En los últimos días, revisando y analizando trabajos finales de graduación de posgrado y, además, viendo noticias que evidencian algunas decisiones de diversas instituciones vinculadas con la salud pública, me ha preocupado sobremanera los riesgos existentes para la preservación del sistema de salud.
Hemos hablado del riesgo para la sostenibilidad financiera de la CCSS, que tiene su origen no solo en lo relacionado con su modelo de financiamiento, sino con la innegable ineficiencia en la gestión, esencialmente en lo relacionado con la prestación de servicios de salud y, además, con el alcance del seguro de salud, que a hoy no tiene límites, como sí los tienen los sistemas de salud pioneros y más exitosos en el mundo.
Pero con la experiencia vivida en los últimos días, me han llamado la atención dos hechos sobre el cual el Estado costarricense tiene la obligación de intervenir.
El primero, es lo relacionado con la formación del recurso humano para la salud que hoy tiene el país y que, prácticamente, no tiene regulación alguna estatal.
Indudablemente, el modelo de salud público debe orientar la formación de los recursos humanos por parte de las universidades. No obstante, se debe tener claro también que las universidades deben formar los recursos humanos que, en general, el país necesita y que, en ese contexto, deben formar profesionales y técnicos con capacidades para insertarse tanto en lo público como en lo privado, en el entendido de que se debe garantizar una atención de calidad para toda la población.
Calidad. Es igualmente esencial que las carreras que imparten las universidades públicas y privadas garanticen la calidad de los profesionales y técnicos que forman. Esto se logra si, en el caso de las universidades privadas, el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) atiende su responsabilidad de autorizar la constitución de centros de educación superior que cumplan con requisitos de calidad y si fiscaliza su funcionamiento de forma permanente y adecuada; y si las carreras son acreditadas, al menos, por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes). Hoy se evidencia claramente que el Conesup no asume esa responsabilidad.
En el caso de las universidades públicas, es conocido el rigor del proceso de apertura de carreras dada la normativa que las rige, pero siempre debe ser una aspiración el que dichas carreras sean también acreditadas al menos por el Sinaes.
El sistema de salud, concretamente los servicios de salud de la CCSS, se están “llenando” de profesionales en Medicina procedentes de la más diversas universidades privadas, muchas de ellas con procesos de formación deficientes que no aportan a la solución de los problemas de salud prevalentes, convirtiéndose en los Ebáis en simples “referidores” congestionando los servicios de mayor complejidad, pero, lo más grave, poniendo en riesgo la salud de las personas y, en muchos casos, sus vidas.
¿Y quién defiende al ciudadano? Nadie, porque la CCSS contrata sin criterio técnico y las instituciones que debieran defender el derecho a la salud defienden el derecho a que cualquier universidad de garaje forme estos profesionales. ¡Tremenda contradicción!.
Intrusismo. Por otra parte, ha salido a la luz pública que el Colegio de Médicos “ataca el intrusismo profesional” fomentando la superespecialización de los profesionales en medicina. Hoy, los países pioneros y más exitosos del mundo en materia de salud pública privilegian la formación de médicos generales de calidad, sustentándose en una adecuada articulación entre las instituciones formadoras y las instituciones contratantes.
Resultado: sistemas de salud que resuelven los problemas de salud y son más eficientes. ¿Qué hay detrás de estas decisiones? Lo que queda claro es que no es la mejor salud pública para el país, sobre todo si evidenciamos que el Colegio incorpora profesionales sin criterio de calidad y, además, no propicia como política la recertificación profesional.
En conclusión: una evidencia más de la falta de “visión país” existente en Costa Rica, notándose el privilegio de intereses particulares que son refrendados de hecho por la institucionalidad encargada de entregar los servicios, la encargada de ejercer la rectoría de la salud y las encargadas de velar por que se concrete en la práctica el derecho a la salud.
El autor es médico, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica.