Cuando reaparece la necesidad de justificar más impuestos para cubrir el déficit fiscal, el gobierno repite la amenaza de reducir los servicios en salud, educación, asistencia social y seguridad, cuando las verdaderas causas del déficit son la burocracia y los privilegios de algunos funcionarios.
El problema no son los trabajadores productivos de la Administración Pública. Ellos son utilizados por el gobierno y los sindicatos para chantajear a la ciudadanía.
Los funcionarios productivos son los encargados directos de la producción, ya sean alimentos, agua, transporte, seguridad, educación, salud, banca, etc. Son los enfermeros, maestros, médicos, policías, cajeros, empleados que atienden al público en ventanillas o mostradores; son quienes resuelven sus problemas. Algunos autores, como H. Mintzberg, los llaman trabajadores sustantivos o núcleo operativo.
Las organizaciones burocráticas integran, además, otra clase de trabajadores quienes se caracterizan por no participar en la producción de bienes y servicios. A esos se les llama personal administrativo, oficinistas o, simplemente, burocracia. Aquí están los empleados encargados de recursos humanos, contralorías, contabilidad, finanzas, proveeduría, auditoría, mandos medios, servicios generales, diseño, control, planificación, etcétera.
El tercer grupo lo constituyen quienes ejercen el poder político: presidente, diputados, ministros, presidentes ejecutivos, gerentes, juntas directivas, asesores, etc. En ese sector, la reducción de gastos solo beneficios aportarían a la eficiencia gubernamental. En la práctica se requiere de un sacrificio casi imposible de lograr (tipo harakiri). Prueba de esto son los proyectos de Ottón Solís para reducir e integrar instituciones, los cuales solo sonrisas han logrado de parte de sus colegas políticos, incluidos los del partido creado por él.
Control. Los trabajadores del sector sustantivo están sometidos al control permanente de los usuarios, sean estos estudiantes, víctimas del hampa o de la pobreza, enfermos, clientes etc. También están controlados por los jefes, por las contralorías externas e internas y de servicios, por las metas y volúmenes de trabajo, generalmente cuantificables y verificables; sus horarios, descansos y permisos suelen ser más estrictos que para el resto de trabajadores de la misma organización.
Para los empleados más productivos, los salarios y los pluses son generalmente los más bajos. Esto por cuanto los funcionarios de recursos humanos son quienes fijan “técnicamente” los salarios y lo normal es encontrar en ese sector burocrático al personal mejor pagado. En investigaciones realizadas con alumnos, llamaban “ley de Lorenzo” a la afirmación: “En la Administración Pública, entre más alejado se encuentre el funcionario del ciudadano, mayor será su ingreso y menores serán sus responsabilidades y controles”.
Esto contribuye a que se desarrolle en el personal productivo un gran interés por trasladarse. Los inconstitucionales concursos internos, las reclasificaciones, las reasignaciones, las revaloraciones, unidos al desinterés general por establecer costos y controlar gastos, favorecen este proceso de traslado de funcionarios del sector productivo al sector burocrático.
Más burócratas. Desde la ley de Northcote Parkinson, de 1957, numerosas investigaciones confirman que el personal del sector burocrático tiende a crecer de manera exponencial. Países víctimas de excesos similares han desarrollado programas de traslado de funcionarios a los sectores productivos.
En la empresa privada, la competencia es el mecanismo de contención. Todo gasto forma parte del precio del bien o servicio y debe ser pagado por el consumidor. Este fenómeno se observa al comparar la burocracia en los centros educativos, de salud y los bancos públicos y privados.
La segunda causa del déficit son los privilegios irracionales de magistrados, diputados, presidentes ejecutivos, autoridades universitarias y otros, en salarios, pluses, prestaciones y pensiones. Todo creado sin ningún fundamento técnico. Este caos inmoral solo puede ser resuelto de la misma forma como fue creado: por decisión política.
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Es difícil tomar decisiones si el poder político se encuentra en manos de funcionarios cuya mente no ve más allá de la fecha para adquirir su pensión de lujo, pero al menos ya sabemos dónde se debe recortar el gasto público y no es en maestros, ni policías, ni personal médico, ni en los que atienden directamente al ciudadano.
El autor es profesor, exdirector de la Escuela de Administración Pública de la UCR.