Una pretensión consustancial al acto mismo de la representación radica en el deseo del representado de poder elegir a su representante de manera directa. Esto no es de extrañar, ya que, finalmente, son los intereses del primero los que se encuentran en juego, y por esta razón procurará elegir personalmente a quien considere idóneo para velar por dichos intereses.
En nuestro país, esta lógica se sigue en una infinidad de situaciones cotidianas, desde la constitución de juntas directivas de sociedades anónimas hasta en la regulación de la figura del mandato que contempla el Código Civil.
No obstante, en el ámbito político se ha realizado un análisis distinto en lo que respecta a la elección de diputados a la Asamblea Legislativa, regidores, miembros de los concejos municipales de distrito y miembros de los concejos de distrito. En estos casos, en lugar de poder elegir directamente a aquellas personas que consideramos que ostentan un perfil profesional o una agenda política más acorde con nuestras expectativas, se debe elegir entre listas predefinidas de candidatos, las cuales son inalterables. En términos electorales, a esto se le denomina listas cerradas y bloqueadas; es decir, no se pueden agregar ni excluir candidatos ni modificar el orden de prevalencia en que se presentan.
Debido a esta situación, hay quienes abogan por que en Costa Rica se implemente el voto preferente con listas cerradas, pero no bloqueadas (actualmente existe un proyecto de ley en ese sentido). Esto significaría admitir la posibilidad de alterar el orden de postulación de los candidatos que fueron propuestos por los partidos políticos para que sea la ciudadanía la que escoja según su preferencia.
La medida fortalecería uno de los pilares esenciales de la democracia, como lo es la representación política, e implicaría que los candidatos se acerquen más a los ciudadanos, ya que, finalmente, serían estos quienes los elijan por sobre sus compañeros de partido.
Resultados adversos. No obstante, a pesar de las bondades que en apariencia comporta la puesta en marcho del voto preferente, la realidad latinoamericana parece ofrecer otro tipo de resultados. En países como Panamá, República Dominicana y Perú, algunos lamentan las consecuencias nocivas que este instituto ha generado en sus procesos democráticos de elección.
La experiencia ajena ha demostrado que el voto preferente atenta contra la unidad partidaria, pues acrecienta la competencia interna por los puestos de elección popular, ya que los candidatos no solo deben competir contra los de otros partidos, sino también con sus propios compañeros.
Además, para financiar sus campañas, los aspirantes se ven en la necesidad de buscar fondos de forma independiente, lo que abre la posibilidad de que se gesten compromisos políticos indeseados y tráfico de influencias. Bajo este panorama, las personas con mayores recursos económicos son quienes, por sus ostentosas campañas, terminan ganándose la simpatía de la ciudadanía, lo que incrementa la desigualdad en las campañas políticas. Aunado a esto, una vez que el candidato accede a una curul, crea su propia agenda política y termina apartándose de la visión partidaria, lo cual afecta al país en lo que respecta a la gobernabilidad, ya que llegar a acuerdos se convierte en una labor titánica.
Por otra parte, el voto preferente daría al traste con la lucha que se ha librado por décadas en cuanto a la equidad de género, ya que no se respetaría el principio de paridad que regula el Código Electoral.
Como se puede apreciar, la puesta en marcha del voto preferente, aunque a primera vista pareciera ser una buena idea, realmente no resulta el mejor camino que pueda tomar el país en su intento por mejorar la representación política.
El precio que debe pagarse en términos de la calidad de la democracia es muy alto, y termina atentando contra el sistema de partidos que procuró resguardar el constituyente originario.
El autor es abogado.