En las últimas dos décadas, nuestro país ha dado una amplia tutela de los derechos de las personas con discapacidad. Indicadores de ello son la promulgación de la Ley 7600, la Ley de Autonomía Personal, la ratificación de dos convenciones internacionales de derechos humanos, adecuado marco normativo validado permanentemente por la jurisprudencia de la Sala Constitucional y las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes.
No obstante, en su efectiva aplicación, persisten problemas estructurales y debilidades institucionales caracterizados por desconocimiento, invisibilización y limitada o nula respuesta a las legítimas demandas. El resultado esperable no puede ser otro que bajos niveles de educación, desempleo, pobreza y desigualdad política para las personas con discapacidad, propios de un sistema disfuncional y excluyente.
En cuanto al proceso electoral, pluralismo y partidos políticos, el Tribunal Supremo de Elecciones ha tomado medidas para eliminar barreras de acceso al sistema electoral, así como para favorecer el derecho de expresión de las personas con discapacidad.
Si bien se crea un partido político temático, con el cual la mayoría de las personas con discapacidad no se sienten dignamente representadas y profundiza el segregacionismo, lo cierto es que la discapacidad no es un eje transversal en la agenda programática y en la acción política de todos los partidos.
Esto se evidencia porque no se designan candidatos con discapacidad en sus nóminas de elección popular y aún no se legisla con la visión del modelo social de la discapacidad y su enfoque en derechos humanos.
Qué hacer. Ante este panorama de estricta naturaleza política, qué puede hacer la democracia costarricense. Que los partidos políticos, o al menos sus liderazgos personales, conscientemente establezcan una política de igualdad de oportunidades y tomen medidas afirmativas que permitan una efectiva participación política sin discriminación, a escala nacional y local. Que los partidos instituyan una secretaría de asuntos de poblaciones que viven en condiciones de exclusión social, no solo discapacidad, impulsando la incorporación del enfoque de derechos humanos en su plataforma programática, y así promover legislación, políticas públicas y estrategias nacionales incluyentes. Que el nuevo paradigma en discapacidad sea efectivamente incluido en la programación, presupuesto y la agenda legislativa. Que se actúe en capacitación de partidos, instituciones públicas y municipalidades, así como en los planes de gobierno y los distintos niveles de planificación y en el reforzamiento de políticas públicas inclusivas.
Finalmente, para mejorar sustancialmente la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en lo público, aún muy limitada por la existencia de barreras de toda índole, que le imponen el entorno actitudinal, material y político, así como por la falta de recursos, estrategias y mejor organización para una mayor incidencia política, debe incrementarse el apoyo del Estado para favorecer, con presupuesto, logística, capacitación e información una representación política diversa y más articulada de sus intereses con los partidos y liderazgos políticos y la acción gubernamental e institucional.
En conclusión, para el verdadero ejercicio de los derechos humanos y las obligaciones ciudadanas de las personas con discapacidad en democracia, se debe cumplir la legislación, se necesita mayor apertura de espacios de participación en los procesos de toma de decisiones a escala nacional y local, así como el fortalecimiento de sus capacidades políticas autónomas, lo que implica exigir derechos, participación responsable e informada, estricto control ciudadano sobre la acción pública y privada en discapacidad y transparente, oportuna y fundamentada rendición de cuentas de los gobernantes.
El autor es politólogo.