Esta podría ser la intención de algunos, pero no será tan fácil porque es una de las fuentes de la paz social del país, como lo son la Iglesia, la educación y el Estado de derecho, entre otros. El constituyente de 1949, en el preámbulo de la Constitución Política, “e invocando el nombre de Dios”, consagró estas fuentes en el cuerpo constitucional.
En cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el artículo 73 de la Constitución la contiene. Proviene del Título V, relativo a las Garantías Sociales, Capítulo Único. Con la promulgación de las Garantías Sociales, en esa misma época se dictó el Código de Trabajo de 1943, gracias al acuerdo tripartito del presidente de la República, Rafael Ángel Calderón Guardia, al arzobispo de San José, Monseñor Víctor Manuel Sanabria, y de Manuel Mora, fundador del Partido Vanguardia Popular.
Y gracias también a la ingente labor de redacción del Código, a cargo de Óscar Barahona Streber.
Patrimonio. No puede negarse: la salud pública es un principalísimo e insustituible patrimonio de los costarricenses, destinado a enriquecerse en el siglo XXI. La Caja es una institución que nació para quedarse. Nada impide una expansión continua del seguro social, según lo consagra el artículo 74 de la Constitución Política.
Con este precedente, asistí a una conferencia sobre la CCSS, organizada por la Universidad Técnica Nacional (UTN), sita en Alajuela. Estuvo a cargo de tres médicos “cajistas”, defensores, por tanto, de la salud pública. Entre los tres sumaban 134 años de servicios continuos, poseedor, cada uno, de su especialidad. Se habló de muchas cosas: incapacidades, pago de cuotas, colas, esperas, compra de servicios privados, medicinas… Basta con hacer referencia a algunos temas sobresalientes. Por ejemplo, el afán de algunos médicos de privatizar la Caja. Esto me recuerda el mismo propósito de algunos médicos españoles, empeñados en privatizar seis hospitales de Madrid. Como las intenciones son contagiosas…
Empobrecida. Sin excluir la existencia de la medicina privada, los referidos expositores no se oponen a su expansión, sino a la transformación de la Caja en detrimento de la salud pública. Ahora bien, como la ley orgánica del seguro social goza de poder reglamentario o facultad de reglamentar su propia ley constitutiva, la institución, en lo referente a la cuota tripartita señalada en el artículo 73 constitucional, redujo la del Estado a 0,5 en vez de 3,5. Tal contribución, a pesar de ser “forzosa”, debilita el sistema financiero. La excusa puede ser válida: el Estado carece de los recursos suficientes para pagar. También carece de la fuerza suficiente para cobrar las cuotas patronales. Ambas razones la han convertido en una institución empobrecida, pero no proclive a la privatización.
Servicios privados. Un asunto muy comentado fue la compra de servicios privados por parte de la Caja. La cifra llega a $10 millones por año. Según los expositores, esta cifra millonaria serviría para, acumulada, construir hospitales regionales, o para repararlos, remodelarlos o proveerlos de los mismos servicios comprados. Esta desviación de recursos hacia la medicina privada desnaturaliza a la institución y, en cierto modo, contraviene el artículo 73 constitucional.
Otro aspecto destacado de dicha exposición tuvo que ver con el presidente de la República, Rodrigo Carazo, durante su gobierno (1978-1982). Dos altos funcionarios internacionales lo visitaron y le pidieron suprimir uno de los tres hospitales de la capital, por ser hospitales del Primer Mundo, y no así el país. Esto se lo contó el mandatario a uno de los médicos expositores. El presidente los saludó cortésmente, los despidió, les abrió la puerta de su oficina y no cerró ningún hospital.
Al final de la conferencia vino la mención del Dr. José Néstor Mourelo y Vila, gran promotor de la salud pública y el primer director del Seguro Social de Alajuela. Como con frecuencia recetaba las últimas medicinas creadas, y la Caja no las tenía, lo sancionaban trasladándolo a Grecia, Carrizal o Santo Domingo. Así lo contó su hijo, del mismo nombre. El Dr. Mourelo, de esta forma, contribuyó a abrir el camino para que hoy la Sala Constitucional le ordene a la Caja la compra de las últimas medicinas eficaces. Este médico, por último, fue despedido de su cargo, ganó la demanda laboral y no fue restituido. Esta y muchas historias más confirman la defensa de la medicina pública en Costa Rica, según lo ha puesto ahora de manifiesto, con las mejoras logradas, la administración Chinchilla Miranda.
La CCSS es la institución pública preferida de los costarricenses y merecerá siempre que se la defienda y se la mejore, o sea, que permanezca siempre con hospitales del Primer Mundo.