De nuevo este año, en la página 5A del periódico LaNación (15/03/2011) aparecen datos relacionados con la denominada deserción escolar, la cual debe ser considerada como un verdadero crimen que el Estado costarricense comete en contra de toda nuestra sociedad. Los resultados de la deserción son superiores a los 50.000 estudiantes, y esto se observa como normal, inclusive el señor Ministro muestra euforia porque entre el año 2009 y el 2010, hubo una mejoría de 2.630 estudiantes.
Sin embargo, en condiciones similares, durante los periodos gubernamentales que posiblemente el jerarca se encuentre a la cabeza del Ministerio de Educación (ocho años), los desertores llegarán a las 400.000 personas.
¿Desertores? Frente a este problema, el primer análisis que se podría llevar a cabo es el relativo con el lenguaje: ¿son los niños, niñas y jóvenes que abandonan las escuelas o los colegios realmente desertores? De acuerdo con la definición que plantea el Diccionario de la Real Academia Española, no deberían ser denominados de esta manera, porque “desertor” significa: “soldado que desampara su bandera”. En este caso, ningún estudiante hace abandono de su bandera; lo que realmente sucede es el desarrollo de un proceso de exclusión paulatino cuyo resultado final es el abandono de la educación denominada como formal.
El empleo del verbo ‘excluir’ implica, según el citado diccionario: “quitar a alguien o algo del lugar que ocupa”. Y esto, efectivamente es lo que sucede en el proceso educativo costarricense. En esta lógica, si se emplea el concepto de desertor , la responsabilidad cae directamente sobre los estudiantes, a los cuales se les considera incompetentes para permanecer dentro del sistema. En cambio, al utilizar el proceso de excluir, implica que existe un proceso tendiente a sacar a las personas y a marginarlas del sistema educativo.
Cuando se analiza con una visión más penetrante el origen social de los “excluidos”, en un altísimo porcentaje éstos coinciden con los grupos pobres del país. Aquellos estudiantes que provienen de familias con un índice educativo familiar bajo, en dónde el modelo pedagógico familiar no incluye el lenguaje y las prácticas sociales que se abordan en el currículo de las escuelas y colegios. Por ejemplo, en estas familias no hay libros en los hogares, se lee un periódico popular quizá una vez a la semana, el lenguaje empleado es escaso y concreto, el análisis de los problemas obedece a un pensamiento simple, los diálogos son acerca de las cosas y las personas sin llegar a las ideas, los comportamientos oscilan entre la excesiva timidez o la agresividad. Con estas características, los niños, niñas y jóvenes de los grupos populares (y sin considerar sus potencialidades como la creatividad para sobrevivir en un contexto adverso) arriban a los centros educativos, a competir, con pares que provienen de la clase media del país, acostumbrados al lenguaje y las costumbres que se practican en las escuelas y colegios.
En este hecho, se produce una diferenciación profunda del “conocimiento previo” que tienen los participantes y que los administradores y los mismos educadores no consideran seriamente. Estos últimos piensan que todos los estudiantes son iguales y frente a este supuesto, empieza el proceso de exclusión para quienes no manejan los códigos linguísticos y sociales de los centros educativos. El proceso de exclusión se fortalece por medio del denominado “currículo oculto”. En este caso, una serie de lineamientos (por ejemplo Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes) y prácticas que sin querer queriendo están destinadas a marginar a los niños, niñas y jóvenes que no practican la cultura impuesta por el centro educativo.
Cambio conceptual. Este problema no se resuelve con becas, aunque estas son fundamentales; requiere un cambio de concepción que ponga en práctica una pedagogía verdaderamente transformadora de cada ser humano, no por medio de un proceso de competencia, sino asumiendo las características de cada niño, niña o adolescente, para desde allí conducirlo a las mejores condiciones de desarrollo personal, sin permitir por ningún motivo su abandono de los espacios educativos.
Que nadie se quede atrás, que ningún estudiante deje de formarse, debe ser el ideal. Para ello, es necesario borrar del lenguaje educativo el concepto de “desertor”.