En relación con la inminente aprobación del proyecto de ley que prohibirá las terapias de conversión, cuando menos me llamó la atención, como profesional en derechos humanos, la argumentación en contra esgrimida por la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), precisamente considerándola contraria a los derechos humanos, lo cual me obliga a puntualizar diversos puntos.
En primer lugar, la abundante evidencia científica que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a eliminar la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales en 1990 y la extendida condena y la proscripción de estas prácticas alrededor del mundo son fundamento suficiente para prescindir de la idea de que una intervención psicológica es necesaria en una persona por su orientación sexual; básicamente, no se puede curar a alguien si no está enfermo.
Pero al margen de lo anterior, la FAEC arguye que se pisotea un tal derecho humano al “cambio” y una búsqueda de “apoyo emocional, espiritual y médico para trabajar la identidad sexual”.
Esos eufemismos, los cuales mezclan en su comunicado con principios religiosos, parten de una interpretación errónea del fundamento propio de los derechos humanos, que se basan en la autonomía, dignidad e integridad de todas las personas, en cuenta las LGBTIQA+, ya que se dirigen a que tienen que dejar de ser quienes son, en lugar de enfocarse, en consonancia con los derechos humanos, en la reafirmación y confianza de su propia identidad, sin la intervención de terceros que, apoyados en pseudociencia o interpretaciones religiosas, consideran que están mal siendo las personas que son.
Dicho de otro modo, las terapias de conversión atentan contra la dignidad como el principio fundamental de los derechos humanos, entendida como la capacidad de desarrollarse a partir de la propia identidad, libertad y autodeterminación; y esto es así porque las terapias no parten de comprender y estimular la libertad de identidad, sino del juzgamiento y condena de toda orientación e identidad sexuales y de género que no calce con lo que los grupos detrás de tales terapias consideren correcto.
Por otra parte, estas terapias,al sustentarse en la idea errónea de que la homosexualidad o la bisexualidad son trastornos mentales, concluyen que requieren tratamiento, lo cual atenta contra el bienestar psicológico de las personas, pues estigmatiza y deslegitima su identidad y sus relaciones, ya que, como demuestran diversos estudios, pueden causar daño psicológico significativo, como depresión, ansiedad, culpa y vergüenza.
Asimismo, como afirman contundentemente diversos organismos, como la mencionada OMS, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, estas terapias son “inherentemente discriminatorias, crueles, inhumanas y degradantes y que, según el grado de dolor físico o mental infligido a la víctima, pueden equivaler a formas de tortura”, lo cual las ubica, sin duda alguna, en primera línea de violaciones a los derechos humanos más básicos.
De forma ciertamente creativa, la FAEC también apunta que la prohibición de estas terapias es una violación de los derechos de los profesionales que las aplican.
Sobre esto, si bien los profesionales de la salud mental tienen derechos laborales y libertad de ejercicio profesional, tales derechos no pueden usarse para justificar prácticas que violan los derechos humanos de otras personas.
Los códigos éticos y deontológicos de la profesión médica y de salud mental prohíben la participación en prácticas que causen daño a los pacientes, además de que deben partir del principio de no maleficencia, el cual establece la obligación de los profesionales de la salud de no causar daño a los pacientes.
La corriente internacional está clara, y el proyecto de ley va por una senda acorde con el respeto de los derechos humanos y el sentido común.
josedaniel.rodriguez@ucr.ac.cr
El autor es politólogo, especialista en estudios avanzados en derechos humanos y profesor en la Universidad de Costa Rica (UCR).
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