Una de las banderas que desde hace 55 años utiliza la dictadura castrista en Cuba es el “antiimperialismo”, esto es, su publicitada confrontación con lo que denomina el imperialismo norteamericano. Sin embargo, si obser-vamos hoy la realidad objetiva de América Latina en relación con el concepto de “imperialismo”, nos encontramos con la sorpresa de que es a la dictadura cubana a la que le corresponde realmente esta denominación. En América Latina está operando y vigente el “imperialismo castrista” con discurso antiimperialista. Imperialismo es la “actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política”.
Este proceder político justifica la dominación de los Estados o de los pueblos mediante diferentes mecanismos de subordinación o colonización como son la presencia militar, la explotación económica y aspectos que representen formas de dominación política y cultural.
Observemos hoy lo que la Cuba castrista ha logrado desde hace más de diez años en Venezuela, a la que ha sometido a una situación de explotación económica por medio de la recepción de petróleo venezolano, al extremo que Cuba puede vender este producto. Cuba ha llevado al Gobierno y al pueblo venezolanos al punto en que, sumidos en una crisis económica, no pueden prescindir de seguir alimentando al Estado imperial, aun a costa de su propia estabilidad y subsistencia.
Resulta evidente que, si el Gobierno venezolano prescinde de la relación con la dictadura cubana, la situación política interna se vería gravemente afectada, al punto de producirse la caída del régimen, ya que, en los hechos, el régimen de Maduro es una administración castrista. Esto es imperialismo porque es dependencia. El imperialismo económico desde el propio punto de vista marxista está fundado y explicado a partir de la dependencia.
En la misma Venezuela y en Ecuador, Nicaragua y Bolivia, que han perdido sus democracias en el marco del denominado proyecto ALBA, o del socialismo del siglo XXI dirigido por Cuba y operado por el fallecido Hugo Chávez, la presencia cubana es abrumadora. Todos estos países cuentan con “apoyo político” castrista, que no es otra cosa que el control de la seguridad y la inteligencia del Estado para suprimir las libertades, manejar la estrategia política y la propaganda, y consolidar y prorrogar regímenes totalitarios. Sus fuerzas armadas y organismos de seguridad están “asesorados” por los castristas. El sistema de identificación personal y los órganos electorales corren la misma suerte. Muchos de estos Gobiernos han expulsado agencias, cooperadores y embajadores americanos. Las embajadas de Cuba en estos países se han convertido en los referentes políticos de los Gobiernos y sus funcionarios.
En los países ya mencionados, miles de médicos cubanos prestan servicios que han provocado el desplazamiento y justificado reclamo de profesionales nacionales.
Esta influencia de “servicios médicos” se expande a países grandes con aspiraciones imperiales como Brasil, cuyo Gobierno –no sin problemas– ha logrado imponer la presencia de los médicos del castrismo que, además de los servicios de salud, son principalmente aperadores de adoctrinamiento político en sectores rurales y populares.
En Bolivia, la denominada “cooperación cubana”, además de las áreas mencionadas, abarca la administración de los correos, la alfabetización y educación rurales, telecomunicaciones, agricultura y una infinidad de aspectos en los que la dictadura castrista solo puede ser reconocida por sus fracasos, y en los que, en consecuencia, no tiene ninguna tecnología, experiencia o experticia que ofrecer. Lo mismo sucede en varios países centroamericanos y del Caribe, bajo presión del mecanismo de Petrocaribe, que, con petróleo venezolano, expande la dominación castrista.
Si a esta observación de la realidad, agregamos que los países que reciben la influencia y dominación de la dictadura cubana por las vías anotadas, pagan por tales injerencias y verdaderos procesos de colonización ideológica, solo resta aceptar que, si algún proyecto de extensión de dominio, de subordinación y de influencia política y cultural está vigente en América Latina, es el imperialismo castrista.
Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo, es director del Interamerican Institute for Democracy.