En las últimas semanas, se ha suscitado un debate sobre la entrada en operación de la televisión digital, el próximo 15 de diciembre del 2017, porque diputados de diferentes partidos políticos hemos impulsado la redacción de un proyecto de ley que nos permita enfrentar el cambio tecnológico con herramientas legales que marquen la cancha ante un escenario que podría favorecer una alta concentración de medios en pocas empresas.
El tema se ha nublado de argumentos técnicos, que si bien son muy importantes, no alejan el tema del ámbito político, al referirse a un importante e invaluable bien público, como lo es el espectro radioeléctrico, por donde viajan las frecuencias de radio y televisión.
La administración del espectro radioeléctrico es un tema de reserva de ley, lo cual quiere decir que no puede ser regulado por reglamentos, como argumenta el Micitt, sino por una ley. Así lo afirma nuestra Constitución Política.
Ley obsoleta. La ley de radio de Costa Rica se creó en 1954. Según la Contraloría General de la República es obsoleta y antigua, se le han derogado muchísimos artículos y solo queda un cascarón que nada o casi nada regula. Por otro lado, la ley general de telecomunicaciones, de implementación del TLC, dejó en manos de la ley de radio la regulación de la radio y la televisión, manteniendo un statu quo de desregulación que no le conviene al país.
La entrada en funcionamiento de la televisión digital urge de un debate serio y de altura. La televisión digital permitirá que por donde actualmente se transmite un canal de televisión pueda multiplicarse hasta por cuatro señales, y algunos argumentan que las frecuencias repetidoras también entrarían en la contabilización de los “derechos adquiridos” de los actuales concesionarios.
Así, una empresa como Repretel, que tiene cinco canales matrices y cinco repetidoras, que sumados contabilizarían 10 frecuencias, podría tener, si así lo quisiera la empresa y según las disposiciones actuales del Micitt, hasta 40 señales de televisión.
Libertad de expresión. Para una persona que ve la televisión, serían 40 canales con programación diferente cada uno. Para un país con las dimensiones de Costa Rica, sería un monopolio mediático muy peligroso para la libertad de expresión.
El tema de la televisión digital es, sin duda, una discusión sobre libertad de expresión. Nuestro país debe tomar la decisión de si aprovecha esta inigualable oportunidad tecnológica para generar más medios en una pluralidad de manos o si, por el contrario, regala esta posibilidad para que unas cuantas empresas hagan negocio redondo multiplicando sus medios. La posición del Micitt, desgraciadamente, respalda la segunda opción.
La libertad de expresión no es solo un derecho de los dueños de los medios de comunicación y los periodistas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en múltiples sentencias que es un derecho de doble vía, es decir, un derecho de la ciudadanía a recibir información, pero también a transmitir información por los medios de comunicación. Ese derecho debe estar asegurado por disposiciones de cada Estado. En eso Costa Rica, históricamente, le ha quedado debiendo mucho a la ciudadanía. De eso hablaré en otro momento.
Son muchos los ejemplos en América Latina y Europa donde han tomado la acertada decisión de modernizar su legislación de radio y televisión para democratizar los espacios resultantes de la entrada en operación de la televisión digital.
Discusión en otra vía. En Costa Rica, la discusión, desde el gobierno, se ha enfocado en si se necesitan o no cajitas convertidoras para los televisores o si se verá o no mejor la señal. El Micitt debe dejarse de complacencias con los actuales concesionarios de la televisión y no tenerle miedo a regular por ley la administración del espectro radioeléctrico. Esa es su obligación y desde la Asamblea Legislativa estamos dispuestos a dar ese debate.
Trabajamos en un proyecto de ley que permite al Estado regular ordenadamente este cambio de tecnología, promover el respeto a las disposiciones internacionales en la materia y asegurar que el país gane en democracia y diversidad de la información y en recursos económicos por el pago de cánones (dado que los actuales concesionarios pagan casi nada por la explotación comercial de este recurso público).
Costa Rica no está preparada para este cambio tecnológico, hasta no contar con una ley reguladora. ¿Cuál es la prisa por imponernos un cambio de esta magnitud sin regulación de ley? ¿Cuál es el miedo a la discusión seria y argumentada?
Que no se nos olvide que el dividendo digital es nuestro, de toda la ciudadanía, no de un pequeño grupo de empresarios.
El autor es diputado del Frente Amplio.