Un principio básico de cualquier democracia madura consiste en que las instituciones deben estar siempre sometidas a examen, solo así se pueden mejorar y optimizar sus resultados, la condescendencia nunca es una buena consejera. Estamos convencidos de su importancia. Tanto como del inexpugnable deber de quienes, de manera temporal ejercemos cargos públicos, de rendir cuentas.
Pero la forma de ejercer ese control, la crítica a las instituciones y a las personas, debe cumplir ciertos parámetros de correspondencia con la realidad, so pena de convertirse en una irresponsable imputación de cargos, en muchos casos, injuriantes y difamatorios.
Tema incómodo. Sabíamos que al posicionar un tema incómodo e incomprendido, como lo es del sistema penitenciario, debido a la gran cantidad de prejuicios y estereotipos, muy arraigados en la conciencia social, se corre el riesgo de que en la discusión se ignoren valores constitucionales como la dignidad humana y la igualdad. Surgen entonces virulentos ataques que, lejos de cuestionar la política penitenciaria que desarrolla el Ministerio de Justicia y Paz, la desacreditan con descalificaciones maniqueas, groseros epítetos, reforzando los estereotipos y distorsionando así el debate.
La esencia de la política implementada ha estado anclada en dos ejes fundamentales: de un lado, humanizar la sanción penal a través de mejores condiciones para la población privada de libertad –lo que incluye la construcción de tres nuevos centros, por primera vez en casi 20 años, y reformas estructurales sobre el sistema, como el proyecto de penas de utilidad pública para delitos no violentos o la reforma a la ley de antecedentes–. Del otro lado, visibilizar una realidad históricamente escondida.
Esto no ha sido así porque seamos unos “románticos”, como se nos dijo, sino porque no hay ningún estudioso serio del fenómeno criminal que no haya concluido que el encierro, como se ha venido aplicando, con especial rigor en Latinoamérica, en los últimos 25 años, genera más dilemas que respuestas.
Cuando los hechos alternativos o sucesos distorsionados empiezan a volverse tan frecuentes, es necesario llamar la atención a la opinión pública sobre ya no las críticas, válidas y saludables a las que debe estar sometida cualquier gestión, sino sobre la tergiversación que, progresivamente y con cada vez mayor intensidad, se ha ido tejiendo alrededor del quehacer del Ministerio.
Por ejemplo, desde nuestra llegada al Ministerio de Justicia y Paz, hace poco menos de dos años, algunos sectores políticos y mediáticos han repetido que, fruto de las primeras decisiones que se tomaron, por órdenes del Poder Judicial, dictadas en el ejercicio de sus competencias constitucionales, fueron liberados masivamente “delincuentes” que han puesto en peligro la seguridad ciudadana. A pesar de las explicaciones de que una persona puede salir de un centro penal solo por orden de un juez o del Instituto Nacional de Criminología, no falta la pregunta, algo desencajada, de algún periodista o el reclamo, muchas veces violento, de algún señor en redes sociales por nuestra “política de liberaciones masivas”. Es rotundamente falso que algo así se haya impulsado, pero ha sido esa la manera en que se ha transmitido la información.
Liberación de presos. Por disposiciones de los jueces, que estamos obligados a acatar, se reubicó a un grupo de unas 1.500 personas en noviembre del 2015. La medida, aunque exitosa, fue excepcional y respondió a un momento de crisis histórica en el que el hacinamiento alcanzó casi el 60%. Una cifra incompatible con una sociedad democrática y civilizada.
Esta reubicación a centros semiinstitucionales no equivale a hacer liberaciones masivas, porque las personas se mantienen sujetas al control y vigilancia del sistema penitenciario. El Programa Semiinstitucional es consustancial a cualquier régimen democrático, limitarlo o eliminarlo desafiaría al texto constitucional y a la Convención Americana de Derechos Humanos. Mucho menos es una invención de este gobierno, en el periodo 2010-2014, para poner por caso, fueron trasladadas casi 6.000 personas. Se ha hecho siempre y en el tanto la población penal, de acuerdo con el criterio de los profesionales que la atiende, responda a su abordaje técnico, se seguirá haciendo, al menos mientras estemos organizados bajo las formas de un Estado de derecho.
Sistema colapsado. Hemos insistido en que el sistema penal costarricense está colapsado, que la apuesta indiscriminada por la cárcel como única respuesta para encarar cualquier problema social es contraproducente. Líderes políticos de todo el mundo, como el papa Francisco, Ban Ki-Moon o Barak Obama han pedido abiertamente un modelo punitivo cuya finalidad no sea la exclusión sino la reinserción y la adopción de medidas distintas al encarcelamiento. Y esto tiene todo el sentido, la promesa, agitada en forma irresponsable por algunos, de que con la prisión estamos más seguros, oculta la enmarañada realidad detrás de esa institución. La cárcel no va a desaparecer, no debe desaparecer; hay infracciones que, por su gravedad, no pueden ser atendidas sino es con el apartamiento del que las comete.
Sanción contradictoria. Sin embargo, y esa ha sido nuestra consigna, respaldada por muchos años dedicados al estudio del fenómeno penitenciario, para determinadas conductas la pena de cárcel es desproporcionada y, esencialmente, contradictoria. El encierro tiene efectos sobre la salud física y mental de las personas, pero, además, la prisionalización, por ejemplo, de un jefe o jefa de hogar repercute sobre todo su grupo familiar y con ello se ensanchan las brechas sociales.
No se trata de giros idiomáticos, fórmulas retóricas vacías de contenido o reiteradas metáforas. A veces las palabras se nos presentan como terriblemente gastadas y deterioradas por el uso, porque no nos adentramos en la profundidad de sus significados, porque se han dicho tan insustancialmente, que es difícil encontrar quien no las admita o muestre renuencia a suscribirlas. Pero, en lo más profundo de su esencia, se han quedado como hermosas declaraciones de principios.
Desde nuestra institución, hacemos cotidianamente esfuerzos por dotar a nuestra diaria labor del contenido que corresponde a una práctica ligada a la esencia de las palabras, tratando de dimensionar en forma adecuada su complejidad, pues solo así podremos entender sus alcances. Pensemos entonces en lo que supone para un menor de edad que su padre esté preso, que, de pronto, el principal proveedor de la casa deje de cubrir las necesidades más elementales de los suyos. Imaginemos el desarraigo, la dificultad que para las mujeres, como ocurre en la mayoría de los casos, implica organizar semanalmente la visita al centro penal. Las deudas que habrá de contraer para ir resolviendo las urgencias de cada día, los malabares para luego pagarlas. El estigma para los hijos y lo que será para alguien en esas condiciones atender sus obligaciones. Imaginemos, además, el efecto que tiene juntar a personas que han cometido faltas menores con delincuentes habituales o violentos. Un encierro así no garantiza la inserción social, se vuelve en nuestra contra. Allí está la paradoja. Se intenta desconocer que la persona privada de libertad va a salir en algún momento de prisión, por muchas variables, tales como el cumplimiento de su condena, volverá al entorno social y requiere haber tenido un espacio para la rehabilitación, para la adquisición de herramientas de trabajo, de habilidades para la vida, para no recaer en la actividad delictiva. Al sistema penitenciario le corresponde esa tarea, le compete asegurar el respeto a la dignidad humana de quienes están bajo su custodia, brindarles las condiciones mínimas de supervivencia, dotarlos de esa formación que contribuya a disminuir los índices de reincidencia. Como quiera, esta posición no tiene nada que ver con afirmar, falsamente, que se protege a los criminales y que se promueven liberaciones masivas.
Otro ejemplo, ha sido el abordaje de cierta prensa en relación con la detención de una persona sospechosa del homicidio de cuatro jóvenes en Guanacaste. Se ha querido responsabilizar al Ministerio de Justicia por una conducta difícilmente previsible y por la situación jurídica en la que se encontraba el detenido por una resolución de un juez de ejecución de la pena. A pesar de las explicaciones, todavía hoy, se intenta establecer una conexión entre la política penitenciaria y eventos puntuales de violencia que solo llevan a hacer generalizaciones apresuradas y a frivolizar el dolor y la tragedia de las familias de las víctimas. Se ha llegado a niveles demenciales, que deberían encender las alarmas, al punto de falsear hechos, como asegurar que Justicia avaló la libertad condicional del indiciado en diciembre del 2016 o a deslizar infundios contra personas honorables.
Vivimos tiempos de populismo, como escribía Moisés Naím, en el El País hace unos días. El populista necesita enardecer a las masas, exagerar los problemas y construir enemigos, poco importa si son personales o institucionales o si para hacerlo hay que falsear la realidad y repetir mentiras. Seguiremos dando cuentas de nuestra gestión y eso pasa, también, por denunciar aquellas malas prácticas que solo sirven para gatillar contra la solidez de una democracia que, aunque con muchos retos por delante, no merece que se le mienta.
El nuestro es un llamado a una profunda reflexión para quienes tienen en sus manos la importante labor de la comunicación. Es un tema de seriedad, de respeto, de no contribuir con la hilarante distorsión que expone la vida de las personas y pone en peligro la institucionalidad democrática, la cual está llamada más bien a consolidar. Hagamos de la comunicación un ejercicio democrático, irrefutable en su contenido, con la belleza que da a las frases el brillo de su claridad y su correspondencia con la verdad.
Los autores son ministra y viceministro de Justicia, respectivamente.
Los autores son ministra y viceministro de Justicia, respectivamente.