos, y que el sistema tributario es costoso y complejo. Muchos de los impuestos tienen más costo que beneficio. Se ha creado una cantidad importante de exoneraciones pero, lo más grave, es que vivimos en una sociedad donde los servicios son cada vez más importantes y no están gravados. El actual marco jurídico propicia la elusión y la evasión. Existen diferentes escalas de impuestos para personas jurídicas y físicas; el impuesto sobre la renta es celular e incompleto y se aplica distinto a sociedades inscritas en la bolsa, a asociaciones, a cooperativas y a sociedades comunes.
En resumen, podemos afirmar que nuestro sistema tributario es débil y requiere reformas puntuales. Pero si de algo estamos convencidos es de que no es viable aprobar nuevas cargas tributarias sin acciones en el gasto en todo el sector público.
Propuestas. Es indudable que si vamos a buscar soluciones lo primero que debemos hacer es ordenar la casa. Es necesario racionalizar el tamaño del Estado evaluando: cantidad de órganos adscritos a ministerios, instituciones autónomas, instituciones semiautónomas, empresas públicas y entes públicos no estatales.
Es incomprensible que un país de solo 4,6 millones de habitantes y 52.000 kilómetros cuadrados tenga más de 335 instituciones y 18 ministros. En contraste, Estados Unidos, con más de 320 millones de habitantes y 7,7 millones de kilómetros cuadrados, tiene menos de 600 instituciones y tan solo 15 secretarios de Estado.
Algo hemos hecho mal para haber creado un Estado tan complejo que imposibilita una gestión eficiente.
Definitivamente, no es con transferencia de más recursos al Gobierno Central y al resto del sector público que se controlará el gasto. Tomemos en serio el tema, se debe evaluar con objetividad el cierre de instituciones que no son estratégicas y analizar la venta de activos que no son utilizados. Paralelamente, debemos fusionar operaciones para reducir costos y lograr mayor competitividad.
Referente al empleo público y a la política salarial, iniciemos con reformar el régimen de Servicio Civil. Acciones urgentes son: aumentar el aporte de los pensionados, revisar los ajustes de pensiones estableciendo topes, crear una rectoría única en salarios del sector público, limitar los pagos por dedicación, eliminar anualidades, monitorear el gasto, limitar la cesantía, establecer reglas fiscales claras, regular las dietas en directivas, eliminar impuestos con destinos puntuales y buscar medidas para aprobar los presupuestos del sector descentralizado.
Es relevante tomar medidas que permitan equilibrios financieros y que los gastos no superen los ingresos, respetando los artículos 176 y 179 de la Constitución Política, tantas veces violados.
Incremento en el gasto. Los aumentos en los gastos del Gobierno se han distribuido así: 31% en remuneraciones, 37% en transferencias corrientes donde el 70% se asigna a salarios, un 18% en servicios de la deuda y tan solo un 13% en gastos de capital.
Es impresionante que el gobierno haya incrementado el gasto público en ¢940.000 millones en los dos últimos años, lo que significa un incremento de un 18,90% en un país que tuvo en el 2014 y el 2015 una inflación promedio de un 2,5% anual, lo que significa un 17,4% de incremento en términos reales.
Por eso no es válido que se diga que la actual administración no tiene nada de culpa de la situación fiscal y el incremento de la deuda pública.
La situación es explosiva y es culpa de la irresponsabilidad cometida en los últimos siete años. Es improcedente seguir hablando solo de los recortes de gastos en viajes y en otras partidas insignificantes o de que con mejor recaudación se nivelarán las finanzas públicas.
No es solo atacando la elusión y la evasión como se arreglará este entuerto. El problema es serio y ninguna reforma fiscal es viable sin un ajuste en todo el sector público y, en especial, en el Gobierno Central. El déficit sigue creciendo y es posible que supere el 6% del PIB en este año y que la deuda pública crezca a un 60% del PIB.
El autor es ingeniero.