SANTIAGO – Los océanos del mundo se encuentran en graves problemas. Según datos publicados a fines de setiembre por el Grupo IntergubernamentaldeExpertos sobre el Cambio Climático, sus aguas enfrentan un aumento de temperatura y acidificación, junto con una disminución de la concentración de oxígeno. La semana antepasada, el Programa Internacional sobre el Estado de los Océanos reveló el perjuicio que estos y otros factores, como la pesca destructiva y la contaminación, provocan en los organismos marinos.
Pese a que la degradación de los océanos no es tan visible como la deforestación, es igualmente peligrosa. Por lo menos, la mitad del oxígeno que respiramos proviene de sus aguas, que absorben más dióxido de carbono que los bosques. El daño a los océanos puede acarrear una tremenda repercusión a nivel global.
La degradación es especialmente preocupante en la vasta zona constituida por las aguas internacionales, o altamar. Estas son las aguas que quedan fuera de la zona comercial exclusiva de las naciones costeras y que comprenden las dos terceras partes de los océanos, es decir, el 45% de la superficie terrestre.
La Comisión Océano Mundial, de la cual formo parte desde hace algunos meses, se aboca a estudiar la condición de las aguas no jurisdiccionales. En este marco, el próximo año dará a conocer un conjunto de recomendaciones para la plena recuperación del estado de nuestros océanos y de su productividad ecológica.
Una de las primeras tareas de dicha comisión es cuantificar las pérdidas económicas resultantes de la degradación de los océanos. Ya en 1997, en una monografía pionera, Robert Constanza y sus colegas calculaban que el valor total de los servicios prestados por el ecosistema marino era de $21 millones de millones. Según otros cálculos, la pesca ilegal le costaba entre $10.000 millones y 23.000 millones anuales a la economía mundial, y la mala gestión del sector pesquero, $50.000 millones al año. Sin embargo, como estas cifras son de hace casi diez años, la Comisión se encargará de actualizarlas y precisarlas.
Documentar la magnitud de las pérdidas no es suficiente. Evidentemente, la pregunta siguiente es qué hacer al respecto. No existe entidad alguna que se encargue de las aguas internacionales de manera oficial, de modo que, aunque las pérdidas fueran enormes, hay pocos mecanismos efectivos capaces de realizar cambios. El pilar de la gobernanza de altamar –la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar– se estableció hace treinta años. Desde entonces, se han producido enormes avances técnicos y la demanda de recursos se ha incrementado de manera masiva. Por lo tanto, a fin de detener y revertir la degradación de los océanos, se requieren mecanismos de gobernanza que tengan el poder necesario para aplicar soluciones tanto innovadoras como sensatas desde el punto de vista económico.
A este efecto, la experiencia de los países que han combatido la deforestación puede ser de utilidad. Costa Rica sentó un precedente a principios de la década de los noventa, cuando comenzó a imponer tributos a los combustibles fósiles y a utilizar esos ingresos para proteger los bosques, revirtiendo así la deforestación. Su economía se ha beneficiado directamente a través del aumento del turismo, e indirectamente por la preservación de servicios como la polinización.
Varios Gobiernos están prestando cada día más atención al concepto de remunerar los servicios prestados por un ecosistema. Costa Rica y Colombia forman parte de un programa financiado por Gobiernos donantes; Brasil tiene planes para pagar a quienes protejan los cauces de agua. Una iniciativa llamada Reducción de Emisiones Producidas por la Deforestación y la Degradación Forestal (REDD, por su sigla en inglés) estaría dispuesta recompensar la conservación de bosques, lo que conllevaría también una regulación del cambio climático. Estas ideas son dignas de mayor atención en el futuro, especialmente a medida que disminuyan los recursos no renovables.
El próximo año, la Comisión Océano Mundial dará a conocer sus recomendaciones, cuya base será el análisis económico. Una vez que se disponga de información más concreta sobre el valor de los océanos, habrá que decidir la mejor forma de utilizarlos. El pago por servicios puede ser una solución, aunque tal vez haya otras más sencillas. Sea cual sea el mecanismo que se adopte, es preciso abordar el desafío de la gobernanza: el deficiente sistema actual permite que persistan las pérdidas tanto económicas como ecológicas.
Las recomendaciones de la Comisión se harán llegar a los Gobiernos. Los costos que implica el actual sistema de laissez faire son demasiado altos para permitir que se mantengan vigentes. Esperamos que los líderes mundiales comprendan que la importancia de los océanos del mundo y de sus servicios al ecosistema es tan grande, que no es posible permitir su continuo deterioro.
Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile, es profesor en la Universidad de Columbia. © Project Syndicate.