Reiteradamente, se nos quiere hacer creer que el derecho al voto de las mujeres fue algo así como una maravillosa ocurrencia de don Pepe, un regalo de los constituyentes o una magnánima obra del propio Partido Liberación Nacional (PLN). Desde inicios del siglo XX, las maestras, las estudiantes, las amas de casa, las pocas profesionales que había en el país, y por supuesto organizaciones como la Liga Feminista Costarricense desde 1923, lucharon incesantemente por reformar la ley electoral para que las mujeres pudieran votar. No fue nada fácil; se mofaron de ellas, las insultaron y pasaron tres décadas para que al fin les reconocieran ese básico derecho. Aun sin poder votar, siempre defendieron con todas su fuerzas la institucionalidad y la pureza del sufragio. Hitos en la historia del país son los hechos de 1919 contra el gobierno Tinoco, en los que la participación femenina fue determinante. Pero no les mereció el voto.
No tan prolíficos. La campaña política de 1923 fue de amplia participación femenina y no les mereció el voto. En 1943 y 1947, las mujeres lanzadas en las calles luchando por el sufragio limpio y contra el fraude, no les mereció el voto. La revolución de 1948, de gran participación femenina en ambos bandos, una historia también oculta en cuanto a las mujeres, por poco y no les merece el voto a los ojos de los políticos.
Fueron tres las primeras diputadas electas en el país en 1953. Pareciera que solo es importante doña Teresa Obregón, por ser la madre del ingeniero Dengo, quien hoy apoya a la candidata Chinchilla. Pero no se señala que las otras dos fueron Ana Rosa Chacón, feminista sufragista que, junto con Ángela Acuña y las maestras, desempeñaron un papel fundamental por los derechos de las mujeres, y doña Estela Quesada, quien fue ministra de Trabajo durante la administración Carazo.
El PLN es el único partido con vida continua desde 1953 por lo que es de esperar que eligieran mujeres desde entonces. Sin embargo, no han sido tan prolíficos: 54 diputadas en trece elecciones; es decir, en un plazo de 56 años. Un bajo promedio sin duda, sobre todo si lo comparamos con el Partido Acción Ciudadana (PAC) que en solo dos períodos electorales (la primera vez que participamos fue en el año 2002) logramos elegir 15 diputadas; esto es, el cincuenta por ciento de las dos fracciones legislativas que hemos llevado a la Asamblea Legislativa. El PAC ha logrado 31 curules legislativas y 15 han sido ocupadas por mujeres.
Fácil es desvalorizar y ocultar que han sido las mujeres desde sus movimientos sociales, las que han estado impulsando los cambios constitucionales y legales necesarios para hacer cumplir los derechos de todas. Por eso, en nuestro criterio, no interesan tanto las “ilustres” mujeres que acceden al poder político, sino aquellas que hacen lo correspondiente por defender de verdad los derechos y demandas de las mujeres. Aquellas que reconocen que llegan a esos puestos gracias a las cuotas mínimas que fija la legislación electoral o la paridad que establecen los estatutos partidarios, como en el caso del PAC, y que, con coherencia, se comprometen a la búsqueda de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Movimientos determinantes. No se puede desconocer que los movimientos de mujeres y feministas han sido determinantes para los grandes cambios en la legislación nacional e internacional. La enorme presión y cabildeos de las mujeres hicieron posible que en instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas se aprobara la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de 1993 reconociera la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos. Que en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, se aprobara la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
En Costa Rica, las organizaciones de mujeres han tenido a su cargo la tarea de convencer a políticas y políticos de ratificar los instrumentos internacionales de derechos de las mujeres, y de crear la legislación nacional necesaria para la aplicación de estos convenios.
Los diputados, los políticos y los partidos políticos, por sí solos, no serían los artífices de estos cambios normativos tan importantes para el cumplimiento efectivo de los derechos de las mujeres. Que una vez aprobada esta legislación, tras años de oponerse a ella, se rasguen las vestiduras para atribuirse ser los adalides de las reivindicaciones femeninas es ¡pura politiquería!