En una pauta publicitaria de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) se indica que la empresa continuará brindando servicios por 91 años más. Veamos si es cierto.
La Ley 2 del 8 de abril de 1941 ratificó y aprobó el contrato eléctrico y con ese acto nació la CNFL bajo la organización de una sociedad anónima. Luego, con la Ley 4197 del 20 de setiembre de 1968, el Estado avaló la compra de las acciones de esa sociedad por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El artículo 12 de la Ley 4197 modificó el artículo 36 de la Ley N.° 2 y estableció que el contrato eléctrico y sus concesiones continuarán en vigor durante 25 años más a partir del primero de julio de 1968 y se consideraría automáticamente prorrogado por un nuevo período igual, salvo acuerdo previo en contrario de las partes.
Al vencimiento del plazo convenido, la CNFL deberá disolverse y el ICE asumirá el suministro de los servicios eléctricos que hasta entonces tendría la CNFL.
Es decir, el plazo del contrato eléctrico y sus concesiones vencerán el 1.° de julio del 2018, no en 91 años como lo afirma la pauta de la empresa.
Conceptos distintos. Conviene aclarar que con la Ley de Fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del sector telecomunicaciones, el plazo de duración de la CNFL se amplió a 99 años a partir del 13 de agosto del 2008; no obstante, no debe confundirse el plazo de duración de la CNFL con la duración del contrato eléctrico y las concesiones otorgadas a la CNFL.
Lo cierto es que en ningún momento durante la tramitación legislativa de la actual Ley 8660 se discutió el plazo de las concesiones otorgadas a la CNFL, por la sencilla razón de que ese asunto nunca fue el objetivo de la ley.
Actualmente se cuestiona el sobrecosto de los proyectos eólicos Valle Central (costo inicial $21 millones, costo final $53 millones), San Buenaventura (inversión $6 millones, posteriormente el proyecto se suspendió) y el proyecto hidroeléctrico Balsa Inferior (costo inicial $93 millones, costo final $333 millones), todos ejecutados por la CNFL, por lo que conviene proceder conforme lo previsto por el legislador desde 1968, a saber, que el ICE brinde el servicio en sustitución de la CNFL.
En caso de que el ICE no asuma la prestación del servicio en el 2018, la Asamblea Legislativa debe ejecutar a tiempo las acciones necesarias para ordenar que los deberes y derechos conferidos en el contrato eléctrico y en las concesiones otorgadas a la CNFL sean sometidos –en un plano de igualdad– a las reglas que rigen a los demás concesionarios del servicio de suministro de electricidad, en particular a las cooperativas de electrificación rural y a las empresas de servicios públicos municipales.
Otro modelo. El Ministerio de Ambiente (Minae) les otorga las concesiones de uso de recurso hídrico a esas empresas hasta por un plazo máximo de 20 años, tal como se ordena en el artículo 13 de la Ley 8345 del 26 de febrero del 2003; en lo que corresponde a la concesión de servicio público, la CNFL debería sujetarse al artículo 9 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
En síntesis, el contrato eléctrico y las concesiones otorgadas a CNFL vencerán el 1.° de julio del 2018, salvo que la Asamblea Legislativa habilite a la CNFL para que continúe brindando el servicio eléctrico en un plano regulatorio de igualdad respecto a las cooperativas de electrificación rural y a las empresas de servicios públicos municipales; esa situación se nos presenta como una oportunidad y un reto para planificar la transición ordenada y que a partir del 2018 el ICE asuma la prestación del servicio que hoy brinda la CNFL.
El autor es abogado.