Las comunidades de las zonas costeras de Puntarenas, Limón y Guanacaste son, de acuerdo con todos los indicadores socioeconómicos, las que presentan el menor grado de desarrollo.
Los índices de desempleo y pobreza, los parámetros relacionados con la educación, la salud, o la vivienda, así como aquellos que tienen que ver con el acceso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, o con las oportunidades culturales y artísticas, son absolutamente desiguales entre las zonas costeras y el sector central del país.
Esta vergonzosa y dolorosa diferencia tiene su causa en el abandono de nuestros litorales a la hora de formular las políticas públicas y en un desfasado e injusto esquema de desarrollo que desde siempre ha privilegiado al Valle Central.
Para acabar con tal desigualdad, o al menos reducirla, es necesario que en las estrategias políticas de desarrollo se plantee y se ponga en práctica una regionalización integral de los esfuerzos públicos en reemplazo de la anacrónica y predominante modalidad centralista; asimismo, que se ejecute una estrategia que conjugue y armonice la capacidad de iniciativa de los principales recursos políticos de esas comunidades con la voluntad de las autoridades gubernamentales, y que se planifiquen e impulsen esfuerzos y acciones tendientes a mejorar el nivel de vida de sus habitantes.
Replantamiento. Es urgente replantear nuestro esquema de desarrollo, de tal modo que sea más solidario, que realmente sea “nacional”, para concretar una mayor inversión pública en las zonas costeras que facilite la atracción de inversiones privadas, aspecto esencial para dinamizar sus economías, generar empleos, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de sus pobladores.
Desde hace algunos años he afirmado y propuesto, en las páginas de este Foro, que para mitigar los múltiples problemas que padecen esas comunidades es necesario elaborar y poner en ejecución un plan integral que involucre a las diferentes instancias públicas que tienen responsabilidades en su atención y que potencie, con acciones a corto, mediano y largo plazo, las alternativas de desarrollo que ofrecen estas zonas.
En su elaboración y puesta en marcha, se debe promover la participación de la ciudadanía organizada, de los líderes locales, con el propósito de aprovechar el conocimiento directo, personal y profundo de la problemática que debe atenderse y solucionar, con el acompañamiento y la asesoría de un equipo profesional, multidisciplinario, que se encargue de los aspectos técnicos y logísticos.
El plan debe estar dirigido a fomentar, planificar e impulsar proyectos y acciones del sector público en esas zonas y a atraer las inversiones privadas que incentiven y hagan crecer actividades como la turística, la pesquera, la industrial, la portuaria o la exportadora, así como los diversos negocios y encadenamientos productivos que se generan alrededor de ellas.
Para garantizar la viabilidad y el éxito del plan, es fundamental que quien conduzca el proceso tenga el liderazgo político, la influencia y el poder suficientes para que su labor sea eficaz, que su autoridad emane directamente de una decisión del presidente de la República, puesto que la voluntad política y el respaldo del más alto nivel del gobierno es absolutamente indispensable, que sea un funcionario que tenga la jerarquía adecuada. Una especie de comisionado presidencial o ministro sin cartera para que pueda interactuar, de igual a igual, con ministros, presidentes ejecutivos y altos servidores del Estado.
Tema electoral. Retomo y reitero esta propuesta porque creo oportuno que en el proceso electoral se aborde este problema con seriedad, se analicen las limitantes que ha tenido el desarrollo de estas zonas, las causas por las cuales sus habitantes son los que menos se benefician de la riqueza que generamos como colectividad nacional, que se conozcan las ideas y los proyectos que, para revertir esta adversa situación, proponen quienes aspiran a gobernar el país en el período 2018-2022.
Los puntarenenses, los limonenses y los guanacastecos debemos exigirles a los candidatos y a los aspirantes a una curul por nuestras provincias el compromiso de ponerles fin a la desatención, al abandono y a la injusticia de tantos años.
El país tiene una deuda moral con los habitantes de las zonas costeras que debe ser saldada sin más dilación.
El autor es exembajador.