En todas las economías desarrolladas, el sector público y su importancia como agente económico no han parado de crecer en las últimas décadas.
En principio, las intervenciones públicas están destinadas a solucionar las imperfecciones o fallas del mercado; a la vez, dichas intervenciones generan ciertos problemas que es necesario afrontar.
En primer lugar, debe decidirse sobre su conveniencia y probablemente, a posteriori , elegir entre varias alternativas que se consideren deseables, dada la característica condicionante de todo problema económico: la escasez.
Pese a que se ha discutido mucho sobre el papel del sector público en las economías de mercado, actualmente la mayoría de las escuelas de pensamiento, en mayor o menor grado, admiten su presencia en ciertos eventos económicos.
Es difícil idear un país avanzado en el que desaparezca repentinamente el denominado Estado de bienestar, con sistemas públicos de protección social tales como la educación, la asistencia sanitaria, las pensiones o el subsidio de desempleo, por citar algunos.
Si se acepta el papel económico del sector público, debe aceptarse también la necesidad de algún tipo de organización de la actividad, de manera que pueda verificarse que las acciones van encaminadas, efectivamente, a conseguir mejorías en el bienestar del conjunto de la sociedad a la que representan. Por ello, es imprescindible alguna técnica o conjunto de técnicas para la evaluación de políticas y proyectos públicos, como una especie de exámenes-país que permitan no solo evidenciar los resultados, sino también las posibles mejoras.
La OCDE. La reciente oficialización por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) le permite a Costa Rica iniciar su camino formal a la adhesión a esta importante organización, y representa con ello un gran logro para nuestra nación.
Este espacio es el resultado de un arduo proceso iniciado durante la administración de la expresidenta Laura Chinchilla y apoyado por el actual gobierno, que permite no solo evaluar la gestión de Costa Rica –en múltiples aspectos– ante los más altos estándares internacionales, mediante la revisión permanente, sino que además es un foro para el aprendizaje e intercambio de las buenas prácticas.
La discusión que tengamos hoy sobre el desarrollo obliga a que sea distinta a la de otros tiempos: debe ser una discusión más respetuosa, más plural, más democrática, en el buen sentido. Se tiene que procurar una conversación que reconozca que el mundo desarrollado no tiene ni el dinero para imponer un camino hacia el desarrollo, ni el monopolio de las buenas prácticas para imponer política pública.
La conversación sobre el desarrollo ha cambiado, pero más la discusión sobre la cooperación para el desarrollo, que, frecuentemente, venía en forma de transferencia de dinero y con una serie de condiciones. Hoy tiene como eje fundamental la transferencia de conocimiento y el aprendizaje mutuo, algo que cambia bastante el esquema con el que se venía operando desde hace tiempo.
Bienestar para todos. La OCDE permite estos cambios, adaptándose a las reglas del sistema internacional y a la realidad, y busca que los países generen mecanismos para conocer, discutir y difundir las prácticas exitosas que posibilitan esa transferencia de conocimiento y modernización del Estado, y mejoran la confianza en el país pero, sobre todo, el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos.
La revisión de la gobernanza pública presentada ante la OCDE el pasado 24 de abril, cuya coordinación inicial estuvo a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica desde la pasada administración, busca evaluar a Costa Rica en diversos aspectos clave, tales como recursos humanos en el sector público, monitoreo y evaluación, presupuesto y planificación, centro de gobierno, gobernanza multinivel e integridad en la contratación pública.
Este ejercicio busca que nuestra política pública vaya mucho más allá de lo que hasta ahora hemos implementado. Es urgente que el país continúe por la senda que, con sentido pragmático y vocación inclusiva, persigue políticas de desarrollo sensibles a los desafíos y las oportunidades particulares del país, que fortalezcan el ejercicio público y guíen al Estado costarricense a buen puerto.
La autora es exviceministra de Planificación Nacional y Política Económica