El OIJ es el órgano encargado de la investigación criminal, con el respaldo técnico-científico de medicina legal y los laboratorios de ciencias forenses. Cuenta con una unidad de entrenamiento para la formación y el aprendizaje continuos del personal, ajustada a las competencias que requiere la institución y de acuerdo con los retos de la administración de justicia.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolló diversas estrategias programáticas para combatir las variadas formas de criminalidad, basadas en normas de conducta, prevención, supervisión, control interno, sanciones, educación y sensibilización.
Pudo cimentar una reputación envidiable en el ámbito nacional e internacional gracias a su dedicación y profesionalismo, y a la colaboración con otras agencias de investigación globales, y se ha caracterizado por su innovación, versatilidad y adaptación a las nuevas formas de delincuencia, ofreciendo así un servicio policial investigativo de calidad y confianza a la ciudadanía costarricense.
Por medio de fuertes, valientes y certeros operativos trata de recoger —científicamente— pruebas que sirvan de fundamento en el debate jurídico y la aplicación de la pena contra los criminales que entrega a las autoridades jurisdiccionales.
Desde su nacimiento, la institución es objeto de controversia. Primero, con el veto presidencial al proyecto de creación y, luego, por aspectos presupuestarios, además de desacreditaciones por parte de personas o grupos con intereses oscuros, por lo cual ha tenido que enfrentarse a políticos de turno que han tratado, a lo largo de medio siglo, socavar sus cimientos negándole los recursos necesarios para su funcionamiento.
El personal operativo sufre la escasez; sin embargo, como héroes anónimos, para cumplir con sus obligaciones de resguardo de nuestra seguridad, me cuentan que hacen rifas entre ellos para comprar utensilios indispensables que no se les suministra.
A pesar de las múltiples peripecias, el OIJ sigue dando fuertes golpes al hampa, sin miramientos, en procura de restablecer la paz, la tranquilidad y la confianza a los ciudadanos.
Debido a la falta de contención del crimen —obligación del Poder Ejecutivo por mandato constitucional— al 17 de noviembre se registraron 807 homicidios. Un alza respecto al año pasado de 253 asesinatos.
El mayor aumento se dio en las provincias de Limón y San José: 197 en la primera y 194, en la segunda. En 10 meses y medio, la tasa es 15,3 por cada 100.000 habitantes, es decir, un 2,7 más con respecto al 2022.
El presidente, Rodrigo Chaves, afirmó que del 1.° de enero al 31 de diciembre de este año era su responsabilidad. Esperemos que responda al desmedido incremento con acciones el año próximo.
El impresionante acrecentamiento del crimen, nunca registrado en nuestra historia, recarga de trabajo a la Policía Judicial, a causa de homicidios, robos, hurtos y otros, según estadísticas que demuestran el incremento en cantidad y peligrosidad.
El trabajo legislativo sacó al OIJ de la regla fiscal, lo exoneró del pago del IVA y aprobó más presupuesto para el combate de la delincuencia.
Los ciudadanos debemos apoyar las acciones que se tomen en procura de la detención y condena de quienes se dedican a actos ilícitos, y no descuidar la entrega de los recursos necesarios a las autoridades para que puedan cumplir con sus obligaciones.
El autor fue director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).