La declaración Por la construcción de un Estado Abierto, que suscribimos los presidentes de los supremos poderes, durante nuestra reciente reunión en la Asamblea Legislativa, representa un hito histórico en la tarea de promover una política de apertura, transparencia, rendición de cuentas, mayor participación ciudadana y utilización de las nuevas tecnologías para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información.
Todos los poderes nos comprometimos a construir un plan de acciones prioritarias con ese propósito, que deben incorporarse a los planes estratégicos institucionales, y cuyo cumplimiento será evaluado anualmente.
Los costarricenses contamos con un marco jurídico robusto que garantiza el principio de publicidad y el acceso a la información de interés público, a los proyectos de ley desde su presentación y la participación de diferentes sectores en la construcción de la ley. Pero hoy eso ya no es suficiente, la sociedad demanda avanzar hacia un Estado abierto.
Esta legítima aspiración responde, además, a una cultura mundial a favor de la participación activa en la construcción y dirección de las decisiones.
Un reflejo de este movimiento lo encontramos en los procesos liderados desde el 2012 en Opening Parliament, donde organizaciones de monitoreo legislativo, organizaciones civiles y Parlamentos colaboran y comparten buenas prácticas de apertura legislativa.
Dentro de este contexto, en abril pasado, los legisladores de seis fracciones de oposición nos comprometimos a recuperar la confianza, elevar el debate y a profundizar el análisis de las leyes, e invitamos a todos los ciudadanos a trabajar al lado de nosotros en la construcción de un Parlamento más eficiente.
Para lograr este compromiso, la apertura del Congreso se convierte en una obligación política, y por ello el Directorio legislativo 2015-2016 ha impulsado una línea de trabajo para “promover un Congreso más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía”, de manera tal que se habiliten espacios de intercambio, acercamiento e interactividad.
Como parte de este ámbito de trabajo conjunto se aprobó la reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa que impulsé para establecer el voto electrónico, el cual permitirá, a corto plazo, elevados grados de transparencia y rendición de cuentas por parte del legislador.
Transparencia. El compromiso del Directorio legislativo está claro, y por ello, se acogió en todos sus extremos y se apoyó la divulgación de los resultados del informe del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, cuyos datos reflejan los aciertos históricos y las áreas de mejora de nuestro Parlamento.
Y en ese contexto, también suscribí la Declaración de Santiago sobre Transparencia e Integridad en los Parlamentos y Partidos Políticos, el pasado agosto, para impulsar los valores concernientes a la probidad y a la transparencia en el ejercicio de la función parlamentaria y dentro del sistema de partidos políticos.
El Parlamento ha logrado hoy importantes avances con la firma de un acuerdo de compromisos de promoción de la apertura legislativa con el grupo Alianza para una Asamblea Abierta y la puesta en práctica del Plan de Acciones Prioritarias de Apertura Legislativa, el cual establece metas claras, indicadores de avance y de cumplimiento, los plazos y los responsables de su ejecución.
Nuestro trabajo por una Asamblea abierta apenas se inicia, pero estamos seguros de que los pasos dados van en el camino correcto, al trabajar en colaboración y corresponsabilidad con la sociedad civil en las acciones y políticas de apertura y transparencia.
Con las medidas concretas del Poder Legislativo, más las acciones de los otros poderes de la República, estamos avanzando de modo sistemático, junto con organizaciones de la sociedad civil, en la construcción de un Estado más abierto y transparente, como merecen y anhelan los costarricenses.
El autor es presidente de la Asamblea Legislativa.