Si comprendemos los derechos humanos hoy, a partir de la dignidad y de la igualdad, debemos descartar cualquier diferencia entre hombres y mujeres, porque no existe y porque ninguno es menos o más que el otro. Dejamos en el pasado la sumisión y el servilismo al varón y nos enfocamos en un nuevo momento – a partir de la segunda mitad del siglo XIX– que exige el cumplimiento de los derechos humanos sin distinguir sexo, edad y otras variables que condicionan la vivencia humana.
Sin embargo, debemos aceptar que persiste el irrespeto “crónico” a los derechos de las mujeres. Esto pese a que superamos muchas visiones dogmáticas y que hemos avanzado rompiendo tradiciones patriarcales odiosas; pero aún no es suficiente.
Veamos como ejemplo –entre muchos– la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 (en Pekín). Ahí, hace más de quince años, se reafirmó que el disfrute pleno e igualitario de los derechos humanos y las libertades fundamentales por la mujer y la niña, era una prioridad para los Gobiernos, las Naciones Unidas y para el desarrollo mismo de la mujer.
Progresos insuficientes. Se dijo, además, que los Gobiernos debían promover y proteger los derechos de las mujeres, tanto como abstenerse de violentarlos. Pero en el caso costarricense nos preguntamos: ¿qué hemos hecho en todos estos años? ¿Cuánto hemos avanzado? Al observar el entorno social inmediato e ir a los datos, pareciera que falta avanzar.
Para la Defensoría de los Habitantes, estamos ante una ruta crítica en materia de derechos de las mujeres. Así lo hemos dicho y con enorme preocupación, pues tenemos grandes problemas que se están enraizando en la estructura social y que corren el riesgo de ser percibidos como cotidianos, permanentes y, peor aún, normales, cuando en realidad no lo son y más bien se constituyen –por su odiosa regularidad– en flagelos sociales que deberían desaparecer.
El irrespeto de los derechos de las mujeres se vive cotidianamente en la esfera pública y en la privada; en el mundo de las empresas, de las instituciones y también en la familia. Veamos. Son cada vez más, las muertes de mujeres a manos de sus cónyuges o compañeros; existen dificultades en los procesos de pensiones alimentarias; las denuncias por hostigamiento sexual en el empleo y la educación aumentan cada día; sufren el endoso de la responsabilidad en el cuido de hijos e hijas, y, además, si están embarazadas, también son víctimas de la discriminación laboral.
Pero los problemas no terminan ahí. Existe restricción de derechos en el área de salud por la condición de género y en la Defensoría tenemos casos al respecto. Las mujeres sufren la lentitud de las respuestas a exámenes médicos de mama, esperan largamente por una mamografía, donde además, existe un reglamento que asigna procedimientos diferenciados en razón de la mama que padece un cáncer, aun en detrimento del criterio médico.
Trabajo pendiente. De tal forma, todavía hay demasiado trabajo por hacer. Las mujeres debemos vivir libres de cualquier forma de violencia y discriminación y, para ello, deben existir acciones estatales articuladas, sistemáticas e integrales; pero aún no las tenemos. Son necesarias –por mencionar solo unos ejemplos– interpretaciones adecuadas en las normas para combatir el hostigamiento sexual y la violencia intrafamiliar.
Urgen también, reformas legales en otros ámbitos de la discriminación, en materia laboral de derechos de las trabajadoras con ocasión de la maternidad y la corresponsabilidad del cuido' y urgen muchas decisiones más que tampoco tenemos a la vista en el futuro inmediato.
Hoy, no existe una propuesta concreta que ordene prioridades de intervención ni sus procesos. Por eso hablamos de un problema “crónico” y de una ruta crítica en materia de derechos de las mujeres; por eso, apelamos al buen juicio, a la decisión acertada y coherente, a la premura y a las reivindicaciones reales, que nada tienen que ver con la lástima o la compasión y sí mucho con la justicia y la igualdad.