Un fantasma recorre los pasillos de la discusión fiscal: el fantasma de la carga tributaria del país. Hay quienes sostienen lo insostenible, como por ejemplo que la carga tributaria es del 58% o del 35% del PIB.
Lo cierto es que la carga tributaria del país es baja, y tampoco guarda relación con el progreso social alcanzado y con el bienestar prometido por la legislación y la propia Constitución Política. Entonces, ¿qué da pie a la ilusión fantasmagórica y cuál es la realidad comparada?
Lo único que encontré para entender la osadía de enunciar esas cifras es un indicador del Banco Mundial, que da una proporción que representa la suma de la tasa máxima de impuestos pagados por las empresas y del porcentaje de las contribuciones para el aseguramiento de los trabajadores, respecto a las ganancias de las empresas que pagan impuestos. Nótese que no está en relación con el PIB, que el cálculo se hace para las empresas que sí pagan, no así para las exentas.
¿Cuál es nuestra carga tributaria y cómo se financia el Estado? La cifra oficial es un 13,8% para el 2015, luego de haber estado en un 15,6% del PIB hace algunos años. Como porcentaje del PIB es de los bajos en América Latina, aunque es un indicador que no dice mucho de la capacidad de los países para llevar bienestar a su gente.
En el 2011, la recaudación per cápita de Costa Rica fue $1.481, mientras que la carga per cápita del promedio de países con un índice de desarrollo humano alto fue de $2.108, según el Estado de la Nación. Un bache de algo más de seiscientos dólares por persona. Este es un indicador que dice más del bienestar de las personas.
En Costa Rica, los recursos naturales (petróleo, cobre, tarifas cobradas por el uso del canal interoceánico) en manos del Estado no generan ingresos; en algún país de América Latina puede ser de más del 8% del PIB. Esto se suma a la carga recogida como tributos para financiar al Estado.
Ahora bien, las empresas de mayor desarrollo suelen utilizar incentivos que aseguran la salud y las pensiones para sus empleados. De hecho, estos se convierten en parte importante, junto con el salario, para competir por atraer a los mejores a su servicio. Así lo hacen todos los países desarrollados, aunque no todos en forma obligatoria, o bajo un régimen estatal.
En la Alemania de fines del siglo XIX se estableció un sistema de seguridad social obligatorio para cubrir salud y pensiones, como un mecanismo que mejora las condiciones de vida de la población, sin que el aseguramiento sea una decisión específica de cada empresa. Costa Rica tiene su sistema de seguridad social solidario que se hace cargo de la salud y de las pensiones en forma universal y obligatoria.
Al ser obligatorio este pago para la salud y la pensión, hay otro cálculo e indicador que resulta pertinente, y lo hace el BID: la presión fiscal equivalente (PFE). Es el resultado de la suma de los porcentajes de la carga tributaria y de este tipo de obligaciones generalizadas y obligatorias. Si no es un pago obligatorio no se incluye, aunque exista en las empresas el pago de seguros privados.
La PFE de Costa Rica es de cerca de un 21,5% del PIB. En América Latina algunos países como Argentina, Barbados, Brasil y Chile tienen una presión fiscal cercana al 30%, al menos tres de ellos por encima del 30%. Otros países con un desarrollo humano medio pueden tener una PFE menor al 15% como Guatemala y República Dominicana.
Subsidios. Otra característica de nuestro país es que ha echado mano a las exenciones fiscales de manera muy generosa. Tanto así que los sectores más dinámicos de la economía no pagan impuestos, o pagan muy pocos. Esto significa que los que sí pagan deben subsidiar a los que no los pagan, y así financiar los servicios públicos que sí disfrutan. De ahí la base de la percepción de algunos.
Por esto es indispensable emprender una reforma fiscal para que el Estado cuente con mayores ingresos; mejore la estructura de exenciones y los sectores más dinámicos de la economía contribuyan al financiamiento del Gobierno; y los mayores niveles de crecimiento económico redunden en crecimientos proporcionales de recaudación.
También es necesario atacar los niveles de exención, evasión y elusión de los impuestos para corregir una baja carga impositiva y prácticas comerciales de competencia desleal.
El autor es economista.