En Costa Rica, a pesar de las buenas intenciones anunciadas en abril bajo el nombre de Plan Costa Rica Segura y Costa Rica Segura Plus, continúan los enfoques obsoletos, punitivos y represivos policiales y penales que dejan mucho que desear y no atienden las causas estructurales de la criminalidad.
Desde hace más de una década existe consenso en América Latina de que sin seguridad y sin justicia no es posible el progreso económico, ni el desarrollo sostenible ni sociedades incluyentes.
La violencia y el delito perjudica a los gobiernos, las sociedades y los individuos, afectan la economía, rompen el bienestar social, impiden el respeto de los derechos y destruyen proyectos de vida personales y comunales.
Como ha indicado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se reconocen las limitaciones del sistema tradicional policial y el de justicia criminal para prevenir y hacer frente a los problemas relacionados con la violencia y la delincuencia, por ser fundamentalmente reactivos y actuar cuando los derechos han sido vulnerados.
Según el Programa para la Cohesión Social en América Latina de la Unión Europea (Eurosocial), gran parte de la etiología de los comportamientos desviados de los individuos y la ruptura del tejido social se debe a problemas estructurales. Tales causas están vinculadas con el rezago educativo y el poco acceso a servicios de alimentación y salud, los ambientes comunitarios conflictivos, la migración en situaciones de precariedad, la deficiente calidad de la vivienda y de la infraestructura básica e insuficientes oportunidades de empleo, cultura y sana recreación.
Lo anterior debe ser resuelto por medio de políticas públicas diseñadas por entidades de gobierno responsables de impulsar la convivencia pacífica y el desarrollo humano sostenible.
La exclusiva actuación represiva policial, de fiscales y juzgados no es la mejor forma de construir comunidades seguras, afirma la Eurosocial. El reto demanda la incorporación de actores y programas responsables de la política social con una perspectiva de seguridad ciudadana y prevención integral.
Aquí se utiliza el concepto seguridad ciudadana, que reconoce la multicausalidad y multidimensionalidad de la violencia y el crimen y presupone que el abordaje de estas problemáticas debe ser integral, con énfasis en los enfoques preventivos.
Ello, debido al fracaso sistemático de las políticas policiales represivas y al incremento creciente de la violencia y la criminalidad, que ponen en evidencia la incapacidad de los Estados para controlar estos fenómenos y la ausencia de políticas integrales dirigidas a prevenirlos y contenerlos. Es, por tanto, necesario reformar las instituciones del sector para hacerlas eficientes.
Se trata de promover el paradigma de la seguridad ciudadana cuyo objetivo es consolidar una concepción de la seguridad pública más democrática e integral, privilegiando la prevención, la participación de la sociedad, la policía de proximidad o local y el respeto de los derechos humanos.
Este paradigma se concreta a través de tres dimensiones: la primera prioriza la condición de vivir libre de amenazas de la violencia y el crimen; la segunda, la persona y su bienestar son el centro de la toma de decisiones para garantizar la primera dimensión; y, la tercera, las personas y las comunidades pasan a ser sujetos activos de las políticas de seguridad y prevención como coproductores, con lo cual el ser humano se coloca en el centro de toda estrategia de prevención y seguridad ciudadana, y se convierte en un vínculo ineludible entre la racionalidad de la prevención y el fundamento de los derechos humanos en la democracia.
Como afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la seguridad ciudadana es concebida como aquella situación donde las personas viven libres de las amenazas originadas por la violencia y el delito, y el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger el goce pleno de los derechos humanos.
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La autora es internacionalista.