Que los jueces puedan tomar sus decisiones sin recibir presiones ilegítimas no solo es esencial para que un proceso sea justo; es, además, un verdadero pilar de toda democracia. Por eso la suspensión del juez Baltasar Garzón genera angustia internacional. Y lo preocupante es que, por similares motivos, una sonada resolución de la Corte Plena costarricense provoca el mismo sentimiento. Comparemos.
En el caso del juez Garzón, el funcionario hizo una lectura legal que cabe como una de las posibles y no ha sido descartada por el Tribunal Constitucional (TC). En España ninguna norma ni tribunal prohíbe la manera en que el jurista sancionado entendió esa regla. De hecho, el propio Tribunal Supremo (TS) –que juzgó a Garzón– reconoció que la polémica resolución adoptada por el juez –que le costó ser condenado de prevaricato– fue dictada efectuando una de las interpretaciones que la norma podría soportar como razonable y que es compartida por algún sector de la doctrina, aun cuando no es la lectura que el TS hace – ni la que yo personalmente comparto, pues viola el derecho de defensa del imputado–.
Entonces, Garzón dictó una resolución que no tenía una adecuada fundamentación y que simplemente no seguía la corriente doctrinaria del TS. Así, la resolución, contraria al ordenamiento, debía ser anulada, pero nada más. Garzón no prevaricó, pues su lectura nunca fue abiertamente contraria a la letra de la ley. Su interpretación era posible y el propio TS español lo reconoce. De ese modo, eso excluía de inmediato la posibilidad de que se configurara el delito de prevaricato. En consecuencia, lo que se sancionó fue el análisis que, siendo jurídicamente posible, efectuó un juez de una norma, por ser este contrario al que el TS español hace. Se castigó a un juez por tener un criterio distinto e independiente del que maneja el órgano que lo sancionó. Se dinamitó así la independencia judicial.
En Costa Rica. El Poder Judicial patrio tomó una ruta similar que hace el mismo daño. En el artículo II de la sesión extraordinaria número 037-2011 de Corte Plena, se sancionó a la jueza Kathya Jiménez, como producto de un procedimiento administrativo seguido por la comisión de un error grave e injustificado en la administración de justicia. La jueza no interpretó las causales para la imposición de medidas cautelares como la Corte Plena lo hace y, aunque en el acta constan las manifestaciones de varios magistrados quienes insistieron en la probidad y sobrada honorabilidad de esta funcionaria, fue castigada por leer la ley de una manera distinta a como lo hace la Corte, aunque perfectamente posible.
Casos comparables. En ambos casos, las actuaciones de los sancionados podían ser enmendadas a través de los remedios que el ordenamiento dispone para impugnar las decisiones de los jueces.Y, en ambos casos, tanto el TS español como la Corte Plena, persiguieron fines loables. En uno, asegurar el derecho de defensa de los imputados en el caso del juez Garzón; en el otro, la posibilidad de que el Estado se asegurara la potestad de enjuiciar a los presuntos responsables de narcotráfico. Sin embargo, persiguiendo esos fines, ambos órganos colegiados bombardearon la independencia judicial pues censuraron las interpretaciones de la ley realizadas por los juzgadores castigados, debido a que no las compartían.
El daño es inmenso, pues los ciudadanos debemos tener plena certeza de que los jueces interpretarán las normas solo de acuerdo con su análisis de ellas, nunca bajo la amenaza de ser sancionados por realizar interpretaciones distintas a las que podrían hacer otros juzgadores. Los ciudadanos deberíamos levantarnos y exigir que la independencia judicial sea respetada, no porque le convenga a los jueces, sino porque cuando nos veamos inmiscuidos en un proceso judicial desearemos toparnos con un juez independiente e imparcial, que no tome sus decisiones bajo el temor a una sanción producto de sus interpretaciones.
La independencia judicial hay que defenderla incluso cuando no compartamos las interpretaciones del juez, porque, parafraseando a un buen amigo periodista, defender la independencia judicial solo cuando me conviene es como defender la libertad de expresión solo cuando los demás piensan igual que yo. No tiene nada de valioso.Y ustedes, jueces, levántense; alcen la voz. Defiendan la independencia judicial y actúen solo conforme a la ley, porque la democracia –maltrecha – está esperando a que ustedes reconstruyan el pilar que ahora mismo les están dinamitando.