Haití está al borde del colapso. Los grupos criminales controlan casi toda la capital, Puerto Príncipe, y su zona metropolitana. Más de 1.500 personas han sido asesinadas en lo que va del año y miles de mujeres y niñas han sufrido violencia sexual. La situación humanitaria es catastrófica.
La Comunidad del Caribe (Caricom) lidera los esfuerzos por establecer un gobierno de transición en reemplazo del primer ministro Ariel Henry, quien está fuera del país, y preparar el camino hacia unas elecciones. Mientras tanto, tristemente, los gobiernos latinoamericanos muestran poco liderazgo para ayudar a solucionar la crisis.
Ecuador, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, está de acuerdo con formar una misión multinacional de apoyo a la seguridad, que hasta ahora no se ha concretado. Algunos gobiernos, como Brasil y México, han recordado su apoyo histórico a Haití y sus esfuerzos por dar asilo. Otros, como Argentina, Chile y Uruguay, apenas se han pronunciado.
Todos votaron a favor de una reciente resolución de la OEA sobre Haití, pero los gobiernos latinoamericanos, a los que les gusta hablar de solidaridad regional, deberían hacer mucho más.
Primero, es crucial que llamen al Consejo de Seguridad a cumplir con su promesa de ayudar a proteger a los haitianos. La situación es tan brutal que, a pesar de los fracasos y abusos de intervenciones anteriores, muchos haitianos piden a gritos ayuda internacional que permita restablecer unas mínimas condiciones de seguridad.
Los gobiernos latinoamericanos deberían ofrecer participar y ayudar a financiar la misión autorizada para que pueda operar con las salvaguardas necesarias a fin de asegurar el respeto por los derechos humanos.
También, deberían exigir que se respete el embargo de armas establecido por el Consejo de Seguridad. Haití y la República Dominicana no producen armas. Según un estudio reciente de la ONU, la mayoría de ellas llegan de Estados Unidos.
En segundo lugar, deberían apoyar los esfuerzos haitianos para establecer un gobierno de transición y asegurar que sus miembros no tengan vínculos con grupos criminales o sus patrocinadores.
Además, es urgente que ofrezcan apoyo a las organizaciones humanitarias de base e internacionales que operan en el país. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha alertado que su financiación en Haití se está agotando y que el país se encuentra “al borde de una devastadora crisis de hambre”.
Del mismo modo, deberían ofrecer su apoyo para formar un equipo especializado de fiscales, jueces e investigadores enfocado en asegurar justicia por los delitos más graves cometidos por grupos criminales y los políticos y empresarios que los apoyan.
Los gobiernos latinoamericanos deberían redoblar sus esfuerzos para dar asilo u otras formas de protección internacional a quienes huyen de la isla. La situación en Haití es de tal gravedad que devolver a una persona al país constituye una violación del derecho internacional. Pero la República Dominicana, que expulsa a miles de haitianos mensualmente, no debería tener que enfrentar este desafío sola.
Como Brasil en el pasado, los gobiernos de la región deberían promover opciones legales para que los haitianos reciban protección internacional o permisos de residencia y trabajo. Una vía es otorgarles un régimen de protección temporal que les facilite permanecer legalmente en cada país de la región, por lo menos durante un plazo razonable.
La crisis en Haití pone a prueba la solidaridad latinoamericana. No podemos quedarnos de brazos cruzados.
La autora es directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.