Al regreso de una visita a Ecuador, invitado por el presidente Sixto Durán Ballén y por una prestigiosa universidad de Guayaquil, me recibe la noticia de que en mi ausencia tuvo lugar una reunión del presidente Figueres con los expresidentes Trejos, Carazo, Monge y Calderón, con el propósito de conversar sobre temas de interés nacional. Es una noticia alentadora, que revela el renacimiento de una tradición de diálogo de la que el pueblo de Costa Rica ha derivado grandes beneficios.
El país debe adoptar importantes reformas institucionales que nos permitan insertarnos exitosamente en el complejo espacio de la economía mundial y, al mismo tiempo, asegurar la sostenibilidad de nuestras conquistas democráticas y continuar la lucha contra las injusticias provocadas por la desigualdad. Esas necesarias reformas deberán materializarse en una legislación en cuyo trámite la democracia costarricense se someterá a pruebas que, como en el caso de la revisión de las leyes de pensiones, pueden ser traumáticas. Al Gobierno, a los legisladores y a todas las organizaciones de la sociedad civil les corresponde renovar sus formas de acción política, respetando siempre la tradición costarricense del diálogo, la solidaridad y el rechazo de la violencia. Ha de prevalecer, además, un absoluto apego a la Constitución en la que se enmarcan las potestades, las obligaciones y los derechos de ciudadanos, legisladores y gobernantes.
Los regímenes de pensiones a cargo del Estado se han vuelto insostenibles y encierran grandes injusticias y privilegios. La peor injusticia de todas es el hecho de que la mitad de los costarricenses no disfrutan siquiera de la garantía de una pensión básica por vejez o por invalidez.
Es necesario revisar todos esos regímenes y no solamente el de Pensiones del Magisterio. Es injusto que se afecte solo a los maestros y profesores, por lo general, gente humilde sometida al sacrifico de sueldos insuficientes. Urge legislar para que todos los costarricenses tengan asegurada una pensión básica, digna, financiada solidariamente por la colectividad. Es imprescindible imponer fuertes deducciones a las pensiones de lujo acordadas en abierta violación de los más elementales principios de justicia y equidad. Por otra parte, debe estimularse la proliferación de sistemas de pensiones privados, similares a los ya establecidos por algunas instituciones y empresas. Como lo han señalado distinguidos especialistas costarricenses, las reservas de las pensiones privadas constituirán un saludable mecanismo de ahorro nacional y, canalizadas al financiamiento de proyectos de inversión a largo plazo, contribuirán decisivamente al crecimiento económico del país.
El sistema democrático no se sostiene únicamente sobre la base de los partidos políticos. La democracia se nutre también de las acciones y del pensamiento surgidos de la sociedad civil, encamada en las agrupaciones independientes de ciudadanos, llámense estas sindicatos, cámaras, asociaciones, organizaciones no gubernamentales o gobiernos municipales, como sería si las comunidades disfrutaran de la autonomía financiera que mi administración quiso darles al proponer la reforma del artículo 170 de la Constitución. No es conveniente para la democracia que se desconozca a las organizaciones sindicales como legítimas expresiones de los intereses y las aspiraciones de los trabajadores. En el pasado, otros grupos de presión más poderosos han logrado grandes beneficios económicos a costa del resto de la sociedad, sin que se levantara un clamor al cielo por el incremento de la iniquidad que eso significó.
Hace casi treinta años sostuve, en el libro Grupos de Presión en Costa Rica, la necesidad de que existan en nuestro país partidos políticos permanentes, con una visión clara de la Costa Rica que queremos construir para el futuro. Señalaba que, en una sociedad carente de la fortaleza que brindan los partidos políticos basados en sólidos principios, los legisladores son presa fácil de los grupos de presión, sobre todo de los más poderosos. Está bien que se haya iniciado una revisión de los regímenes de pensiones. Sin embargo, es de esperar que esta revisión sea tan profunda y tan completa como se requiera para que --por encima de las presiones que pudieran surgir-- no haya excepción ni excusa a fin de lograr la equidad y la justicia.
El 26 de abril de este año, en una conferencia impartida en el Teatro Nacional, insistí en que la única vía para sacar a Costa Rica de las crisis actuales pasa por el diálogo y la concertación entre el gobierno y la oposición. Bajo el lema de que "se requiere más valor por coincidir que para discrepar", apelé a la responsabilidad de los dirigentes políticos para que se dispusieran a negociar, y afirmé que la palabra negociar no debe producir deconfianza, pues en una democracia toda negociación se hace siempre con las cartas sobre la mesa, de manera transparente. Por esa razón, al igual que Costa Rica entera, vi con simpatía el gesto del presidente Figueres y del expresidente Calderón de sentarse a dialogar. Tal disposición para el diálogo me pareció un signo de humildad y patriotismo digno de aplauso. Sin embargo, riñe con la tradición democrática costarricense el que, como consecuencia del acuerdo Figueres-Calderón, se pretenda aprobar leyes trascendentales sin la debida deliberación parlamentaria. Si está mal dejar para las calendas griegas la aprobación de leyes urgentes para el desarrollo del país, también es inconveniente pretender que se aprueben a golpe de tambor.
Para que el acuerdo Figueres-Calderón dé resultados óptimos, deben concertarse y hacerse públicos una agenda y un calendario precisos que ofrezcan a todos los sectores de la sociedad un ambiente de certidumbre, confianza y claridad. Señalé en aquella conferencia que, con el fin de hacer compatibles la urgencia de las medidas por tomarse con la necesidad de que haya una adecuada deliberación parlamentaria, debe reformarse de inmediato el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa para que los diputados establezcan fechas límites a la votación de cada proyecto, como ocurre en los parlamentos de casi todas las democracias. De esa manera, se logrará una deseable celeridad legislativa sin afectar la transparencia democrática.
En esa misma oportunidad sugerí que había llegado la hora de iniciar un debate nacional que le permita a nuestro pueblo señalar cómo es la Costa Rica que queremos para el siglo XXI, cuáles son nuestros grandes problemas y con qué prioridad se deben resolver.
Iniciemos, pues, ese debate. Que sea serio, intenso, transparente y tan breve como lo exigen las circunstancias. Podríamos comenzar, por ejemplo, discutiendo la conveniencia o inconveniencia de abolir algunos de los monopolios estatales o de privatizar ciertos servicios que hoy presta el Estado, con el fin de disminuir la deuda pública interna del Gobierno y del Banco Central, lo que permitirá liberar parte de los cientos de millones de colones que hoy se destinan al pago de intereses de esa deuda y canalizarlos hacia proyectos para atenuar la brecha social.
Al definir la agenda del gran debate nacional no es necesario escarbar muy hondo para encontrar los temas más importantes. Es deplorable que no se hayan debatido ampliamente, tanto en el ámbito nacional como en el legislativo, las reformas constituciones que, bajo el título de "Garantías Económicas", se aprobaron el viernes 28 de julio, atropelladamente y a espaldas del pueblo de Costa Rica.
Por ser contrario a la tradición costarricense e irrespetuoso de la democracia, es criticable el que se haya puesto a los diputados a votar reformas de tanta trascendencia sin haberles dado el tiempo necesario para conocerlas. Es un inaudito atentado contra la dignidad del Parlamento y un irrespeto al pueblo de Costa Rica.
Podríamos estar de acuerdo con la pertinencia de todas o algunas de las reformas, pero no podemos aceptar el procedimiento empleado. El fin no justifica los medios.