El Gobierno, y en particular el ministro de Hacienda, Helio Fallas, dicen y repiten que el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos pide hacer tal o cual cosa en materia fiscal. Nunca había visto tanto respeto, o sumisión, a esa entidad multilateral como ahora.
Bienvenido el consejo de los técnicos del FMI y de otras escuelas; pero hemos de tener presente que estos asuntos son de nuestro resorte. Así lo han sido siempre y para muestra un botón.
En un librito de 128 páginas titulado Instrucción cívica: para uso de las escuelas de Costa Rica, del 7 de marzo de 1888 y que en 1926 amplió, don Ricardo Jiménez dejó elocuente constancia de su pensamiento sobre la organización del Estado costarricense desde 1821 hasta sus días.
El tiraje estuvo a cargo de la imprenta María V. de Lines. De él me permito entresacar algunas ideas en materia fiscal, en particular, las relativas a los tributos, a lo que le dedicó 14 páginas.
¿Se debe pagar impuestos? Claro, porque “la protección que el Estado da a todo habitante de la República y al desarrollo de la riqueza y cultura nacionales, a que activamente contribuye, exigen servicios públicos muy varios, en los cuales hay que emplear numeroso personal y hacer crecidos gastos”.
¿Quiénes deben pagarlos? Todos, porque “la justicia exige que todos estos servicios de los cuales cada uno de nosotros se aprovecha y que conducen directamente al engrandecimiento de la patria y a esparcir los beneficios de la civilización sean soportados por todos los habitantes, según sus fortunas y facultades”.
“De esta obligación –indica– solo deben estar excluidos los indigentes (cursiva en el original)”. E inmediatamente agrega: “Algunos pretenden que también lo estuvieran los que apenas gozan de pequeñas entradas. Esto es inadmisible: a todos se extiende la protección del Estado. La prosperidad del Estado significa también prosperidad aun de aquellos que viven del trabajo manual; porque el bienestar arriba produce mayor demanda de brazos, y en consecuencia mayores salarios”.
Deben tributar todos porque, además, el Estado ha tomado a su cargo “ciertos servicios de los cuales son los mayores beneficiados los que no pertenecen a las clases holgadas”. Y pone de ejemplo los servicios de educación, higiene pública, hospitales y hospicios.
Nada de deducción básica ni cosa por el estilo, pues “el sufragio universal obliga al impuesto universal (cursiva en el original)”. Este es el efecto espejo de uno de los móviles que llevó a la lucha por la independencia de los Estados Unidos, cual fue el que los colonos estaban sujetos al pago de impuestos sin tener representación en Inglaterra, donde estos se aprobaban. No taxation without representation!, fue su eslogan.
Flat tax. Como expresó don Ricardo, los impuestos han de ser “soportados por todos los habitantes, según sus fortunas y facultades”. Una posibilidad, indica, es que “cada contribuyente pagara un 15 o un 20 por ciento de su renta ”.
De aceptarse este esquema, internacionalmente conocido como flat tax y que muchos califican como una ocurrencia neoliberal, los ricos pagarían como ricos, los pudientes como pudientes y los pobres como pobres. ¿Qué más se puede pedir?
¿Y qué hay del fraude? “El que, por contrabando o por otro medio defrauda al tesoro, en realidad roba a sus conciudadanos” pues “el Estado no es más que la suma de todos los individuos”.
Don Ricardo Jiménez (como sus coetáneos) se opuso a la vagancia, a la que califica de delito, y a la ineficiencia.
¿Qué hacer, entonces, cuando el Gobierno despilfarra (en trochas, platinas, pluses, salarios, pensiones de lujo y bonos de vivienda que van a los familiares de quienes los otorgan, etcétera) los impuestos que con sacrificio sus representados pagan?
La respuesta de don Ricardo es que “si los caudales públicos son mal invertidos o dilapidados queda al pueblo o pedir el castigo del servidor infiel o buscar por nuevas elecciones mejores mandatarios”. Algunos hoy dirán que proceden ambas acciones.
Thelmo Vargas es economista.