Las cifras comparadas del BID, la Cepal y el Banco Mundial plantean que Costa Rica tiene una carga tributaria (13,6% del PIB), una presión fiscal equivalente (21,5%) en la que se incluyen todas las tarifas y cargas de pago obligatorio, como la Caja Costarricense de Seguro Social. Estas cifras son inferiores a las de los países de América Latina de desarrollo semejante, o mayor.
La carga tributaria por persona es mucho mayor acá que en países de desarrollo humano medio o bajo como casi todo el resto de Centroamérica, incluida Panamá. Panamá anula la desventaja con la renta del canal.
Por persona, en Costa Rica los impuestos son de cerca de $600 menores que los países de igual desarrollo humano, según el Estado de la Nación.
Los niveles de progreso social, según el índice promovido por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), nos persuaden de que el país ha avanzado en este tema con una eficiencia general más que proporcional al producto, al igual que el desarrollo humano.
En esta discusión, las cifras generales solo pueden ser invocadas para argumentar en favor de un incremento del financiamiento público. Salvo que se tergiversen o se usen malos indicadores. Pero eso no es lo único que interesa, como me han replicado. Efectivamente, no es lo único.
En este marco de discusión fiscal, ha cobrado gran relevancia el tema del gasto. A ratos pareciera que el gobierno no entiende que no se trata de establecer recortes radicales, lo que me recuerda una experiencia.
Caso argentino. A principios de los años 90, enfrenté el reto de participar en un grupo técnico que evaluó un programa de asistencia a los sectores sociales en Argentina, con el que se desmontaron muchas cosas esenciales del Estado de bienestar.
En ese marco, recuerdo una entrevista con un técnico de la unidad ejecutora de ese programa como si fuera hoy. Me dijo, usando una metáfora: el Estado argentino tenía un sobrepeso muy importante; entonces se procedió a cortarle una pierna, un brazo y se le sacó un ojo. Luego lo pesaron y, efectivamente, pesaba mucho menos.
Nuestro trabajo como evaluadores pudo fundamentar la base de esa metáfora. Por ejemplo, lo oficina de estadísticas y censos (la que en su tiempo fue ejemplo y fuente de asistencia para muchas de las que se formaron en América Latina) estaba sin técnicos informáticos y estadísticos; estos se habían acogido a un programa de tipo movilidad voluntaria.
Se había quedado con personal auxiliar y ya no podía procesar la encuesta de hogares, ni siquiera publicaba en esos años las estadísticas de empleo, ni qué decir de pobreza.
Documentamos cómo el sistema de salud de un plumazo dejó de ser federal y pasó a ser responsabilidad de los gobiernos de cada provincia, sin diseñar los sistemas de entrega al usuario final, ni cómo se manejaría, ni con qué recursos operaría. También encontramos cómo, de repente, los sistemas de pensiones fueron intervenidos o suspendidos draconianamente y el suicidio de pensionados comenzó a ser una causa de muerte relevante.
En fin, el Estado argentino estaba gordo, pero esa no era la forma de resolverlo.
El gobierno de Costa Rica no tiene ese nivel de sobrepeso, ni goza de los recursos del argentino que llevó a la situación descrita, ni enfrenta una hiperinflación galopante, ni requiere tal locura de recorte. Tampoco tiene un sistema político dispuesto a pagar el costo de medidas draconianas, ni desencadenar una crisis con su inacción. Al menos eso espero y calculo.
Así que mejor ganar confianza y sacrificar tretas para obtener resultados pírricos.
Ajustar medidas. El camino es arduo y de mucho detalle. Dieta y ejercicio. Pues necesitamos mejor Estado, más musculoso y especialmente funcional.
Desesperadamente, necesitamos funcionalidad y servicios de calidad en muchos campos como infraestructura, banca de desarrollo, política cambiaria, control de la evasión y de la elusión, entre otros muchos. También bastantes menos automatismos de crecimiento, especialmente en tiempos de desaceleración económica.
Por eso es que he mencionado al esbozar criterios para una reforma fiscal que es necesario: clarificar y ajustar medidas para el logro de la eficiencia en la entrega de servicios públicos de calidad por parte del Estado, en particular del gobierno.
Esto supone un efectivo seguimiento del desempeño y asociar los incentivos a los buenos resultados institucionales y personales, bajo la responsabilidad de la Contraloría y la Defensoría, los que son auxiliares de la Asamblea Legislativa. También emprender una reforma del Estado criteriosa que no sacrifique a la población, eso sí, que nos coloque en una senda de bienestar y competitividad.
El autor es economista.