¡Qué mal le ha hecho a este país el concepto de “patrimonio” a la tica! En tiempos de Don Pepe se acuñó dicho término –en boga a partir de la Convención de París (1972)– y se le concedió la potestad de declaratoria al flamante Ministerio de Cultura; eso sí, expropiando el bien y asumiendo el Estado la carga.
Hoy se asiste, con desencanto y tristeza, a una falta de identidad urbana; el trabajo de renombrados arquitectos y diseñadores es considerado efímero al destruirse verdaderas joyas arquitectónicas por falta de reconocimiento (declaratoria) o por un retrógrado temor a la expropiación.
El patrimonio debe entenderse como una posibilidad de apreciación sí, pero con una funcionalidad viva, inserto dentro de la trama urbana –o rural– y en ese sentido debe buscarse su conservación y garantizarse su uso: el propietario debe recibir exoneración de cargas y tributos, las aseguradoras proveer de seguros, los gobiernos locales crear zonas reales de protección y las entidades bancarias facilitar al propietario cualquier manera de financiamiento.
Sin embargo, súmense dos atropellos a esta cadena de abandono. Los bienes públicos, llámense parques o edificios, en propiedad estatal o municipal, no deberían ser objeto de comercio y mucho menos de destrucción, cuando reflejen de la construcción de un Estado social y su institucionalidad; es decir, sin que sea necesario el reconocimiento de su interés histórico-público (declaratoria) como el caso del edificio del CNP. En ese sentido, el segundo craso error de esta generación consiste en creer que el “patrimonio” se reduce a casonas o a edificios viejos ya que existen muchos tipos de bienes de este tipo, incluyendo el paisaje y el patrimonio industrial. En efecto, cuando la industria y la política confluyeron en una obra de grandes dimensiones pensando en contribuir al desarrollo del país o cuando grandes capitales –o empréstitos que a lo mejor sin saber se están pagando hoy– aportaron infraestructura a la nación se atiende a un tipo de bien que obligatoriamente debería permanecer como testimonio vivo y en ese sentido lo entendió bien la administración Calderón Fournier y se aprecia hoy la antigua Fanal.
La destrucción de las instalaciones del CNP por la falta de atención de la administración en una zona circundada por la línea del tren y en un área de interés histórico, es una muestra más de lo que la banca ¡estatal! ha hecho con los bienes de interés histórico, arquitectónico e industrial. Ya se acabó con el Palacio Nacional y con más de una casa esquinera en la Vieja Metrópoli. Y ni hablar de las administraciones y sus compromisos, así hasta barrios se inventan. Desgraciadamente, en Costa Rica ese malentendido concepto de patrimonio la ha ido dejando irreversiblemente ayuna de patrimonio.