Las manifestaciones del experimentado magistrado Jesús Ramírez fueron categóricas: existe un grupo de magistrados y magistradas “de nueva generación” que reclaman una oportunidad de aspiración para el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Los votos en blanco puestos de manifiesto en las cinco rondas de votación, para dicho cargo, confirman las sospechas que merodeaban los pasillos judiciales. En teoría, existen nueve integrantes de la Corte Plena que están en desacuerdo con las actuales candidaturas, promovidas por dos grupos “clásicos” conformados, en su mayoría, por experimentados magistrados y magistradas.
El surgimiento de ese grupo de “nueva generación” responde, en mucho, con los últimos nombramientos efectuados por la Asamblea Legislativo en los cargos que han quedado vacantes en la Corte.
Para mencionar algunos nombres, podemos citar el caso de la magistrada Doris Arias, Ernesto Jinesta y Paul Rueda, magistrados que si bien nadie duda de su grandes cualidades para estar sentados en las sillas que ocupan, sus edades distan mucho de apegarse a aquel sentimiento de que el máximo cargo de la judicatura debe ser ocupado por personas de vasta experiencia, en razón de su edad.
Recuerdo con claridad cuando don Édgar Cervantes Villalta –q.d.D.g– desde su silla de presidente de la Corte pregonó hasta la saciedad que las distintas salas de la Corte debían estar integradas por personas que hayan demostrado, a lo largo de sus años como profesionales en Derecho, la idoneidad y logros suficientes para ocupar la presidencia del Poder Judicial.
Tal parece ser que ese paradigma está a punto de quebrarse. Son muchas las personas que consideran que el cambio generacional, a nivel de Corte, debe iniciar, pues las ideas nuevas frente a los retos actuales que presenta la Administración de Justicia deben impulsarse a través de personas alejadas de los sistemas clásicos.
El magistrado Vega Robert, hasta cierto punto, ha venido manifestando su preocupación por la falta de consenso que radica en pasillos de la Corte. No deja de tener razón, don Rolando, en el sentido de que esa problemática afecta la consecución de objetivos a corto y mediano plazo, pero también es lo cierto que el diálogo abierto y franco debe prevalecer por parte de los dos grupos “clásicos” hacia los integrantes de la “nueva generación” en pro de los intereses públicos que reviste la función judicial.
Ejercer el poder, simplemente por detentarlo, no lleva a ninguna parte. El poder debe ser visto como una herramienta de servicio hacia quienes dependen de la función encomendada por la propia Constitución y la Ley, de tal forma que la visión futurista e innovadora por parte de otras personas que desean brindar su aporte, desde la silla de la presidencia de la Corte, debe ser vista con ojos de optimismo, con miras a impulsar un proceso de modernización y agilidad de los distintos procesos y políticas judiciales.
Queda poco tiempo para la nueva votación, por lo cual espero –así como buen número de costarricenses– que la encrucijada que enfrenta la Corte Plena pueda ser resuelta por sus miembros apelando a la humildad y la sabiduría que todo máximo juez de la República debe entrañar como valores.