El 2024 nos trajo un panorama complicado, en el cual la guerra gana terreno en todo el mundo. Mientras tanto, Costa Rica, nuestra tierra de paz y del pura vida (somos como La Comarca de Tolkien en El señor de los anillos), no es la excepción.
Aparte de la terrible violencia armada entre grupos delictivos, enfrentamos una amenaza muy grave que se filtra inadvertidamente: varios grupos se han aliado para pavimentar el camino de la paz hacia la guerra.
Quisiera creer que la alianza no es intencional, pero aun si es por inacción, impericia o falta de malicia, el resultado es el mismo: el camino es ancho y lo están asfaltando tenazmente las empresas constructoras, la Policía de Tránsito, el Conavi y la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT).
Estos grupos han venido cultivando un sistema donde la persona más agresiva avanza; los tontos que respetamos la señalización —cuando la hay— y las leyes de tránsito lo pagamos caro en tiempo, combustible y salud física y mental.
Usted puede hacer rápidamente su propia lista de campos de batalla, pero menciono unos pocos: el final de la “autopista” Florencio del Castillo en Hacienda Vieja (intersección de las rutas 252 y 210 en proceso de convertirse en una rotonda que, advierten los expertos, “nacerá obsoleta”); los desastrosos embudos de la ruta 27, después del peaje de Orotina rumbo a San José (cinco o más carriles se convierten en uno); o después del peaje de Escazú, en el mismo sentido (doce carriles se convierten en dos); la famosa rotonda de la Hispanidad (cuatro carriles de la avenida central de oeste a este desembocan en dos adentro); las innumerables intersecciones en que no se respeta la luz roja.
En todas ellas, la agresividad de la persona que conduce, combinada con el tamaño del vehículo, define quién avanza y quién deberá esperar.
En un país de gente seria, la DGIT diseñaría o aprobaría con pericia la señalización de las carreteras, intersecciones, rotondas, etc. Las empresas constructoras acatarían lo aprobado y ejecutarían las obras, manteniendo un flujo vehicular razonable y seguro hasta completarlas. El Conavi gestionaría puntualmente el financiamiento de las obras y la policía de tránsito estaría presente para controlar y prevenir, no solamente para atender accidentes o decir “por aquí no hay paso”.
Pero en Costa Rica nos topamos con las obras eternas en el cruce de Taras, la ampliación de la ruta 32, algunos segmentos de la Circunvalación, etc.
El caos está por doquier. Los conductores, resignados, nos atenemos a que Waze y las llamadas “rutas alternas” nos resuelvan todo (¿lo logran?). Mientras tanto, acumulamos ira, frustración y accidentes.
El sistema está al borde de una parálisis irreversible, y nadie quiere responsabilizarse. Pero sí deben buscarse los responsables. Me pregunto dónde estudiaron Ingeniería de Tránsito quienes están a cargo, o más bien si acaso habrá alguien a cargo.
La tecnología solita (¿semáforos inteligentes? ¿cámaras para multas automáticas?) no ha logrado resolverlo. La pericia y el compromiso son imperativos. La ley debe funcionar y los oficiales deben estar en las calles.
El 12 de noviembre del año pasado, La Nación documentó por qué los oficiales de tránsito son como los uniformes de los soldados romanos (solamente los vemos en la Semana Santa): se reporta una reducción de más del 35 % de oficiales en la última década, mientras el parque vehicular aumentó de 1,3 a 1,7 millones (un incremento del 30,7 %).
Injustificable, especialmente porque sus salarios podrían ser autosuficientes (vea La Nación del 12/4/1995). La falta de tráficos en las calles es nefasta: indiscutiblemente, una de las fuerzas que están pavimentando el camino de la paz a la guerra.
Piense usted: ¿Qué sucedería si el Campeonato Nacional de Fútbol se juega sin árbitros? A los ticos nos preocupa tener un sistema represivo, pero hemos optado por el extremo de un sistema depresivo en materia de tránsito y seguridad vial; un sistema en el que no hay autoridad, orden ni control. Una deplorable mejenga que fomenta la violencia y miles de accidentes prevenibles.
luis.aragon@ucr.ac.cr
El autor es catedrático de la UCR.