Todas las noticias nos provocan una reacción. Unas traen alegría, otras esperanza y otras, simplemente, cólera.
A mí, no me pasa el enojo con la información publicada el 11 de mayo, titulada “Roces políticos frenan uso de fondo de telecomunicaciones”.
La rabia, una vez más, es ver cómo una clase política, politiquera, obstruye el desarrollo tecnológico al impedir la inversión de una millonada del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). El año pasado, decía la noticia, se debían destinar ¢41.000 millones para llevar Internet de alta velocidad a poblaciones en desventaja, pero, por pleitos politiqueros, solo se pudo gastar ¢2.500 millones, el 6%.
En el papel, el Fondo es la herramienta para convertir en realidad el sueño de universalizar el acceso a la Internet y a las computadoras. Aquí, el dinero sobra. Fonatel se engorda, por ley, con los aportes de las operadoras de un porcentaje de sus ingresos brutos (1,5% a 3%), por lo cual ya acumula ¢143.000 millones ($265 millones). En dos años, recibirá otros $175 millones por la concesión de nuevas frecuencias. Entonces, lo que les falta es menos política y burocracia y mayor liderazgo y trabajo.
Lo poco que ha hecho Fonatel –en comparación con el dinero que tiene– revela cuán vital es. Comenzó a dar Internet de dos megas a hogares pobres, más ayuda para comprar una computadora. La meta es llegar a 140.000 familias con una inversión final de $100 millones. Solo para este año se proyecta que 21.000 estudiantes de Avancemos reciban la computadora y la conexión, dice el papel. El fondo también financia laboratorios de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) donde 4.000 personas se instruyeron el año pasado en uso de Internet y tecnologías digitales. Solo para este año el Fondo debe invertir $57 millones en llevar alta velocidad a escuelas, colegios, hogares y centros de salud.
Fonatel está, desde el 2013, lleno de plata, por lo cual se hace urgente poner plazo para revisar si funciona. Otros cuatro años más serían suficientes para que los jerarcas demuestren si sus promesas son de papel o reales. La Contraloría de la República ya ha advertido los problemas operativos, ahora solo falta que los diputados los llamen a cuentas y, si no son claras, allanar el camino a un modelo más funcional.
El autor es jefe de Redacción en La Nación.