Uno de los aspectos que usualmente es presentado como un logro del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) podría ser sumamente perjudicial en estos momentos para la imagen de institución financiera sólida por la cual se ha luchado durante décadas.
El Banco ha llevado la flexibilidad en el otorgamiento de créditos, apoyos técnicos y presupuestarios a extremos que, a juicio de funcionarios y exfuncionarios de la integración regional, ya está haciendo mella en una reputación que fue construida con muchos años de esfuerzo.
Sobre este mismo punto, una preocupación adicional ha sido expresada por muchas organizaciones de la sociedad civil, que cuestionan públicamente al BCIE por “oxigenar a regímenes autoritarios de la región”.
Recientemente, el BCIE se embarcó en el apoyo a proyectos como la implementación del bitcóin, el cual, además de su opacidad, enfrenta la disminución del valor de las inversiones realizadas por el gobierno de El Salvador en más del 50%, según Bloomberg, debido a la estrepitosa caída de esta criptomoneda.
Al respecto, cabe recalcar que dichas inversiones se hicieron con dinero de los contribuyentes, y todo dinero erogado por el Banco también de alguna manera le pertenece a la población centroamericana.
El gobierno de El Salvador anunció que podría utilizar unos $200 millones para comprar bonos de su propia deuda. Dichos recursos habían sido negociados originalmente con el BCIE para cubrir el gasto por los subsidios a los combustibles.
En adición, hay otros proyectos que aparecen como operaciones activas —en la página en internet del Banco— que dejan dudas sobre su contribución directa a los dos grandes objetivos: integración y desarrollo.
Por ejemplo, el apoyo presupuestario a la modernización y la construcción del edificio de la Fiscalía de un país miembro, cuya designación del titular es sumamente criticada por violar los procedimientos de ley establecidos. Otro ejemplo es el financiamiento de proyectos relacionados con estructuras de seguridad que han sido cuestionadas por irrespeto a los derechos humanos.
Por otra parte, el Banco tiene una cartera de cuentas por cobrar de unos $8.000 millones (ajustados según los parámetros internacionales aplicables) y algunos de sus miembros enfrentan una situación financiera frágil, como en el caso de la calificación del riesgo país de Nicaragua (B-) y El Salvador (CCC) según Fitch Rating, lo cual incide directamente en la manera como inversionistas, cooperantes y otros bancos perciben al BCIE; por tanto, el Banco tiene un gran desafío con miras a mantener su imagen de entidad sólida y confiable.
El Banco aún está a tiempo de revisar y corregir aquellos aspectos que tiene bajo su control —como el tipo y sostenibilidad de los préstamos y apoyos que otorga—, de lo contrario, estaría echando por la borda muchos años de esfuerzo y sacrifico, y, al mismo tiempo, afectaría negativamente a una región con muchas falencias.
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El autor es excanciller de El Salvador y ex secretario general del SICA.