Plantear el tema de la depresión y el suicidio, particularmente en personas jóvenes, es presentar la punta de un iceberg de diversas problemáticas que afectan a esta población y que histórica e irresponsablemente han sido abandonadas por el Estado.
Cuando se realizó el censo 2011 en la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños, hicimos una revisión del perfil epidemiológico de personas de 10 a 25 años, que abarcaba el periodo 2007-2011, y encontramos, entre otros, los siguientes hallazgos: en el caso de suicidios de 10 a 19 años, hubo 149, y de 20 a 25 años, un total de 231; en el caso de muertes por accidentes de tránsito, de 10 a 19 años hubo 337, y de 20 a 25 años, un total de 447; y víctimas de homicidio de 10 a 19 años, hubo 208, y de 20 a 25 años, 280 personas.
En estos tres ejemplos, las cifras de víctimas son significativas y se evidencia cómo problemáticas desatendidas en la etapa adolescente (10 a 20 años) aumentan significativamente de 20 a 25 años. Lo anterior hace que, si planteamos estrategias de promoción, prevención y atención, estas deben ir dirigidas ya no solo a adolescentes sino también a jóvenes, al menos hasta los 25 años.
Los datos del 2013 de suicidios, publicados en La Nación , muestran cómo la situación en gente joven se deteriora: un 34,8% de los suicidios ocurren en personas de entre 15 y 24 años, y de acuerdo a nuestra información, el 40% del total de suicidios se da en personas menores de 30 años, etapa de la vida en donde, se espera, se está consolidando un proyecto de vida viable.
Particularmente en el caso del bullying , en la misma información se hace referencia a que siete jóvenes se suicidaron por esta causa. En una investigación reciente de nuestra clínica, se detectó un 22% de personas víctimas de bullying, en una muestra de 3.337 estudiantes de secundaria.
En general, las estadísticas en salud muestran que la depresión es la principal enfermedad que afecta a adolescentes y jóvenes, y que al menos un 20% de los adolescentes experimenta un episodio de depresión mayor antes de los 18 años.
Desigualdad. Relacionado directamente con esta situación, en el país se ha dado un deterioro de las condiciones sociales, siendo el mayor exponente el aumento de la desigualdad, documentado en el crecimiento del coeficiente de Gini. Del 2001 al 2011, fuimos el único país en América Latina en que este coeficiente creció.
No es por esto casual que lo que conocemos como “morbilidad social” crezca: depresión, suicidio, homicidio, accidentes de tránsito (conducción temeraria/suicidio), drogadicción, anorexia y bulimia, embarazo adolescente, expulsión escolar, delincuencia juvenil, entre otros.
Ante esta realidad, el Estado se muestra incompetente: políticas públicas que no revierten la pobreza (un 45% de los pobres son niños y adolescentes); un 43% de los niños discapacitados son también pobres; solo el 5% de la población de 2 a 7 años y un 30% de las personas en pobreza menores de edad reciben servicios de CEN-Cinai.
Aunado a lo anterior, la precariedad en el empleo para las personas jóvenes empeora el panorama, más aún si consideramos el desempleo de este sector, que es aproximadamente 2,5 veces mayor al de la población general y en donde un joven varón tiene 2,7 veces y una joven 4,9 veces más probabilidad de estar desempleada en comparación a un adulto de 35 años.
Cambios necesarios. Ante este panorama urgen medidas. En primer lugar, Salud tiene una responsabilidad de generar alternativas de promoción, prevención y creación de servicios diferenciados, amigables y efectivos, para las personas adolescentes y jóvenes; posponer aún más tiempo esta estrategia es irresponsable. El sector de educación debe revisar nuevos modelos para la contención de adolescentes y fortalecer los que han demostrado ser efectivos para ello, más allá de matemáticas, informática y otro idioma, y en donde el arte y el deporte jueguen un papel central.
El Estado tiene una deuda con el Patronato Nacional de la Infancia. Al menos debería ajustarlo anualmente, hasta hacer efectivo que reciba un 7% del impuesto sobre la renta, que por ley le corresponde (actualmente no llega al 2%).
El Ministerio de Trabajo debería estar abocado al problema del empleo juvenil y desde ya aliarse con el sector privado y otras instituciones públicas para generar opciones de capacitación e incorporación al mundo de trabajo de esta población.
Solo a través de un diálogo nacional se podrá abordar esta problemática compleja de manera sostenible; sin embargo, ya existen cuadros de personas adultas y jóvenes en muchas instituciones que podrían estar aportando al cambio, si la voluntad y el apoyo político se dan.