Durante el 30 de octubre y 2 y 3 de noviembre, La Nación presentó varias notas relacionadas con el cobro judicial en Infocoop, vinculándolo con cuatro organismos cooperativos, de los cuales tres estaban en ejecución de dicho cobro al salir el primer reportaje, lo que era de conocimiento del periodista.
Para contextualizar este tema, es preciso advertir que cuando la Junta Interventora ingresó en marzo pasado encontró un área de cobro judicial totalmente desmantelada, con una funcionaria a medio tiempo llevando a cabo más de 900 procesos judiciales. Antes de la modernización del 2011, había 16 personas contratadas por servicios profesionales para efectuar esta función. Al reconocer tal vacío, pedimos a la Autoridad Presupuestaria un incremento de plazas, pero se nos dijo que mientras estemos reestructurando el Infocoop no sería posible.
Asimismo, nos encontramos alrededor de 20 entidades cooperativas con incluso más de dos años de atrasos en sus operaciones de crédito, o bien, a punto de ser enviadas a cobro judicial. A lo largo de estos meses de intervención, la voluntad de la Junta ha sido negociar con las diversas cooperativas readecuaciones o arreglos de pago, toda vez que el envío a cobro judicial representa, históricamente, el cierre del negocio asociativo y la afectación de decenas de personas, muchas de bajos recursos económicos.
Por ende, resulta llamativo que los reportajes de La Nación destaquen a cuatro entidades y no reparen en un esfuerzo más integral, encauzado a proteger los recursos públicos, así como a los beneficiarios del modelo cooperativo. Tal enfoque enloda el proceso de intervención, justo cuando vencían las medidas cautelares de la llamada por la Fiscalía “red criminal”, potencial responsable de irregularidades como las que aquí nos ocupan.
Con las entidades cooperativas CCH R.L., La Catalina R.L. y Unicoop R. L. se emprendió una intensa negociación que tuvo como logro el abono de ¢24 millones en total por parte de las dos primeras. Luego de no llegar a un arreglo satisfactorio, las tres entidades fueron enviadas a cobro judicial, junto con otras nueve cooperativas en similares condiciones.
El Grupo Empresarial de Servicios Educativos (Gecse R.L.), que administra una universidad cooperativa con cerca de 700 estudiantes, fue enviado a cobro el pasado 2 de noviembre, luego de intensas negociaciones previas.
Los esfuerzos de negociación han sido necesarios a la luz del desorden prevaleciente. Por ejemplo, algunas pasaban de una tasa del 3 % en su operación crediticia a un 14 %. Reconocer que eso es gravoso para cualquier empresa es algo de simple sentido común.
Otra prueba de que el cobro judicial era usado como arma política por la anterior administración del Infocoop es que, pocos días antes de la intervención, se remitieron a cobro los entes cooperativos articulados con Cenecoop R. L., y no a otras diez organizaciones más, muchas de las cuales contabilizaban el doble de días de atraso, y por lógica y tiempo era menester su envío primero.
En estos meses de intervención, los hallazgos en materia de cobro judicial son abrumadores, con entidades cooperativas que superaban los 500 y hasta 800 días de retraso, sin que la Auditoría Interna y la anterior administración lo advirtieran. Por ello, la Junta Interventora ordenó la confección de un plan integral para atender todas las falencias y buscar soluciones dignas de una institución de fomento, con visión social y adecuada recuperación de las finanzas públicas.
El proceso de Intervención ha sido, es y seguirá siendo transparente y lejano a los privilegios y prebendas del pasado. Sin incurrir en valoraciones políticas y usando criterios objetivos, a lo largo de ocho meses hemos enviado a cobro judicial a diversas entidades, algunas de las cuales están vinculadas con la supuesta “red criminal”, lo cual afecta intereses económicos muy específicos. Esa y otras acciones de auditoría forense e investigación tienen muy preocupados a quienes ahora buscan empañar el proceso, con el fin de que no lleguemos a buen puerto en cuanto a la ética pública y la modernización del Infocoop, como lo ordena el decreto de intervención 40214-MP-MTSS.
Nuestros detractores, que están dentro y fuera del Infocoop, no han encontrado motivos suficientes para señalarnos, y entonces construyen vínculos ficticios con personas del mundo de la política, cuya incidencia es nula dentro de la nueva institucionalidad. Lamentablemente, su voz encuentra eco en sectores de la prensa y la política, quienes, al reproducir su discurso, contribuyen con aquellos que están seriamente cuestionados en los estrados judiciales, donde las pruebas aportadas son indiscutibles.
Hoy la intervención del Infocoop demuestra que es un modelo a seguir en lo referente a la lucha contra la corrupción y los malos manejos del sector público. Lograremos que el Instituto retome su naturaleza de fomento mediante proyectos innovadores como la incubación de empresas, el crédito a sectores vulnerables, la medición del riesgo, la inteligencia de mercados, el abordaje regional y sectorial, entre otros desafíos.
La Junta Interventora ha asumido el reto con gran estatura moral y decidido rigor técnico. Estamos erradicando los vicios del pasado y consolidando una organización autosostenible y sana, en favor de todos los costarricenses.
Luis Felipe Arauz Cavallini, coordinador de la Junta Interventora del Infocoop.