El 1.° de julio los servicios turísticos comenzaron a pagar el impuesto sobre el valor agregado (IVA) lo que podría significar el cierre de las agencias de viajes receptivas en un par de meses.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo no consideraron muchos aspectos cuando plantearon y luego aprobaron la ley que grava a las agencias de viajes y los turoperadores costarricenses. No es que hayan sido ignorados, sino que, en apariencia, faltó conocimiento sobre la forma como funciona esta industria.
El gobierno y los legisladores desconocen quiénes son nuestros competidores, cómo trabajamos, los enormes esfuerzos necesarios para lograr una venta y cómo esto ha cambiado drásticamente en los últimos años.
La mayoría de los que nos dedicamos a este negocio estamos a favor de una ley tributaria adecuada; sin embargo, la vigente no se ejecuta de manera justa dentro de nuestra industria ni nacional ni internacionalmente.
Hay dos puntos claves por considerar. El primero es que las agencias de viajes costarricenses compiten en el mercado internacional, no en el costarricense. Nuestra competencia no está sujeta a este impuesto, y en los casos en que sí lo está, ha encontrado la forma de evitarlo. Segundo, las agencias de viajes costarricenses deberán pagar impuestos dos veces si desean seguir vendiendo.
Características del mercado. Competimos en el mercado global, donde las agencias de viajes internacionales con reservas en línea (OTA, por sus siglas en inglés) son nuestra competencia más fuerte.
Estas eluden los impuestos de dos maneras: pasando la información de la tarjeta de crédito del cliente a los hoteles y líneas aéreas para que estos procesen la transacción directamente —para ello, se requiere un software de seguridad extremadamente caro y ninguna agencia de viajes costarricense tiene la capacidad de adquirirlo— y exigiendo al cliente que pague directamente al hotel en el momento de hacer el check-in. En ambos casos, las OTA luego facturan al hotel la comisión de intermediación con impuesto incluido, como lo determina la ley costarricense.
Una agencia de viajes es un intermediario entre los clientes y los proveedores de viajes. Las agencias no compran ni revenden estadías en hoteles, excursiones, transporte ni autos de alquiler. Tampoco son el operador de esos servicios. Las agencias de viajes son representantes de los negocios denominados colectivamente proveedores.
Vendemos en nombre de ellos, los conectamos con clientes, y viceversa. Por ejemplo, cuando reservamos una estadía en un hotel, la efectuamos en nombre del cliente. La agencia de viajes no tiene derecho a utilizar esa reserva para su propio uso y no puede revender esa habitación a otra persona. No está permitido porque todo el mundo entiende que es para el cliente, no para la agencia de viajes.
Entonces, ¿por qué tendríamos que pagar impuestos si el cliente ya los paga por el uso de su habitación? El gobierno de Costa Rica no lo entiende y por eso trata esta situación como si la agencia de viajes estuviera comprando y revendiendo el producto.
Situación insostenible. Esta legislación coloca al cliente internacional ante dos opciones: paga dos impuestos por el mismo servicio o la agencia debe asumir dentro de sus costos la cantidad gravada y descontarla del margen de ganancia para no perder esa venta, lo cual crea una situación insostenible.
Si la ley tributaria se redacta de la manera correcta, el proveedor pagará el impuesto del hotel o servicio en función de la tasa neta, y las agencias de viajes pagaríamos impuestos solo sobre el margen de ganancia (comisión).
Nuestra única opción es deducir el dinero de los impuestos dobles de nuestro margen de ganancias. No sé cómo decir esto de otra manera, es la única opción para la «supervivencia a corto plazo» y con la esperanza de que esta ley se reforme antes de que todos nosotros desaparezcamos.
En un intento por tratar de mantener este documento lo más completo, pero lo más breve posible, me he centrado en la economía de los hoteles y deliberadamente omití el hecho de que los turoperadores, las empresas de transporte y las agencias de alquiler de autos dependen en gran medida de las agencias de viajes costarricenses para comercializar sus productos. Si esta ley se mantiene tal como está, habrá un efecto dominó.
Una vez más, no hay forma posible de que una agencia de viajes costarricense sobreviva en tales condiciones. Hacienda y los diputados no entienden lo que nos están haciendo a los miles de pymes costarricenses.
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La autora es expresidenta de Canatur.