Al anular un veto presidencial decretado hace seis años por el presidente trasanterior, don Luis Guillermo Solís creó un precedente funesto que atenta contra la autonomía del régimen municipal, irrespeta una orden sanitaria y se burla de los innumerables fallos de los Tribunales de Justicia, que siempre se han pronunciado para reafirmar la inalienabilidad de una calle propiedad de la Municipalidad de San José.
Desconocemos los compromisos de don Luis Guillermo con los ocupante de calle 13, pero el beneficio que obtendrán 90 empresarios privados no justifica el daño al régimen de derecho, la incertidumbre de las instituciones ni el retroceso para el desarrollo de la ciudad que supone la extraña victoria de un reducido grupo decidido a adueñarse a la brava de una calle propiedad de todos los josefinos.
Incongruencias. Es paradójico que uno de los principios fundamentales del Partido Acción Ciudadana es el fortalecimiento de los gobiernos locales; otro, la defensa del patrimonio público. No obstante, a las primeras de cambio, el presidente de la República se encarga personalmente de intimidar con su poder a una municipalidad para hacerla desistir del cumplimiento de fallos judiciales, órdenes sanitarias y sobre todo del principio constitucional que la hace máxima apoderada de los intereses y patrimonio de los ciudadanos de su cantón. Desprecia el señor presidente el esfuerzo hecho por la Municipalidad de San José para albergar y proteger por dos décadas a los artesanos, la cuidadosa preparación de un espacio alternativo que costó más de mil millones de colones, donde serían trasladados los empresarios, y la planificación y preparación de un plan de acompañamiento a ese traslado.
Contradice también el señor presidente a su ministro de Transportes, quien ha ofrecido ordenar a toda costa la maltrecha vialidad del país, pues resulta que la calle 13 bis es importante para desahogar el tráfico de esa zona de la ciudad.
Menosprecia don Luis Guillermo el maravilloso Museo de Jade recién inaugurado en esa calle, diseñado para armonizar con el Museo Nacional y la plaza de la Democracia, parque donde, por cierto, la municipalidad de San José también invirtió más de 20 millones de colones. Todo ese conjunto arquitectónico, uno de los patrimonios más valiosos de San José, se ve afectado por la incongruente presencia de las improvisadas tiendas protegidas de don Luis Guillermo.
Incertidumbre. No obstante, todo lo anterior podría ser un catarro pasajero, las fiebres de un gobierno bisoño en su momento de arranque.
Más grave es el hecho de jugar con el orden jurídico del país anulando vetos de un gobierno del pasado. Inmediatamente se ejercerán sobre el Gobierno presiones para anular otros vetos pretéritos, un proceso que podría no tener fin y así nos llevaría al absurdo de querer corregir hasta los actos del gobierno de Rafael Yglesias.
Nada podría causar mayor incertidumbre jurídica.
Confiamos en que este vendaval que don Luis Guillermo ha desatado contra las instituciones, el ordenamiento jurídico y los gobiernos locales no sea el presagio de un gobierno de ocurrencias. Por mal camino andaríamos si don Luis Guillermo se nos desbarranca en el despeñadero populista y nos manda al guindo donde yacen las naciones hermanas afectadas por esa enfermedad endémica de la democracia latinoamericana.