El sistema público, desde el preescolar hasta la secundaria, atraviesa una etapa de oscuridad caracterizada por la improvisación y la falta de una ruta definida.
Los grandes planes educativos para el siglo XXI fueron objeto de manipulación política y su consecuencia inmediata es el descrédito de la profesión docente.
La sociedad invierte una cantidad significativa de dinero en educación y está en camino de destinar el 8 % del producto interno bruto a nuestro ejército de estudiantes y educadores.
Sin un rumbo educativo claro, será imposible que los recursos se traduzcan en mejoras para docentes y estudiantes.
Según el Informe Estado de la Educación 2023, los salarios brutos de los docentes han disminuido desde el 2016, y de manera más significativa desde el 2020. En términos absolutos, el salario bruto promedio bajó de poco más de ¢1 millón a ¢800.000 mensuales.
Una explicación puede ser el incremento de plazas, lo cual, con menos estudiantes, muestra una dispersión que distribuye pobreza a un gremio golpeado por múltiples factores internos y externos. Más personal docente, pero con salarios menores, implica cantidad, mas no calidad educativa.
El malestar docente alcanza niveles máximos en este siglo. La ausencia de una nutrida agenda educativa se traduce en directrices y decisiones carentes de sustento técnico y sentido común, muy alejadas de la realidad de las escuelas y los colegios. Además, prevalece la incertidumbre entre los educadores interinos, minando la salud mental de los miles que sufren los perjuicios de un sistema de nombramientos anacrónico y reduciendo el desempeño en la docencia.
En octubre de cada año, comienza la angustia para maestros y profesores que no saben de inmediato cuál será su futuro laboral. Las grandes decisiones, tales como un reordenamiento geográfico de la oferta en primaria, cambios en las modalidades de enseñanza secundaria, la promoción de alianzas público-privadas y otras de gran envergadura, continúan sin ser tomadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Esto se debe a que cada cuatro años se amplía la brecha educativa. Dignificar la labor docente es fundamental para definir el rumbo de la educación, y tal cambio depende de una mejora de las condiciones laborales y una redistribución de los recursos para garantizar a las familias que los educadores de sus hijos son profesionales de primer nivel.
La impostergable reorganización del MEP será la única forma de garantizar salarios competitivos y mejores profesionales de la educación.
Pruebas nacionales, cierre de programas para personas con necesidades especiales o trastornos en la informática educativa en la era digital son parte de las improvisaciones que en nada mejoran los graves problemas estructurales del MEP. Por el contrario, provocan confusión y son motivo de abandono escolar y un aumento récord en incapacidades por enfermedad.
En un momento en que la prudencia, la cordura y un llamado a la unión de las fuerzas son más necesarios, se opta por un tono incendiario y se socavan los puentes educativos.
“Todo llega al aula” es uno de los principios esenciales para una buena educación. Los países líderes han comprendido que la labor docente es primordial para el tejido social, y que el liderazgo educativo debe ser una prioridad nacional.
Detrás de cada grupo de docentes, debe haber directores con óptima calidad en didáctica y pedagogía. Las supervisiones y direcciones regionales deberían convertirse en centros de excelencia educativa y no permitir que los trámites administrativos y el papeleo distraigan al personal de lo verdaderamente fundamental, es decir, la calidad educativa.
La reorganización territorial del MEP y la dignificación de la profesión docente están vinculadas. Aumentar la cantidad de escuelas subvencionadas, promover alianzas con cooperativas y educación privada deben ser parte de las decisiones para aliviar la presión ejercida por una visión estatista controladora del Estado en materia educativa, que a todas luces no ha funcionado.
El mandato constitucional de la inversión en educación debe reflejarse de manera efectiva en las aulas. Los sindicatos y organizaciones como el Colegio de Licenciados y Profesores (Colypro), la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional y la Caja de ANDE no solo poseen recursos económicos para influir, por ejemplo, en la capacitación docente, sino también para ser actores de peso en el futuro de la educación.
En este momento, son gigantes dormidos cuya pasividad sorprende en el gremio. Los educadores, a lo largo de todas las épocas, han sido valientes y han sostenido el sistema en tiempos de crisis, porque la educación no se detiene. En este momento, solo esperan resignados que el MEP tenga un plan de acción o una ruta, como se le denomina ahora.
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El autor es educador.