La Nación, en su artículo “Estudio revela que 33% de plazas en el CNP están de más” (16/07/2014), entrevista al Lic. Carlos Monge Monge, presidente ejecutivo de la institución, quien acertadamente señala que el panorama “hoy es distinto, una realidad y una percepción diferentes”, y lo enmarca en el objetivo planteado en campaña por el presidente, Luis Guillermo Solís, de refundar al CNP como una acción concreta en el rescate del sector agroalimentario, voz que el soberano escuchó y abrumadoramente lo eligió para regir su rumbo en el próximo cuatrienio.
Sin embargo, es preciso considerar el origen y objetivo de dicho estudio, que incluso en su momento no correspondía con la realidad del CNP.
El proceso de reestructuración del CNP, ejecutado por la pasada Administración, fue impugnado en sede judicial por el Sindicato de Empleados del CNP (Sinconapro), debido a la carencia de sustento técnico –denuncia avalada por la Defensoría de los Habitantes–, y la Administración no pudo contradecir lo señalado por los representantes gremiales.
En un contexto de crisis financiera, estas autoridades se abocaron, de forma rígida, a plantear su solución a partir del sacrificio del personal de la Institución de forma indiscriminada, ponderando únicamente el déficit económico, sin importarles la condición humana de los funcionarios. Actuaron de forma irracional, sin considerar si, al final de su proceso, el personal restante podría acometer las tareas que por obligación debe cumplir la institución, sin reparar siquiera en esas tareas.
Una reestructuración, si bien necesaria, aplicada de forma negligente y desatinada, y las ocurrencias de la administración superior se contaban por docenas. Tampoco era de extrañar que, de igual forma, le correspondiera su staff administrativo. En busca de razones para adelgazar la ya bulímica planilla, encontraron en la Internet un estudio de cargas de trabajo, desarrollado para una universidad, y, sin experiencia, pero de buena gana, se dispusieron en pos de ajustarlo según los intereses de su autoridad superior.
En este proceso fueron sorprendidos y denunciados en el acto. Sin mayor sonrojo y al amparo de dicha autoridad superior, hilvanaron las bases para la contratación de un estudio por parte de un ente acreditado para su ejecución, para asegurarse un resultado favorable, manosearon la programación de las diferentes áreas de trabajo, reubicaron profesionales y técnicos en otras actividades ajenas a su quehacer, los cuales, con el mayor ánimo de cooperación, se apuntaron en el cometido, con el fin de levantar al PAI, según les dijeron.
Al final, ¢16 millones gastados en vano, un contexto ajustado a la necesidad de la Administración, en pos de justificar lo injustificable, para luego ir a la prensa a decir que un ingeniero se gana en el CNP ¢3 millones digitando facturas para el PAI ( La Nación , 6/05/14), nada más lejos de la realidad.
Aclarado esto, pasamos al tema de fondo, el editorial de este medio, “Dudas acerca del CNP (15/07/2014), el cual, además de subjetivo, resulta impreciso.
A raíz de la reforma hecha a su ley orgánica en 1997, decía la máster Isabel Román Vega que, con la asignación al CNP de la función de fomentar la producción, industrialización y mercadeo de productos agropecuarios, aunado a las fortalezas estipuladas en su artículo 5°, se convierte, a su criterio, “en la entidad clave del sector agropecuario”.
Nuestro sistema institucional en general, particularmente el CNP en el sector agropecuario, genera a favor de nuestra sociedad las condiciones para el desarrollo y paz social, a partir de la creación de oportunidades en actividades productivas y participación en la justa repartición de la riqueza; sin embargo, existen en nuestra institución enemigos propios que, atendiendo los intereses mercantilistas de una élite político-comercial, desde su interior menoscaban el esfuerzo colectivo, no siempre acertado, precisamente por la distorsión en las políticas que emanan desde las cúpulas de poder. Esta indigna tarea la complementan externamente otros agentes encargados de sembrar cizaña en el inconsciente colectivo, con el fin de que el propio pueblo sea el que sentencie la extinción de un modelo solidario, generador de una sociedad justa e igualitaria.
Es sabido que, para el modelo neoliberal, la participación del Estado en la actividad productiva se debe limitar a una básica labor de fiscalización y, por ende, su tamaño ha de ser minúsculo, lo cual contrasta con una sociedad, en cuya conformación la participación de nuestra Institucionalidad es relevante, sobre todo en la generación de clase media.
Solidaridad desde cualquier perspectiva: ¿acaso mencionan que la Fanal, en los últimos diez años, ha generado al fisco ¢90.000 millones, con una carga impositiva desproporcionada, pagando ¢75 de cada ¢100, apoyando programas sociales a través del IMAS, aportando en la formación de nuestros jóvenes por medio del INA y apoyando programas de prevención del IAFA?. Se adeudan más de ¢3.000 millones a los agricultores, que se tienen que pagar, pero exijan también que se señale a los responsables que han tenido a su cargo este programa y no han sabido administrarlo. ¿Habrán reparado en considerar que, si bien se tiene una deuda importante, es una oportunidad de mercado directa para estos productores, que, en otro caso, sería tomada por los políticos comerciantes y mercaderes de desigualdad? ¿Acaso mencionan el valor estratégico y oportuno de dicho programa para el abastecimiento de suministros a la población civil, en tiempos de emergencia, a través de la CNE?
La propia Contraloría General de la República, solo durante el 2013, ha citado en tres informes la pésima gestión administrativa pasada, la cual, lejos de aliviar nuestra crisis financiera, la agravó, pero no señala responsables, únicamente les definió plazos para corregir su actuación, una y otra vez, con los mismos resultados, una y otra vez.
¿Cerrar el CNP?, como dijo aquel diputado libertario, ¡pero inmediatamente deben crear otro! Porque su situación no es más que el reflejo de años de abandono y de la ausencia de políticas para el sector agroalimentario, lo cual, más que algo fortuito, corresponde a acciones trazadas para ese cometido.
El CNP es la última herramienta con que cuenta este país para cumplir una política de seguridad alimentaria y permitir a nuestros productores producir en condiciones justas y no por hambre. El Consejo es la única institución especializada en comercialización y responsable de reactivar nuestro mercado interno, pero, para ello, se requiere la voluntad política y los recursos financieros, que no se los han dado y, además, le han quitado las herramientas para generarlos.