Como lo refiriera el humanista estadounidense John Dewey, la educación constituye el instrumento más importante que posee el ser humano para orientarse en la vida. En los tiempos modernos, es una condición indispensable para la sociedad en su camino hacia el desarrollo integral, y en un mundo tan complejo de aceleradas relaciones económicas, políticas y sociales, el Estado tiene la responsabilidad histórica de atender y resolver con prontitud cualquiera de los aspectos estructurales que podrían estar incidiendo en el deterioro de la calidad de la educación pública.
El proceso de transición de la sociedad industrial a la sociedad del saber evidencia que la información y los conocimientos son fundamentales para cimentar las bases de la transformación que hoy día demanda la sociedad en términos de equidad y calidad de vida, sin exclusión de ningún tipo.
El mundo de los medios tecnológicos múltiples es el aspecto más visible de la sociedad del saber y en ese mundo – del cual es imposible sustraerse– el fortalecimiento del sistema educativo es vital para el desarrollo de la humanidad, tanto en la adquisición del conocimiento, como de la aplicación de este a las nuevas condiciones históricas.
La transformación social y las nuevas formas de relación humana demandan una atención prioritaria en el campo de la educación. Si en la sociedad industrial, producto de las nuevas relaciones económicas y de los cambios en la forma automatizada de producción, generaron nuevas formas de relaciones humanas, en la sociedad del saber el impacto es todavía mayor porque el conocimiento representa una condición indispensable para que las personas adquieran destrezas y aptitudes atinentes con los tiempos modernos y sepan, con ellas, comportarse asertivamente en un mundo globalizado.
El gran reto del siglo XXI, para el Estado y para la sociedad civil, consiste en hallar la fórmula efectiva para que la humanidad sepa comportarse de manera correcta en la sociedad del saber, es decir, frente a nuevas y modernas tecnologías, nuevas formas de trabajo y de condiciones socioeconómicas y políticas, y además pueda asumir los grandes desafíos que demanda el contexto histórico, donde la participación ciudadana, junto al conocimiento, representan valores fundamentales de un sistema político democrático sustentado en el Estado social de derecho.
La democracia, como sistema, y las relaciones sociales se están transformando. De actores pasivos, las personas están llamadas, gracias al conocimiento y a las nuevas actitudes, a ser protagonistas del desarrollo económico, político y social.
Se trata de un cambio cultural que determina un acontecimiento histórico, mediante el cual la democracia está fundamentada más en el comportamiento humano que en la institucionalidad, lo cual obliga a repensar en el tipo y la calidad de la educación.
No solo importa el aspecto institucional, el elemento humano es prioridad. En otras palabras, lo que interesa es la humanización de la educación.
La educación es un derecho humano, y los derechos humanos, sean de orden político, económico o social, no tienen mayor importancia en los manuales institucionales si los habitantes no los ejercen con efectividad, y en esa dirección, la educación – formal o informal– es el instrumento efectivo para que los hombres y mujeres asuman actitudes y comportamientos compatibles con la sociedad del saber.
Como política pública, la educación también es una prioridad estatal; por ello, no basta con definir las reglas de la nueva educación. Es necesario actuar conforme a ellas para abrir el entendimiento.